La fiscalía federal presentó este miércoles una extensa acusación de 44 páginas contra exfuncionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló y contratistas del gobierno, que incluye a la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela “Angie” Dávila, los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet, así como las hermanas Glenda E. Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza.

La acusación detalla tres esquemas que involucraba a la compañía BDO, el DE y ASES, usando fondos federales para enriquecerse ilícitamente. La acusación incluye copias de documentos y hasta intercambios de mensajes entre los acusados.

Los cargos radicados por la fiscalía federal contra los arrestados por el esquema de corrupción son los siguientes:

Julia Keleher: siete cargos, uno de conspiración para cometer fraude electrónico, cinco de fraude electrónico, uno de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos.

Ángela “Angie” Dávila Marrero: cinco cargos, uno de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, cuatro de fraude electrónico.

Alberto Velázquez Piñol: 18 cargos, dos de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, 10 de fraude electrónico, uno de conspiración para lavado de dinero, cinco cargos de participar de transacciones monetarias con propiedad derivada de actividades ilegales específicas.

Fernando Scherrer Caillet: siete cargos, dos de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, cuatro de fraude electrónico, uno de conspiración para lavado de dinero.

Glenda E. Ponce Mendoza: ocho cargos, uno de conspiración para cometer fraude electrónico, siete de fraude electrónico.

Mayra Ponce Mendoza: seis cargos, uno de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco de fraude electrónico.

Uno de los esquemas, en el DE involucró a Keleher y las hermanas Ponce Mendoza. Según lee la acusación, “conspiraron y se pusieron de acuerdo, a sabiendas y por su propia voluntad, para cometer delitos contra los Estados Unidos, armando un esquema para defraudar y obtener dinero y propiedades a través de promesas y premisas falsas y fraudulentas, y al hacer esto, transmitieron y provocaron que se transmitieran mensajes y comunicaciones electrónicas a través de vías de comercio interestatal y extranjero, cuyo propósito era ejecutar el esquema de fraude”.

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Glenda E. Ponce Mendoza, detalla la acusación, se presentaba como asistente especial de la secretaria de Educación, si bien no era empleada ni tenía contrato con el DE. Glenda llevó a cabo servicios profesionales como consultora entre marzo y junio de 2017. Glenda era parte de la corporación Colón & Ponce, de la que su hermana Mayra Ponce Mendoza fungía como oficial corporativa y propietaria. La compañía recibió información y ayuda privilegiada, y recibió contratos a pesar que se había señalado como que no estaba cualificada para darlos. Este esquema involucró cientos de miles de dólares.

Los otros dos esquemas, son similares, uno en el DE y el otro en ASES, pero usando a la compañía BDO, que entregaba comisiones a cambio de los contratos que lograba en ambas agencias luego de recibir información y ayuda privilegiada. Estos esquemas involucraron decenas de millones de dólares.

Curiosamente, en la acusación se revela que los implicados en el esquema “usaban aplicaciones de mensaje, incluyendo Telegram, una aplicación de mensajes encriptados que puede ser programada para que sus mensajes se autodestruyan. Esa aplicación fue usada con frecuencia para llevar a cabo actividades de gobierno oficiales”. Una serie de intercambio de mensajes en Telegram entre el gobernador Ricardo Rosselló y algunos de sus principales funcionarios y allegados es desde ayer objeto de otra controversia.

Si bien no lo mencionan directamente por nombre a nadie, en una parte de la acusación que habla de Keleher se involucra a “el individuo E, su exdirector de campaña gubernamental”. Si bien hubo seis candidatos a la gobernación, se sabe que las relaciones cercanas de Keleher con un candidato a gobernación eran con el actual gobernador Ricardo Rosselló, cuyo director de campaña era Elías Sánchez.

La jefa de la fiscalía federal en la Isla, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez indicó que si bien no se opondrían a que se le otorgue fianza a los acusados, se asegurarían que se impongan condiciones bastante severas, pues algunos cuentan con suficientes medios económicos como para poder intentar huir.

La acusación también incluye una alegación de confiscación que incluye un apartamento en el condominio Las Olas, ubicado en la avenida Ashford, en Condado.