Con el testimonio de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones, Ruben Marchand y Rafael Díaz Berríos, arranca mañana martes la segunda semana del juicio que se sigue contra Pablo Casellas Toro por la muerte de su esposa Carmen Paredes Cintrón ocurrida el 14 de julio de 2012.

Ambos agentes federales ofrecerán detalles del supuesto "carjacking" que sufrió Casellas Toro la mañana del 17 de junio de 2012 cuando alega que iba rumbo al Club Metropolitano de Tiro, en Toa Baja, así como de los registros y de la evidencia incautada en el vehículo del corredor de seguros.

Díaz Berríos visitó el lugar donde apareció la camioneta Acura en un terreno cercano al Club de Tiro, según trascendió en una vista de supresión de evidencia previo al juicio.

Según la teoría del Ministerio Público, representado por los fiscales Rubio Paredes, Janet Parra Mercado y Phoebe Isales Forsythe, el acusado planificó y asesinó a su esposa. Como parte de esa alegada planificación fingió el "carjacking" para reportar como robada el arma homicida.

El desfile de evidencia inició el martes pasado en la sala 706 del juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón cuando el magistrado leyó al jurado, compuesto por seis mujeres y seis hombres, unas estipulaciones sobre datos generales del caso.

Los datos estipulados son evidencia que no está en controversia entre los abogados Harry Padilla Martínez, Juan Ramón Acevedo Cruz, Arturo Negrón García y Francisco Rebollo Casalduc y el Ministerio Público.

Las partes, además, estipularon los testimonios de Joseph Paredes, quien identificó el cuerpo de su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses, de José Luis Pérez, un vecino que vio al acusado caminar hacia su Mercedes Benz gris en el centro comercial de Torrimar cercano a su casa entre 9:00 a.m. y 9:30 a.m., y de la hija mayor de la víctima. La joven, que en ese momento tenía 17 años, recibió un mensaje de texto de su mamá a eso de las 8:55 a.m.

Cuando se estipulan testimonios, los testigos no se sientan a declarar frente al jurado. En ese caso, el juez Ramírez Lluch leyó la declaración jurada de la joven y en el caso de Joseph resumió su intervención en el caso.

La primera testigo en sentarse fue Aracelis Cintrón Vázquez, madre de la víctima.

Llorosa y con voz apagada, la mujer declaró sobre el momento en que recibió la llamada del juez federal Salvador Casellas Moreno informándole de la muerte de su única hija.

También mencionó que la pareja enfrentaba problemas y que en un momento dado, había surgido el tema del divorcio.

Como parte del proceso, vecinos y compañeros de trabajo de la víctima, describieron al acusado como un hombre informal, que solía caminar descalzo.

"En ocasiones, para mi percepción, expedía olor a alcohol", afirmó la comerciante María Guevara, vecina del matrimonio Casellas-Paredes.

El director del Club Metropolitano de Tiro, Francisco González, declaró que el 17 de junio, Día de los Padres y día en que ocurrió el supuesto “carjacking” de Casellas Toro, la instalación estaba cerrada.

González afirmó que para esa fecha en el club solo había facilidades para disparar escopetas, pero reconoció que en el lugar también se disparaban armas cortas a pesar de que no estaba permitido su uso y que a veces el acusado estaba todo el domingo en el club.

Pero el viernes, dos vecinas de Casellas Toro ofrecieron testimonios incongruentes sobre la hora y la cantidad de disparos que se escucharon la mañana del 14 de julio, en la urbanización Tierralta III de Guaynabo, cuando el acusado supuestamente descubrió el cuerpo de su esposa en el área de la piscina de su residencia.

Mientras, un empleado del Municipio de Bayamón, que se encontraba en área recreativa aledaña a la casa del acusado a la hora en que las vecinas aseguraron escuchar los disparos, testificó que no escuchó detonaciones.

También ubicó al acusado fuera del complejo de vivienda durante los disparos.

En cuatro días de desfile de evidencia, los Fiscales sentaron a 14 testigos. Tenían 68 candidatos a testificar, pero luego de las estipulaciones anticiparon que sentarían a declarar a unas 36 personas.

Así las cosas, el proceso se reanuda mañana a las 9:00 a.m.

Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y por ofrecer una declaración falsa de un delito.

Solo por el cargo de asesinato se expone a una pena de cárcel de 99 años.