A dos semanas del juicio en su fondo contra Pablo Casellas Toro, acusado por la muerte de su esposa Carmen Paredes Cintrón, el proceso parece entrar en su clímax tras los testimonios de 22 testigos y la renuncia de la declaración de otros 20 testigos.

Esto se traduce en que al Ministerio Público le quedan 23 potenciales testigos y menos de la mitad de su prueba por desfilar en el juicio por jurado, que se celebra en el Tribunal de Bayamón.

Ayer, los fiscales Sergio Rubio Paredes, Phoebe Isales Forsythe y Janet Parra Mercado informaron al juez José Ramírez Lluch la renuncia de seis testigos, que pusieron a disposición de la defensa del corredor de seguros.

Hoy, durante una breve vista ante el magistrado, los fiscales informaron la renuncia de otros 14 testigos, que también quedaron a la disposición de los abogados defensores.

Ayer y hoy, los abogados Harry Padilla Martínez, Juan Ramón Acevedo Cruz, Arturo Negrón García y Francisco Rebollo Casalduc, entrevistaron a 14 de esos testigos.

Entre los testigos renunciados, hay policías como el agente Luis Alicea quien custodió un arma que estaba sobre el auto Mercedes Benz gris del acusado.

No obstante, entre los renunciados, no se incluyó el nombre del juez Salvador Casellas, quien figura en la lista de testigos.

En la gran mayoría de los casos, el Ministerio Público renuncia a testigos, que significa que no los sentará a declarar, porque constituyen prueba acumulativa o porque lo que pretendía probar ya se probó con otro testigo o con una estipulación.

 Los fiscales contaban con una lista de 68 testigos de cargo, pero antes del desfile de prueba y después de la estipulación de los testimonios de la hija mayor del acusado, el hermano de la víctima Joseph Paredes y de un vecino, anticiparon que solo sentarían a unos 36.

La prueba

El Ministerio Público inició la presentación de su prueba con el testimonio de Aracelis Cintrón Vázquez, madre de la víctima, quien narró el momento en que se enteró de la muerte de su única hija y mencionó que la pareja había hablado de divorcio.

Siguieron dos compañeros de trabajo de la ejecutiva de ventas y mercadeo de una compañía de seguros, quienes también indicaron que la pareja enfrentaba problemas.

En segundo lugar, los fiscales enfilaron su esfuerzo a tratar de demostrar que el acusado fingió ser víctima de un carjacking, que reportó la mañana del 17 de junio de 2012.

Los agentes estatales que atendieron la querella del carjacking declararon que Casellas Toro ofreció diversas versiones de lo que ocurrió ese Día de los Padres.

También indicaron que el relato de Casellas Toro no se ajustaba a la realidad encontrada en el Club Metropolitano de Tiro, donde ocurrió el supuesto carjacking y que estaba cerrado el día del supuesto hurto de su vehículo.

Los agentes federales, por su parte, ofrecieron detalles de los hallazgos que descubrieron al analizar la guagua Acura que el acusado manejaba ese día.

Pero ninguno de los agentes federales y estatales afirmó categóricamente que el carjacking fue un montaje.

Según la teoría de fiscalía, Casellas Toro fingió el carjacking para reportar como hurtada el arma que eventualmente usó para asesinar a su esposa.

Como tercer paso, el Ministerio Público trató de desarmar la coartada del acusado sentando a los vecinos de la urbanización Tierralta III, en Guaynabo, que escucharon detonaciones la mañana del 14 de julio de 2012.

Casellas Toro indicó a las autoridades que encontró a su esposa muerta ese día, luego de regresar de la casa de su padre.

Pero los testigos entraron en contradicciones sobre la hora y la cantidad de disparos que escucharon esa mañana.

Un empleado municipal, que se encontraba en el vecindario esa mañana, ubicó al acusado fuera del lugar durante el horario en que algunos vecinos dijeron que escucharon los disparos.

Entonces empezó el desfile de prueba relacionado al asesinato con los testimonios de los primeros agentes municipales y estatales que acudieron a la escena. Pero este proceso quedó pendiente debido a la laringitis de la investigadora forense Giselle Rivera, cuyas palabras no se escuchaban en sala.

La funcionaria, que entrará en los hallazgos de la escena del crimen, ocupará el asiento de los testigos el próximo 27 de diciembre cuando continúa el desfile de prueba luego del receso de Navidad.

Así las cosas, faltan por testificar la patóloga Rosa Rodríguez y los agentes investigadores del caso, Abiel Soto y Carlos Ríos Treviño, quienes deberían armar las piezas del rompecabezas.

Estrategia de la defensa

Los abogados defensores han tratado de sembrar la duda razonable en el transcurso del juicio.

Han subrayado las incongruencias entre los testimonios de los vecinos y llevaron a un testigo a establecer de forma clara que Casellas Toro no se encontraba en la urbanización en el momento en que los vecinos narraron haber escuchado los tiros que cegaron la vida de Paredes Cintrón.

También lograron que una agente municipal aceptara que los dientes de tiburón en la verja del área del gazebo, cercano a la casa del acusado, estaban doblados justo en el punto donde el acusado indicó que salió el supuesto asaltante que vio salir de su casa.

 Además, puntualizaron en las contradicciones del testimonio de la agente municipal que afirmó que el juez Casellas instruyó a su hijo a no ofrecer información a las autoridades cuando llegaron a la casa a investigar el asesinato de su nuera, con el del agente estatal que indicó que el juez fue cooperador y que le indicó que su hijo había estado en su casa esa mañana.

Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y por ofrecer una declaración falsa de un delito.

Por el cargo de asesinato solamente se expone a una pena de cárcel de 99 años.