Para el próximo 18 de julio, la jueza Heidi D. Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo, aplazó la vista con antelación a juicio contra el feminicida Hermes Ávila Vázquez, de 52 años.

El sujeto está acusado por destrucción de pruebas portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y vehículo hurtado, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Se anticipó que el juicio en su fondo por Tribunal de Derecho, que es cuando el juez o la jueza juzga los hechos, comenzará el 19 de agosto a las 9:00 a.m.

El licenciado Alexis Alcaide, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), planteó en sala que restan documentos por ser entregados por el Ministerio Público como parte del descubrimiento de prueba y necesita tiempo para evaluarlos.

El 3 de junio, el juez Élix A. Morales Cubero determinó causa para juicio contra Ávila Vázquez tras renunciar a la vista preliminar.

El convicto fue acusado el 22 de abril, por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y reingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $4 millones.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Su cuerpo estaba semidesnudo, fue degollada y presentaba heridas en la cabeza.

Tras cometer los hechos, Ávila Vázquez, presuntamente se llevó el vehículo de la víctima, marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Esa noche, la víctima estaba en la fiesta de cumpleaños del dueño del negocio De Aquí Pa’ Donde y su victimario -que en ocasiones trabajaba con él- acudió también, pero no se conocían.

A pesar de que, desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo dejó en libertad mediante un pase extendido, el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales.

El confinado no cumplía con los requisitos de la ley y tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional, le permitieron que quedara en libertad.

El Departamento de Justicia conduce una investigación al respecto.