El juicio contra el exrepresentante Ramón L. Rodríguez Ruiz fue aplazado hasta el próximo 20 de abril, para dar tiempo a que el Tribunal Apelativo resuelva el recurso que fue presentado por la defensa reclamando que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no tendría jurisdicción para llevar el caso.

Rodríguez Ruiz enfrenta cargos por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, por un esquema que involucró a la entonces directora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez, quien se declaró culpable de 10 cargos en un proceso judicial separado.

La jueza Eloína Cancel explicó en sala que concedían el tiempo para esperar por la determinación del Tribunal de Apelaciones y, tras revisar los calendarios, citó a las partes para el 20 de abril.

“Nosotros radicamos un (recursos de) certiorari al Tribunal del Circuito de Apelaciones. El Tribunal del Circuito da un término a fiscalía para que responda. El término concedido fue de 10 días. No obstante, como hay un término apelativo de 30 (días) pues lo que se ha hecho es calendarizar los trabajos para el día 20 de abril”, explicó el representante legal del exlegislador, el licenciado Luis Pinto.

El abogado detalló que su recurso se trata de “un proceso interlocutorio donde nosotros estamos haciendo un alegato sobre la jurisdicción que mantiene, o que pretende mantener el FEI”.

Por su parte, los fiscales del PFEI Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés Ríos indicaron que esperaban que el recurso de la defensa no tuviera éxito, porque ese asunto de jurisdicción ya había sido planteado, y denegado, antes en el proceso, y porque el Tribunal Supremo ya emitió su fallo sobre ese tipo de controversia en un proceso anterior.

“El abogado de defensa radicó un escrito en el Apelativo relacionado a unos planteamientos de jurisdicción y nosotros estamos haciendo le escrito en oposición al certiorari que radicó él. La jueza pautó vista para el 20 de abril, para saber el estatus en relación a los escritos y la contestación del Apelativo. Y el 20 de abril, por la tarde, habrá jurado”, comentó el fiscal Núñez Corrada.

“Ya la cuestión de jurisdicción fue decidida ya por el Supremo en el caso de Melvin Colón Bonet, en términos que los términos de investigación que otorga el FEI para las investigaciones no son jurisdiccionales. Por tal razón, yo entiendo que los puntos de planteamiento de la defensa no son correctos”, abundó el fiscal.

El reclamo de la defensa de que el FEI no tiene jurisdicción en el caso, abundó la fiscal Sellés Ríos, “ya se planteó en (la vista de) Regla 6 (de determinación de causa para arresto), se planteó a nivel de vista preliminar, y de hecho fue al Apelativo. Ya un panel del Apelativo se expresó sobre ese asunto. Es la tercera vez que se plantea lo mismo. Lo único es que, pues, con el respeto y la deferencia que tiene el panel, pues ellos expidieron el recurso y nosotros estamos en espera de que se decida”.

“Y ya ese caso de Pueblo vs. Melvin Colón Bonet ya ha resuelto esta controversia. Además de que la presentación de las denuncias se hicieron dentro del término correspondiente en el ley. Así que por ninguna de las dos razones el caso debiera ser desestimado a estas alturas. Así que estamos ‘ready’ para ver el juicio por jurado”, agregó la fiscal.

Según explicaron tanto el abogado como los fiscales, lo que decida el Apelativo podría ser apelado por cualquiera de las partes ante el Tribunal Supremo.

El exlegislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) fue expulsado del Cámara de Representantes en febrero de 2018, luego de que se desatara el escándalo del esquema de corrupción por el que, a través de unas organizaciones sin fines de lucro falsas, se apropiarían de dinero del fisco a través de resoluciones legislativas.