El juicio contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Sandra Torres López, quedó señalado para el 23 de febrero del próximo año mientras se espera que el Tribunal de Apelaciones (TA) determine si ordena se le entregue a la defensa documentos que el Fiscal Especial Independiente (FEI) se negó a proveerle bajo el argumento que son confidenciales e impertinentes para el caso.

Carmen Quiñones Nuñez, abogada de la exfuncionaria de gobierno, solicita en el certiorari radicado el pasado 8 de diciembre que, como parte del descubrimiento de prueba, se les ordene a los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Juan Catalá Suárez y Leticia Pabón Ortiz que entreguen el expediente del Departamento de Justicia de este caso y el expediente del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

De esos expedientes, Quiñones Núñez solicita particularmente documentos concernientes a las extensiones de término que requirieron los fiscales asignados a este caso, incluyendo las hojas de trámite de entrega y recibido del expediente del Departamento de Justicia.

Según se desprende del documento de certiorari, con esos datos, la abogada pretende examinar asuntos jurisdiccionales y de cumplimiento con los términos.

También Quiñones Núñez, pide copia de los expedientes que Justicia refirió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) sobre los ahora testigos de cargo Katherine Erazo y Excel López Vélez, si es que son expedientes independientes al de Torres López.

Ambos testigos recibieron inmunidad de parte del FEI. Según ha informado la Opfei, originalmente Erazo sería acusada en este caso, pero luego los fiscales especiales pactaron con la contratista gubernamental un acuerdo a cambio de testificar contra Torres López.

La expresidenta de Telecomunicaciones está acusada de una infracción al Código Penal y dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al presuntamente desde su posición y en el espacio de trabajo promover la recaudación de fondos de campaña para el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Por otro lado, la defensa requiere información sobre la identidad y datos de contacto de un presunto testigo que según el FEI viajaría a Puerto Rico desde los Estados Unidos, y cuya cita de entrevista con los fiscales produjo una extensión del término concedido por el Panel a los fiscales antes de la determinación de causa para arresto, el 17 de junio de 2021.

Asimismo, Quiñones Núñez solicita se le informe el nombre, dirección y teléfono de las personas que presuntamente luego de la determinación de causa probable para arresto, se comunicaron con el FEI y que esa tramitación dio origen a una prórroga solicitada por el ministerio fiscal.

La defensa arguye que los nombres de esas personas “son relevantes ya que se empleó a estas personas como razón o pretexto para solicitar las prórrogas por lo que a la peticionaria (Torres López) le asiste el derecho de constatar que efectivamente fueron entrevistadas y se cumplieron los términos estatutarios referentes a la jurisdicción”.

Inicialmente esta información fue requerida por la abogada en la solicitud de decenas de documentos que requirió como parte del descubrimiento de prueba. Aunque entregaron otros, los fiscales especiales no pusieron a la disposición de la defensa estos documentos e información en particular bajo el argumento de que no eran descubribles por ser confidenciales y por “ausencia total de pertinencia” al caso de Torres López.

“La información sobre prórrogas guarda relación con otras informaciones, confidentes, personas y testigos potenciales sobre otros asuntos”, argumentó el FEI en su Contestación Oposición sobre Descubrimiento de Prueba.

Un argumento similar esbozó el FEI para negar el acceso al expediente del referido que hizo Justicia a la Opfei y a los nombres de las personas entrevistadas y que, presuntamente, motivaron las peticiones de prórrogas.

“La solicitud de la defensa es lo que nuestra jurisprudencia ha llamado una ‘expedición de pesca’”, argumentó el FEI.

Una orden del juez superior Aldo González Quesada, del 26 de octubre de 2021, inicialmente le dio razón a la defensa, pero el 15 de noviembre, el mismo juez enmendó su orden para declarar ha lugar la oposición de la Opfei. El asunto está ahora ante el TA, tribunal al que recurrió la defensa mediante certiorari. El FEI todavía no ha contestado, según refleja el expediente judicial.