Jueza se retira a deliberar en el caso contra Jensen Medina por el asesinato de Arellys Mercado
Antes de retirarse, la magistrada fue enfática en que evaluaría punto por punto la evidencia.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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A 26 meses del asesinato de Arellys Mercado Ríos, el caso contra Jensen Medina Cardona, sospechoso del crimen, quedó sometido hoy, jueves, ante la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Fajardo.
El Ministerio Público y la defensa presentaron esta mañana sus argumentos finales sobre por qué Medina Cardona debe ser declarado culpable o no culpable por el crimen que supuestamente ocurrió tras una discusión por un celular el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.
Posteriormente, la jueza se retiró a deliberar, proceso en el que corresponderá analizar la prueba pericial, testifical y documental antes de emitir un fallo. Antes de retirarse, la magistrada fue enfática en que evaluaría punto por punto la evidencia.
El fiscal Eduardo Beale comenzó su turno de argumentación narrando lo que sucedió horas antes del asesinato de Mercado Ríos. Luego, describió paso a paso los sucesos que trascendieron luego del crimen.
“El arma que se le ocupó a Jensen, mató a Arellys”, sostuvo el fiscal.
Antes de concluir su argumentación, el fiscal solicitó a la jueza que encuentre culpable a Medina Cardona por el asesinato de Mercado Ríos. “Lo último que escuchó Arellys antes de morir es que no sabía quién era Jensen. Puerto Rico sabe quién es Jensen y usted lo sabrá. Encuéntrelo como asesino”, expresó.
Por su parte, el abogado de defensa Jorge Gordon Menéndez inició su turno con la misma técnica que en sus contra interrogatorios: insistiendo en que la víctima y sus amistades consumieron alcohol “en grandes cantidades”.
Durante gran parte de su intervención, Gordon Menéndez no identificó a Medina Cardona, sino que se refería a la “persona sin camisa”. Esa fue la descripción que todos los testigos presenciales en el caso brindaron para identificar a Medina Cardona como asesino.
Una vez sometido el caso, los fiscales se confundieron en un abrazo con la familia de Arellys, presente en sala.
El acusado enfrenta tres cargos en su contra: uno por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas. De ser hallado culpable, Medina Cardona enfrentaría una pena máxima de 99 años en prisión.
La jueza González Rodríguez podría emitir su fallo hoy mismo, como también podría recesar los trabajos y emitir posteriormente una resolución donde haga constar su decisión.
El final del juicio se da en momentos en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante sí una moción de certiorari presentada por los abogados de defensa Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol, en la que solicitan un nuevo juicio para su cliente previo a un fallo del Tribunal de Primera Instancia.
Dicha petición, confirmaron abogados y expertos en derecho, no tiene precedentes en Puerto Rico.
De momento, el máximo foro judicial no se ha expresado sobre dicha moción y tampoco está claro si la determinación de la jueza González estaría condicionada a la resolución de la controversia incoada por los abogados en el Supremo.
Nitza Ríos, madre de Arellys, llegó hasta el Tribunal de Fajardo media hora antes de la hora pautada para reanudarse el juicio, con la esperanza de que finalmente se haga justicia en el asesinato de su hija.
Con la voz entrecortada, Ríos leyó parte de la primera carta que le escribió a su hija, el 11 de febrero de 2021.
“Hoy estamos aquí en el Tribunal de Fajardo, en pleno desarrollo del juicio, para confirmar quién fue tu asesino. Aunque tenemos conocimiento de quién fue, las leyes establecen que hay que llevar a cabo un juicio donde se establezca sin duda razonable quién te privó de tu vida. Tus amigos, familiares y yo estamos aquí por ti, y estaremos aquí hasta que se haga justicia”, leyó.
Medina Cardona enfrenta otro juicio paralelo a estos cargos por asesinato. El segundo proceso judicial comenzó este año y se trata de cargos imputados en su contra por mentirle al Estado tras alegadamente falsificar una licencia de conducir.
Este medio comprobó que la última licencia de conducir, validada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tuvo el acusado expiró en 2014.