La jueza Griselle Robles Ortiz, del Tribunal de Bayamón, emitió hoy, miércoles, un entredicho provisional contra los programas de televisión Dando Candela, de Telemundo y Lo sé todo, de WAPA TV, que les prohíbe divulgar información confidencial relacionada al juicio civil que se sigue contra Ana Cacho.

Esto significa que estos programas no podrán transmitir imágenes, ni ofrecer detalles del contenido de un documento confidencial que el telerreportero Leo Fernández, del programa de televisión Dando Candela, intentó mostrar a Cacho y a Ahmed Alí González durante el receso del mediodía.

Como parte de la orden, la jueza citó a Fernández y al telerreportero de Lo sé todo, Eliezer Ramos, a comparecer al juzgado para la celebración de una vista el próximo 16 de julio.

Robles Ortiz concedió la petición de entredicho a petición de los abogados del Departamento de la Familia (DF), del Departamento de Justicia, de Cacho y de González, quienes expresaron preocupación por el daño irreparable que podría causar a las partes involucradas en este caso, si trascendía públicamente la información confidencial que forma parte del expediente judicial.

Para informar el alcance de la orden recién emitida, la jueza Robles Ortiz invitó a este medio a entrar a la Sala 601, que está vedada al público durante el juicio civil, para ofrecer detalles de la directriz, que sería informada a los medios concernientes mediante teléfono y facsímil.

Robles Ortiz, quien es la jueza administradora del Tribunal de Bayamón y que solo atendió la petición de injuction, afirmó que el documento filtrado a la prensa contenía información que podía afectar a las menores involucradas en este caso.

Renuncia abogada del papá de Lorenzo 

Antes de la orden de entredicho, la jueza Wanda Cintrón Valentín aceptó la renuncia de la abogada María Juarbe, quien representa a González, padre del menor asesinado, Lorenzo González Cacho, en medio del juicio civil que se sigue contra Cacho por alegada negligencia y por el cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar con sus dos hijas, solicitado por el DF.

La licenciada María Sánchez Baño confirmó la baja.

"Eso es así", respondió a una pregunta sobre si ahora era la única abogada de González.

"No tengo comentario", agregó, por su parte, González sobre la renuncia de su abogada.

La ausencia de Juarbe durante el juicio civil había sido notable. Desde que el proceso se trasladó del Tribunal de Familia y Menores de Bayamón a la Sala 601 del Tribunal de Bayamón, la abogada solo se había presentado al salón de sesiones en una ocasión.

Durante la jornada de hoy, miércoles, la defensa de Cacho, compuesta por las abogadas Sharon González Maldonado, Brenda Berríos Morales y Carmen Vargas Medina, continuó el contrainterrogatorio a la trabajadora social Iralis de Jesús, quien comenzó a declarar el pasado lunes.

Este medio también supo que el DF intentó sin éxito -la semana pasada- paralizar el juicio civil en medio del testimonio de la trabajadora social.

Según una fuente judicial, la agencia sentó a declarar a de Jesús e intentó que divulgara el contenido de una conversación con el psiquiatra Serafín Orengo, quien ofreció tratamiento a las dos hijas de Cacho.

La defensa de la mujer, sin embargo, objetó que de Jesús entrara en el contenido de la conversación con el terapeuta, que no ha sido anunciado como testigo pericial.

Cintrón Valentín declaró ha lugar la objeción de la defensa, pero inconforme el DF acudió al Tribunal de Apelaciones, quien denegó la petición de paralización del juicio civil y rechazó revertir la determinación de la togada, de acuerdo a la fuente judicial.

Así las cosas, el juicio civil pausará hasta el lunes próximo cuando continuará declarando de Jesús. 

Luego de la muerte de Lorenzo, ocurrida el 9 de marzo de 2010, el DF solicitó y obtuvo la custodia de emergencia de las dos hijas de Cacho alegando que su bienestar emocional y su seguridad se encontraban en peligro inminente.

Inicialmente el DF ubicó a las dos menores en casa de un familiar de la mujer, pero posteriormente concedió la custodia física de la menores al padre.

En la marcha, el DF pidió que se le relevara de hacer esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus hijas de 11 y 18 años, como lo dispone la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La jueza Sonia del Toro concedió el relevó al DF, pero el Tribunal Supremo revocó esa determinación y ordenó la celebración del juicio civil que inició el pasado 25 de mayo.

Actualmente Cacho ostenta la patria potestad de las menores y sostiene relaciones filiares con sus hijas.

Un equipo de abogados, que incluye al licenciado Rafael García y a los procuradores Carlos Pérez, Vivian Acosta, María Berríos y Celia Molano Flores, representa al DF durante el juicio.

En el ámbito criminal, las autoridades han identificado a Cacho, Jesús Jenaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón como personas relevantes en la investigación de la muerte de Lorenzo, aunque -a cinco años del crimen- no han presentado cargos por el asesinato del niño de ocho años.