La jueza Rebecca de León, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó hoy, miércoles, la descalificación de Ricardo Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad por no cumplir con los requisitos de ley para ocupar el cargo.

Según la sentencia, el único gobernador electo que ha renunciado a su cargo “no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral” al momento en que fue electo por nominación directa en el proceso que se llevó a cabo el pasado 16 de mayo, “por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos”.

“Se declara ha lugar la querella del epígrafe. En consecuencia, se ordena la descalificación de Ricardo A. Rosselló Nevares como delegado congresional”, lee el documento judicial.

Asimismo, la juez manifestó que no creyó en el alegato presentado por Rosselló Nevares en el que expresó desconocer sobre la doble registración electoral: en Virginia y en Puerto Rico.

“Luego de haber escuchado al querellado y observado sus gestos y conducta no verbalizada, no damos crédito a su alegado desconocimiento sobre la doble registración electoral. Añádase que el querellado admitió que completó la solicitud de licencia y el formulario provee una opción para registrarse como elector en Virginia, lo que requirió de un acto afirmativo de este para quedar registrado. Como vemos las actuaciones del querellado contradicen su testimonio evasivo, vacilante y mendaz”, se desprende de la sentencia.

La participación de la ciudadanía en la elección especial de los cabilderos por la estadidad —que costó casi un millón de dólares— fue de un 3.92%. Según los datos oficiales, solo hubo 92,448 papeletas de un total de 2,358,923 personas que están inscritas para votar en el País.

Se espera que los cabilderos y cabilderas —Melinda Romero Donnelly, Zoraida Buxó Santiago, Elizabeth Torres Rodríguez, Roberto Lefranc Fortuño y María “Mayita” Meléndez Altieri— juramenten mañana, 1 de julio, en La Fortaleza, aunque ninguno de ellos ha sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Su salario ha sido objeto de debate, cobrarían $90,000 anuales con un tope de hasta $30,000 para gastos autorizados.

Además, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, solicitó ayer, martes, que el organismo electoral detenga el proceso de certificación de los candidatos a cabilderos por la estadidad. Su solicitud se basa en la necesidad de que los comisionados electorales de todos los partidos revisen los expedientes de los candidatos para confirmar que en efecto cumplen con los requisitos en ley.

“No recuerdo”

El pasado lunes, Rosselló Nevares fue el primer testigo en la vista en su contra y que duró más de seis horas. Contestó “no recuerdo” cuando se le preguntó bajo juramento si se había inscrito para votar en el estado de Virginia.

Asimismo, respondió que desde que renunció a la gobernación, en agosto del 2019 tras multitudinarias manifestaciones en su contra, no ha vuelto al País porque él y su familia recibieron amenazas.

Cuando se le cuestionó si el último domicilio que aparece en el registro electoral de la CEE era una casa ubicada en Villa Caparra, Guaynabo, el exmandatario respondió que se enteró de ello a través de la prensa.

“Mi contestación es que, a mi entender, no me consta. Lo vi dilucidado en los medios. Vi que salió eso como si fuera domicilio electoral”, sostuvo Rosselló Nevares.

El exgobernador, que compareció a la vista de manera virtual, se le observaba molesto, incómodo, serio y evasivo. De hecho, fue necesario que la jueza llamara su atención para que contestara.

Entretanto, la abogada de Rosselló Nevares, Roxanna Soto Aguilú, y uno de los abogados del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rosario Cortés presentaban objeciones a las preguntas que en su gran mayoría fueron declaradas “no ha lugar” por De León.

Ambos abogados cuestionaron la pertinencia de las preguntas y el que Rosselló Nevares no fuese anunciado previo a la vista como testigo.

“No es sorpresiva que una parte sea interrogada. Adelante. Recuerden que el fin del tribunal es conseguir la verdad, que lleguemos a la verdad del proceso”, sostuvo la jueza para dejar a un lado las objeciones de los dos abogados, particularmente de Rosario Cortés, quien fuera secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Rosselló Nevares.