Tras una orden directa del tribunal, la ahora jueza Liza Fernández compareció finalmente ayer a una deposición a la que había estado sacándole el cuerpo, como parte de una demanda por difamación, daños y perjuicios que enfrenta.

Fernández llegó quince minutos tarde a la cita, y estuvo acompañada de su esposo, el ex legislador Ángel Pérez. A su salida, se mostró tranquila.

Aunque no hizo expresiones verbales, porque su abogado Héctor Ferrer no se lo permitió citando cánones de ética, asintió con la cabeza cuando se le preguntó si se sentía feliz con su nuevo empleo. A la Legislatura no la extraña.

Ferrer dijo que presentará una moción pidiendo la desestimación de la demanda.

Para entender el pleito contra Fernández hay que remontarse al 2008, cuando Milagros Dávila Santana, una empleada del Centro Más Salud de Puerto Nuevo, demandó por daños al entonces alcalde de San Juan Jorge Santini, tras descubrir un alegado patrón de robo de horas extras y no se hizo nada al respecto.

Esa demanda se transó por $75,000, a finales de noviembre de 2012, luego de que Santini perdiera la reelección.

Fernández, quien para ese momento era legisladora de la Palma, alegó en una emisora de radio que Santana Dávila lo que buscaba era favores políticos de Santini.

Pérez comentó ayer que “Dios es bueno, así que estamos bien bien tranquilos”.

¿Hay posibilidad de transar?

¿Transar por qué? No ha habido ningún acto ilegal, agregó.

Tras la deposición de la jueza, Dávila Santana y su esposo Rubén García Ortiz, salieron del encuentro sorprendidos.

Contaron que la ex representante se negó a contestar una de las preguntas, cuyo contenido no revelaron.

El abogado de los demandantes, Luis Alberto Rivera Rivera, expresó que todo tiende a indicar que el caso se verá en los tribunales.

“A base de lo obtenido habrá que evaluar todas las respuestas... (que) no necesariamente cuadra o es cónsono con la versión que tienen nuestros representados”, indicó tras el proceso de unos 45 minutos en la oficina de Ferrer.

García Ortiz dijo que preferiría ir a juicio porque así podrían probar sus alegaciones.

“En el tribunal (Fernández) tendrá que contestar”, manifestó el demandante.

Santana Dávila afirmó que “me he quedado sorprendida... ella (Fernández) en su consciencia sabe que no está diciendo la verdad”.

Sobre la querella ética que Santana Dávila y García Ortiz presentaron posteriormente contra Fernández y Ferrer, respectivamente, porque el abogado no le está cobrando honorarios a la jueza, Ferrer tampoco emitió comentarios.

“Cada cual tiene derecho a presentar lo que quiera”, dijo escuetamente.

Daniel Rodríguez León, portavoz de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales confirmó que las querellas se recibieron.