La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, una de las dos juezas ante las que se presentó Andrea Cristina Ruiz Costas a pedir auxilio y protección contra su expareja poco antes de ser asesinada, presentó su renuncia ante el gobernador Pedro Pieluisi.

“Se recibió la carta de renuncia, con efectividad al 14 diciembre”, confirmó a Primera Hora, Sheila Angleró, portavoz de La Fortaleza.

Agregó que esperaba que de un momento a otro el gobernador completar el proceso de aceptación de la renuncia, para que se hiciera efectiva a la fecha antes señalada.

“Las renuncias, por regla general, se aceptan y esa carta de aceptación de la renuncia se le estará enviando a la jueza próximamente a la jueza”, comentó la portavoz.

La jueza Alvarado Rodríguez, así como la jueza Sonya Nieves Cordero, han estado en el centro de la discusión pública desde que trascendiera que Ruiz Costas acudió al tribunal en dos ocasiones separadas en busca de protección contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago, y su reclamo fue denegado en ambas ocasiones.

Poco después de acudir a los tribunales a finales de marzo pasado, la mujer de 35 años fue asesinada. Ocasio Santiago fue arrestado y acusado por el brutal crimen, pero se suicidó en prisión mientras esperaba juicio.

Luego del crimen, la familia de Ruiz Costas denunció que el tribunal no le había dado a su caso la atención que meritaba y reclamó que se hicieran públicos los audios de las vistas en las que solicitó auxilio.

Ruiz Costas, según trascendió, pidió una orden de protección ante la jueza Nieves Cordero el 25 de marzo. La jueza denegó la solicitud y la citó al día siguiente al tribunal.

Ruiz Costas compareció, esta vez ante la jueza Alvarado Rodríguez, a quien explicó las amenazas y el acoso que estaba sufriendo, razón por la que estaba solicitando la orden de protección. Pero, una vez más, su petición fue denegada.

Luego del crimen, la familia de Ruiz Costas se querelló contra las juezas, y exigió se hicieran públicas las grabaciones de ambas vistas, reclamo al que se unió un sinnúmero de personas a través de todo Puerto Rico.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) llevó a cabo una investigación, a través de su Oficina de Asuntos Legales, y determinó que ninguna de las juezas había violado cánones de ética judicial durante las vistas, y que ambas habían actuado dentro del ámbito de discreción judicial que se le permite a un juez.

Aunque llegaron a filtrarse versiones de los audios de las vistas, los mismo no se han hecho públicos oficialmente, a pesar de los múltiples reclamos a ese respecto.