La jueza federal Silvia Carreño Coll estableció este lunes varias fechas para que tanto la fiscalía federal como los equipos de abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los dos coacusados en el proceso que enfrenta por corrupción culminen el dilatado proceso de entrega y análisis de evidencia, de cara al juicio en su fondo pautado para comenzar en el enero de 2025.

Vázquez Garced fue acusada en marzo de 2022 por un gran jurado federal por presuntamente conspirar con el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Mark Rossini, ambos coacusados del caso, para recibir beneficios para su fallida campaña primarista a la gobernación en el 2020, a cambio de favores en beneficio de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, un banco propiedad de Herrera Velutini.

Durante la vista de estado de los procedimientos, sin embargo, los equipos de defensa insistieron en que la fiscalía les ha entregado enormes paquetes de documentos, uno de los más recientes con más de 2.7 millones de documentos, lo que ha hecho extremadamente difícil su labor de revisar toda esa evidencia.

Lilly A Sánchez, abogada que es parte de la defensa de Herrera Velutini, reclamó a la jueza que les resultaba “imposible” revisar toda esa cantidad de documentos, más lo que faltaba por entregar, y tener lista la defensa del banquero para comenzar el proceso en enero próximo.

Los equipos de defensa reclamaron además que la fiscalía federal les había entregado entre esos paquetes documentos que estaban repetidos, pero que de cualquier forma se veían obligados a revisar toda vez que desconocían que eran repetidos.

Entre la gran cantidad de información y documentos que están trabajando las partes se incluyen, entre otros, registros de llamadas telefónicas de la exgobernadora, cuentas de correos electrónicos de los coacusados, documentos de Bancrédito, así como un disco duro repleto de información de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Parte de toda esa documentación incluso está todavía bajo revisión por un equipo separado de fiscalía para determinar cuáles de esos documentos se podrían considerar información privilegiada, lo que a su vez tendría que luego ser revisado y, en caso de así considerarlo, objetado a través de mociones por la defensa, para que luego la jueza determine sobre esos asuntos.

Además, hay parte de la información que tiene que ser revisada bajo unas disposiciones de leyes federales relacionadas con asuntos de seguridad nacional, aunque se entiende que esa parte probablemente no involucre el caso de la presunta conspiración que involucra a Vázquez Garced, sino de la otra conspiración que se le imputa al banquero, que ya se determinó que se verá en un proceso separado.

El equipo de fiscalía federal, conformado por los fiscales Ryan Crosswell, Nicholas Cannon y Myriam Fernández, argumentaron que trabajar todo el material de una acusación tan voluminosa, para tres equipos de defensa distintos, ciertamente era un asunto que les ha tomado meses. No obstante, aseguraron haber estado cumpliendo con su deber de entrega de toda la documentación.

El abogado Juan Michelen, quien es parte de la defensa de Rossini, reiteró el reclamo con relación a las enormes cantidades de documentos, indicando a la jueza que “acabamos de recibir más de tres millones de páginas en los pasados 30 días”, y solicitó que “esto tiene que detenerse, para que podamos prepararos adecuadamente” de cara al inicio del juicio en su fondo en enero.

Aunque estableció que no estaba implicando ningún tipo de acción indebida por parte de fiscalía al entregar documentos duplicados, sugirió que ofrecieran algún tipo de guía para poder agilizar el proceso de revisión de documentos.

Se mostró complacido con la disposición de colaborar expresada por la fiscalía, y subrayó que “no estamos pidiendo que hagan el trabajo nuestro, pero pueden darnos unas guías” sobre qué podría ser relevante para nosotros de manera que el proceso sea “más eficiente”.

Tras escuchar a las partes, la jueza Carreño Coll, ordenó a las partes reunirse y colaborar para agilizar el proceso. Asimismo, estableció varias fechas para cumplir con todos esos procesos, entre ellas el 30 de junio para determinar la información privilegiada; el 30 de julio para la entrega de todo el descubrimiento de prueba; el 7 de agosto para una vista de estado de los procedimientos; el 30 de agosto para determinar que evidencia se verá en el caso; el 27 de septiembre para las mociones de desestimación que entiendan las partes; el 1 de diciembre para acordar las instrucciones relacionadas con el jurado; y el 16 de diciembre para la conferencia de antelación al juicio.

Una vez terminada la vista, el abogado Ignacio Fernández de Lahongrais, quien compone la defensa de Vázquez Garced junto a los abogados Luis Plaza Mariota, Peter John Porrata y Edgar Sánchez Mercado, explicó que los reclamos de la defensa se deben a que “el volumen tan grande de esa evidencia que nos han entregado es demasiado, el último paquete fue apenas hace unos días, es demasiado para manejar. Es muy, muy difícil”.

“Y yo entiendo la posición del gobierno. El gobierno nos da lo que tiene. Ellos incautaron un teléfono, pues nos dan el contenido del teléfono, pero como ustedes se pueden imaginar, el teléfono de cada uno de nosotros tiene cientos de miles de cosas que no tienen nada que ver con el caso. Y estamos buscando la manera de cómo podemos identificar lo que es relevante y lo que no es relevante”, indicó.

Explicó que, tras lo ordenado este lunes por la jueza, conversarían con su contraparte de la fiscalía para tratar de “buscar una manera de poder ser más certeros y más eficientes en lo que estamos mirando del ‘discovery’ (descubrimiento de prueba), y así poder adelantar el caso”.

Sin embargo, como ha sido su postura durante este proceso, fue categórico en reiterar que opondrán a que se retrase la fecha de inicio del juicio en su fondo, pautada para el 25 de enero próximo, tal como reclaman los equipos de defensa de Herrera Volutini y Rossini.

A ese respecto, comentó que han solicitado a la corte y los fiscales que se identifique la prueba relacionada a la segunda conspiración, “que fue separada del caso, que nunca tuvo nada que ver con la gobernadora”, de manera que pueden obviarla y se facilite el proceso.

Fernández celebró que la jueza señalar fechas límites en cuanto al procesamiento y designación de la evidencia, y sostuvo que fue algo “crítico para poder mover el proceso”.

Tal como ocurrió durante la vista, descartó de manera tajante que la duplicidad de documentos fuese a ser algún tipo de “mala intención” de parte de la fiscalía federal y, en cambio, indicó que eso es típico “en casos de cuello de blanco, donde hay teléfonos, donde hay documentos, donde hay auditorías, donde hay reportes, donde hay tanta papelería que, repito, nada de eso tiene que ver con la gobernadora, eso es con el banco (Bancrédito), con OCIF, pero, como estamos todavía en el mismo caso, nos afecta. Pero no, yo no creo que es ninguna mala intención del gobierno. Ellos producen lo que tienen”.

De igual forma, reiteró su satisfacción con el hecho que el juicio se lleve a cabo en Puerto Rico, y no como han solicitado otras partes que prefieren se haga en otra jurisdicción, pues “esas son las instrucciones de la gobernadora, que ella quiere verlo aquí y ser juzgada por los puertorriqueños”.

Según ha trascendido, en la acusación de este caso se le imputa a Herrera Velutini y Rossini haber prometido apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues OCIF estaba llevando una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, presuntamente bajo presiones, y dejó el cargo al mes siguiente. Ese mismo marzo de 2020, la exgobernadora nombro como su remplazado a Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Se alega que la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando en OCIF.

Como parte de este caso también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, identificados como Díaz y Blakeman.

De acuerdo con el pliego acusatorio, la también exfiscal y exsecretaria de Justicia, enfrenta tres cargos por defraudar al gobierno de los Estados Unidos, soborno con fondos federales y fraude electrónico. De ser hallada culpable por esos delitos podría enfrentar penas de entre tres años de probatoria a 10 años de prisión y multa de hasta $250,000.

Váquez Garced se encuentra en estos momentos libre bajo fianza, luego que fuera puesta bajo arresto el 4 de agosto de 2022.