La jueza federal Silvia L. Carreño Coll determinó no imponer una orden de mordaza en el caso contra la familia de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, contrario lo había adelantado en una vista de emergencia que citó el pasado jueves para cuestionar a los abogados de defensa, Francisco Rebollo Casalduc, Anita Hill y Edwin Mora, la razón por la que habían divulgado a la prensa que el hijo de la estadista se acogería a un programa de desvío que llevaría a la desestimación futura de los 10 cargos que pesan en su contra.

En una determinación que se fechó para el 30 de noviembre, pero que se publicó hoy, miércoles, en el expediente del caso, la jueza federal expuso que “la corte manifestó que no impondría una orden de mordaza en este momento, ya que entendió que los abogados involucrados en este caso respetarán las reglas locales de este Distrito y las Reglas Modelo ABA. El Tribunal reiteró que esperaba que las partes litigaran este caso dentro de la sala del tribunal, no fuera de ella. Además, el Tribunal declaró que tomaría medidas correctivas si las partes se desvían de las directrices del Tribunal. El Tribunal también pidió a los abogados que recordaran a sus clientes que se comportaran con decoro en el juzgado y durante todo el proceso”.

En otro escrito, la jueza añade que, si los abogados “vuelven a fallar en seguir las directrices de la corte, sanciones serían impuestas”.

La determinación surge luego de que en la vista de emergencia la jueza estipulara que se prestaba a imponer una orden de mordaza. De hecho, los abogados entendieron que desde la advertencia que Carreño Coll les hizo ya estaba automáticamente impuesta. Por ello, evitaron dar declaraciones a la prensa.

“La existencia de la orden de mordaza me impide contestarles preguntas... Ahora sí que no voy a hablar con la prensa”, sostuvo Rebollo Casalduc a su salida del tribunal.

El malestar de la jueza con los abogados se debió a que revelaron que el hijo de la exrepresentante, Orlando Gabriel Montes Charbonier, se acogería a un Programa de Desvío Previo al Juicio (PTD, en inglés). Según explicaron, el joven tendría que cumplir unos requisitos que le impondrían y al cabo de cumplidos, se procedería a la desestimación de los cargos.

Entre las citas a las que aludió Carreño Coll para expresar su malestar incluyeron la siguiente de Rebollo Casalduc: “¿Qué quiere decir? Que estos fiscales del Departamento de Justicia Federal, no estoy hablando de los fiscales de Puerto Rico, radicaron cargos contra este joven de 21 años en aquel momento, que inclusive lo llevó a perder su empleo. Y el joven, evidentemente, para lo que lo estaban acusando era para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá. Y el joven le salió duro. Y su mamá y su papá le han salido más duros todavía. Le desestimaron el caso, le desestimaron el caso al hijo y le debieron haber desestimado a los padres. Pero, no lo han hecho, y por eso estamos aquí”.

El juicio contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, por corrupción pública está pautado para iniciar el próximo lunes, 11 de diciembre.

La alegación de la Fiscalía federal es que se realizó un esquema en el que se infló el salario de una empleada de la exlegisladora, Frances Acevedo Ceballos, para que pudiera sacar una porción del mismo y se la devolviera a la familia de Charbonier Laureano. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020.

Específicamente, Charbonier Laureano, Montes Rivera y Montes Charbonier fueron acusados en agosto de 2020 de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. La acusación también le imputa a Charbonier Laureano un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.