El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por Toa Baja y Bayamón, Nelson del Valle Colón, tendrá que cumplir los cuatro años y nueve meses de prisión que se le impusieron por corrupción pública.

La jueza federal Silvia Carreño Coll le denegó ayer, lunes, su petición para acortar la sentencia bajo el alegato de que lo ajusticiaron basado en un nivel de gravedad del delito cometido de manera errónea.

Según su abogado, Edgar Sánchez, la sentencia se impuso bajo un nivel de 25 puntos, cuando considera que debió haber sido por debajo del nivel 23.

De inmediato, la jueza federal no explicó en su determinación la razón por la que no reduciría la pena de cuatro años y nueve meses de prisión para el exlegislador.

El Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés) fija la fecha de salida de prisión de Del Valle Colón para el 29 de marzo de 2027.

El exlegislador fue arrestado el pasado 20 de agosto de 2020 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), junto a dos empleadas de su oficina, Mildred Estrada Rojas y su hija, Nickolle Santos Estrada, quienes se declararon culpables luego de llegar también a un acuerdo con la Fiscalía Federal.

Según el pliego acusatorio, el político recibía entre $500 a $2,000 por cada cheque inflado de unos tres trabajadores desde principios de 2017 hasta julio de 2020. Como resultado de ese alegado esquema, habría recibido más de $100,000 en sobornos.

Asimismo, Del Valle Colón, Estrada y Santos admitieron que los sobornos quincenales se pagaron de diversas maneras. Estrada y Santos, generalmente, lo hacían en efectivo en sobres que entregaban al exrepresentante en el Capitolio. Mientras, Estrada, en algunas ocasiones, lo tramitaba a través de la aplicación móvil ATH Móvil.

Del Valle Colón se declaró culpable ante la jueza Carreño Coll por uno de los ochos cargos que pesaban en su contra, específicamente por soborno y comisiones ilegales con fondos federales. Las acusaciones que enfrentaba era de conspiración, robo de fondos federales, soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones ilegales, fraude y obstrucción a la justicia.

El esquema imputado al exrepresentante del PNP fue similar al cometido por los exrepresentantes María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, quien cumple ocho años de cárcel, así como Néstor Alonso Vega y quien cumple cinco años en prisión.