Con el propósito de llevar un mensaje claro a aquellos políticos involucrados en esquema de corrupción, la jueza Aida Delgado Colón sentenció esta tarde a 63 meses de prisión al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien resultó culpable por cargos de conspiración, soborno y extorsión.

Antes de emitir la condena, la magistrada atendió varias mociones presentadas por la defensa de Pérez Otero, conformada por los abogados Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, relacionadas con el informe presentencia.

La jueza Delgado Colón realizó una extensa explicación de todos los elementos que había tomado en consideración para imponer la pena la que, si bien estaba por encima de lo que pedía la defensa (23 meses en probatoria), no llegó al máximo de lo que solicitaba la fiscalía (78 meses).

El 22 de marzo de 2023, un jurado encontró culpable al expresidente de la Federación de Alcaldes por su actuación en un esquema de corrupción en el que recibía dinero de un empresario, Oscar Santamaría, a cambio de contratos con el municipio.

Una de las mociones que atendió, y desestimó la magistrada fue que se viera el soborno como un único pago continuo y con un solo propósito, lo que hubiera tenido el efecto de reducir la sentencia. La jueza, sin embargo, argumentó que durante el juicio había quedado evidenciado que el dinero que le entregaron a Pérez Otero se trató de más de un pago y no tenían un único fin, sino que se usaban con diferentes propósitos, como extender contratos, hacer que dichos contratos se atendieran de forma más rápida, o mantener a funcionarios contentos, entre otros.

Asimismo, rebatió el argumento de la defensa de que los pagos a Pérez Otero fueran un donativo para saldar su deuda de campaña. Explicó que no había evidencia alguna que apoyara esa teoría, y explicó que, por el contrario, se probó que los contratos se extendían luego que se hacían pagos para mantener o mejorar dichos contratos. Más aun, citó el testimonio del empresario Santamaría, admitiendo que los pagos eran para sobornar.

Durante el juicio, la fiscalía federal presentó como parte la prueba fotos y videos grabados por Santamaría en los que se ve a Pérez Otero recibiendo dinero en sobres. En una de esas secuencias de imágenes, se ve al exalcalde esconder el paquete de dinero en una de las medias que llevaba ese día.

Su defensa, sin embargo, alegó durante el juicio que el dinero que Pérez Otero recibía de Santamaría eran contribuciones políticas legales para saldar su deuda de la campaña política del 2017 para la alcaldía de Guaynabo.

La jueza repasó uno por uno los elementos que, de acuerdo al informe presentencia y las guías que aplicaban a los delitos por los que fue acusado Pérez Otero, añadían o restaban niveles para determinar la pena.

Explicó que, al emitir su decisión, la corte tomaba en cuenta toda la información sometida en el informe presentencia, incluyendo la situación familiar de Pérez Otero, su salud, su edad, su situación laboral, su nivel de educación, y demás.

Agregó que sabe que este era su primer arresto y su primera condena, pero acotó que de igual forma se tomaba en consideración los delitos y su participación en los mismo. Indicó que creía que se había establecido claramente que existía un acuerdo, y resaltó la manera secreta en que se hacían los pagos, tal como lo evidenciaron los videos presentados como prueba, en los que la entrega se hacía “de manera tan casual”, que ni se hacía mención al pago, o por qué o para qué se daba, o qué se esperaba a cambio, lo que daba a entender que existía un acuerdo.

Sostuvo que, como argumentaba la defensa, la corte reconocía que era su primer delito, que es un padre de familia, que fue funcionario público y aportó a la sociedad, pero agregó que había que mirar el asunto “con justicia”.

Delgado Colón explicó que Pérez Otero “es una persona que tuvo una buena educación” y que sabía lo que podía hacer y lo que no, más aún cuando había sumado 25 años de servicio público, logrando una confianza que le había dado la gente y que traicionó.

El convicto fue representante por el Partido Nuevo Progresista por el distrito que abarca a Guaynabo, Bayamón y Cataño, entre el 2005 y el 2012. En ese tiempo, llegó a presidir la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Llegó a la alcaldía de Guaynabo en agosto de 2017 tras ganar una elección especial para sustituir al entonces alcalde, Héctor O’Neill, quien dejó la posición en medio de un escándalo de hostigamiento sexual. En 2020, tras salir reelecto, Pérez Otero fue seleccionado como presidente de la Federación de Alcaldes.

“No hay dudas que fue reconocido como funcionario, que tuvo el honor de presidir la Federación de Alcaldes, que fue reelecto por el pueblo de Guaynabo”, afirmó la jueza. “Pero la otra cara de la moneda es que, precisamente, traicionó esa confianza que le habían dado”.

Delgado Colón también se refirió a la familia de Pérez Otero, en particular a sus dos hijas menores, aseverando que era “la parte más triste de la ecuación, porque los menores no tienen culpa de nada de esto”.

“Espero que sus dos hijas reciban el consejo adecuado para entender esta situación”, comentó, al tiempo que hizo una exhortación a las personas en su entorno, en su escuela, a que “no las señalen ni las acusen, pues ellas no son culpables de nada, sino que son víctimas de lo ocurrido, como el resto de la sociedad”.

La jueza repasó además la lista de recientes casos de corrupción que ha visto el tribunal federal, y que ha llevado alcaldes, jefes de agencia, legisladores y empresarios a acusaciones por las que se han declarado o han sido hallados culpables. Sostuvo que esos 19 casos demuestran que esa corrupción continúa ocurriendo, “que los sobornos se siguen ofreciendo, y se siguen aceptando”.

Agregó que todo eso causa desconfianza en la gente, y fue tajante en afirmar que “hay que acabar con esa corrupción”.

“La gente de Puerto Rico necesita creer otra vez”, insistió.

La jueza evaluó también la comparación presentada por la defensa en cuanto a sentencias impartidas otros acusados en casos similares al de Pérez Otero, en la que argumentaba que, en promedio habían recibido penas por debajo de lo que solicitaba la fiscalía. Pero explicó que esa comparación no tomaba en cuenta la colaboración ofrecida por esos convictos.

Por último, reconoció que el exalcalde había expresado su interés de participar en actividades educativas y relacionadas con contabilidad mientras estuviera cumpliendo su condena.

Dictada la sentencia, que incluye 160 meses de trabajo comunitario y otros 36 meses de libertad supervisada, la defensa pidió que se le permitiera a Pérez Otero entregarse de manera voluntaria, a lo que la jueza accedió, explicando que no se le acusó de crímenes violentos ni era una amenaza para la sociedad, y había cumplido con las exigencias mientras estaba libre bajo fianza.

Tampoco se opuso a la petición de la defensa de que se le permitiera cumplir su sentencia en una institución en el área de Pensacola, Florida, aunque explicó que eso quedaría sujeto a la disponibilidad que tuviera el Negociado Federal de Prisiones.

Cabizbajo y con un lento caminar, Pérez Otero salió del tribunal federal rodeado de un séquito compuesto por familiares y abogados. Casi no expresó palabra, por instrucciones de la defensa. Solo al ser abordado por la prensa dijo: “Con papito Dios, siempre. Él es primero; no por lo que haya ocurrido hay que perder la fe”.

La defensa del exalcalde, que calificó la sentencia como “excesiva”, apelará para un nuevo proceso judicial.