Tras cinco horas de escuchar argumentos, el juez Antonio Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este martes la decisión de si concede o no un interdicto preliminar o desestima la demanda radicada por un grupo de padres que se opone a vacunar a sus niños contra el COVID-19 para este inicio de clases.

Ni siquiera estipuló cuándo daría a conocer por escrito una decisión sobre este caso, el cual fue presentado por unos 126 padres y estudiantes tanto de edad escolar como universitaria.

La demanda, radicada el pasado jueves, en esencia estipula que el gobernador Pedro Pierluisi no podía darle la potestad al Departamento de Salud para decidir sobre la obligatoriedad de una vacunación, sino que tenía que ser a través de la Legislatura. También, busca anular dos órdenes administrativas del Departamento de Salud que obligan a la vacunación a todo niños de 12 años o más que acuda a alguna escuela pública o privada, además de a los universitarios, así como al uso de mascarillas obligatorio para acudir a estos centros educativos.

Entre otras cosas, la defensa legal de los padres, dirigida por el licenciado Adrián Díaz Díaz, estipuló que la vacuna contra el COVID-19 no está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) y que solo se ha autorizado su uso de emergencia. Destacó que el riesgo de los menores de fallecer de coronavirus o infectarse es mínimo y clamó por el derecho que tiene cada persona para decidir el tratamiento médico al que se somete.

“La gente sigue hablando de productos y productos. Cuando usted toma la decisión de cuidar su cuerpo, usted no depende de una vacuna, porque el ser humano no vino al mundo para depender de un producto de una farmacéutica. Hay personas de riesgos que están bien identificadas y hay una población que no está en riesgo. Pero, tenemos derechos constitucionales que se están atracando para que los niños no estudien”, afirmó Díaz Díaz.

Añadió que los maestros y profesores universitarios pueden perder el trabajo si no están vacunados.

“Mira el extremo de las medidas que llega a hacer el estado y me deja a toda esta población indefensa, sin justificación”, precisó el abogado.

La abogada Atabey Lamela también trajo a colación que la ley firmada en los Estados Unidos para declarar una emergencia salubrista por COVID-19 “no dice se autoriza mandato para forzar a la población a vacunarla”. Por tal razón, clamó por la cláusula de supremacía.

“Al día de hoy hay un mandato, ¿sí o no? No hay una ley para un mandato. No hay nada que diga sí ustedes pueden obligar a una vacuna experimental”, puntualizó.

La defensa legal del gobernador y del Departamento de Salud, encabezada por la abogada Tania Libertad Fernández Medero, por su parte, detalló que la directriz de la vacunación obligatoria se emitió bajo la ley 25 de 1983 y que los padres tienen un remedio para no inocular a sus hijos a través de esta misma regulación.

“En ese sentido, la parte demandante tiene un remedio en ley. La ley misma recoge unas excepciones. Dice que si son alérgico, pueden tener complicaciones de salud, que acudan a un especialista de medicina y cumplan con los requisitos y se le da una exoneración y no tienen que vacunarse”, estipuló en los argumentos finales.

Durante el proceso judicial para evaluar el interdicto preliminar y la desestimación de la demanda, solicitada por el estado, se permitieron a cuatro testigos. Los demandantes presentaron a la infectóloga pediátrica María Carrascal y el epidemiólogo Rafael Iván Irriarte. Mientras, el estado sentó a la principal oficial médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, y el Colegio de Médicos Cirujanos al infectólogo Lemuel Martínez. Los testigos lo que hicieron fue estipular sus opiniones sobre la conveniencia o no de la vacuna. Citaron estudios clínicos y datos estadísticos para sustentar sus argumentos.

Cardona informó que en la Isla se han reportado solo tres casos de muerte de menores de edad a causa del COVID-19 y que, de estos casos, solo conoce de uno al que se le realizó la autopsia en el Instituto de Ciencias Forense. También indicó que unos 27,000 menores de 20 años han sido diagnosticados con el virus, lo que representa el 16% de la población en general contagiada.

Detalló que para el gobierno “la vacunación, en general, está catalogada como una de las intervenciones de la salud pública más importante”. En el caso de la pandemia de coronavirus, dijo que es la respuesta “más importante” para su control y para alcanzar la inmunidad comunitaria.

Cardona enfrentó momentos tensos al ser interrogada por los abogados demandantes. Sus gestos de asombro no los pudo disimular. Además, en múltiples ocasiones se llevó las manos a la cara cuando era cuestionada por aspectos relacionados a cuántos médicos habían diagnosticado casos de COVID-19 o que el representante Georgie Navarro no sabía que podía reportar efectos adversos a la vacuna en un portal federal.

A la primera interrogante la doctora estipuló que las pruebas de laboratorio aprobadas, en especial la molecular, es la que determina si una persona tiene el virus o no, mientras estipuló que a toda persona vacunada se le da un papel en el que se le orienta sobre opciones para reportar efectos adversos.

Por su parte, la doctora Carrascal, que tiene una educación similar a la Cardona, pues ambas son infectólogas pediátricas, reconoció que ha llenado expedientes médicos a pacientes que no pueden vacunarse, según lo estipula la Ley 25 de 1983.

Afirmó en su testimonio que las vacunas aprobadas, la de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, “siendo un producto que está en estudio y ya demostrando que tiene efecto secundario, como miocarditis, pacientitos con problemas de coagulación, irritación en el sistema nervioso central, el riesgo me parece que es mayor que el beneficio” de inocularse.

El doctor Irriarte fue utilizado por la parte demandante para estipular que en el Vaccine Adverse Events Reporting System se han reportado 518,769 efectos adversos a las vacunas de COVID-19, de los cuales 11,940 han muerto y 1,272 mujeres han tenido abortos.

La doctora Cardona señaló que los casos de Puerto Rico están incluidos en ese sistema y que solo se han reportado cinco casos de problemas cardiovasculares en pacientes mayores de 16 años. Comentó que estos reportes son voluntarios y cualquier persona puede llenarlos.

Por último, Martínez, quien es presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico, reconoció que personas vacunadas pueden enfermarse de COVID-19, pero que “no terminan en un hospital”.

Destacó que la mayor incidencia de casos que se reporta en la actualidad y que llega hasta el hospital donde Labora, el Doctor Center de Manatí, son personas no vacunadas.

“La vacuna es un ‘game changer’ para nosotros. Empezamos a trabajar esto desde cero, cuando las mascarillas escaseaban Veíamos compañeros enfermarse y nosotros tuvimos enfermeros que fallecieron. En esta última oleada, tres enfermeros rehusaron vacunarse y terminaron infectados”, sostuvo.

El médico recalcó que es importante que los niños se vacunen, pues la mayoría son cuidados por sus abuelos. “El contorno social es fuerte y el poder cortar cadena de contagio es importante”, sentenció.

Quedó en manos del juez Martínez Piovanetti la determinación de si las vacunas contra el COVID-19 serán requeridas de forma obligatoria para este regreso a clases.