El juez Rubén A. Serrano Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, ordenó este viernes la separación de las vistas preliminares contra los padres de April Thais Ortiz Rivera, la menor de dos años que fue violada y asesinada el pasado 7 de junio en Guayanilla.

La determinación judicial surgió tras una solicitud de Joannie Plaza, representante legal de Naiari Quiñones Rivera, quien señaló que los hechos que se le atribuyen a su clienta corresponden a fechas distintas a las imputaciones que existen contra Jiovan Francisco Ortiz Soto.

El mecánico de 35 años enfrenta cargos de asesinato, incesto, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, mientras que contra la fémina pesan dos denuncias de maltrato.

Ante la situación, Serrano Santiago, que preside la sala 402, asignó el caso de Quiñones Rivera para que sea atendido por el juez de la sala 403, en un proceso que, tentativamente, se verá el martes, 22 y miércoles, 23 de agosto.

De otra parte, la abogada de Naiari advirtió que la decisión del Tribunal Supremo de permitir la transmisión de la vista preliminar, que se celebraría este viernes, violentaría “la privacidad de los procedimientos que involucran a menores de edad”.

Esto al mencionar que las imputaciones contra la fémina involucran, además de la pequeña fallecida, a su otra hija, de quien aún mantiene su patria potestad y, según Plaza, “eso le está causando mucha angustia a mi clienta”.

Por su parte, la defensa de Ortiz Soto alegó contar con prueba exculpatoria relacionada a un certificado de ADN realizado por la seróloga Carola de Jesús, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y una supuesta declaración del imputado, quien excluye a su pareja de los hechos que se le atribuyen.

“Las denuncias contra ella (Naiari) son diferentes a las del imputado. Nada tiene que ver con las admisiones que hace este señor, no constituyen prueba exculpatoria que beneficie a la imputada. El informe tampoco tiene prueba exculpatoria beneficiosa para ninguno de los imputados”, argumentó la fiscal Natalia Zambrana.

Según el licenciado Emanuel Gierbolini, de la Sociedad para la Asistencia Legal, “estamos solicitando que se cite a un testigo de defensa (seróloga), pero ahora el ministerio público dice que el testigo es de ellos”. Asimismo, solicitó una orden de mordaza para que ninguna de las partes ventile “conclusiones” ante la prensa.

No obstante, el juez denegó la petición, mientras que la fiscal del Distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini aseguró que: “El Ministerio Público no tiene nada que esconder. La testigo (seróloga) es nuestra”.

“No hay prueba exculpatoria, no tenemos nada que entregarle. Las personas que trabajan en el Instituto de Ciencias Forenses son varios. Solicitamos varios informes y por lo general, pedimos los que vamos a usar en vista preliminar. No la teníamos contemplada para vista preliminar. Pero es nuestra testigo”, recalcó.

“No es que el Ministerio Público se sentó sobre el expediente. Por error, la seróloga no estaba incluida como testigo. Es un perito del Estado que se mantiene en comunicación con el Ministerio Público, hace una prueba y emite un certificado solicitado por el ministerio”, insistió la fiscal Zambrana.

Entretanto, la defensa de Ortiz Soto admitió que, “la defensa no está preparada porque el tribunal tomó una decisión en contra de su solicitud. El tribunal no refirió el ADN a otro juez’.

“No nos puede privar a nosotros de un derecho constitucional de presentar prueba exculpatoria. Tenemos derecho a presentarla en cualquier etapa. Al empezar esta vista nos atan las manos”, lamentó.

Aunque el señalamiento para la vista preliminar contra Jiovan quedó establecido para esta tarde, varias situaciones dilataron los procedimientos, por lo que el juez decidió mover la juramentación de tres testigos para este lunes, 21 de agosto a las 9:30 de la mañana.

Para ese día quedaron citados: el agente investigador Francisco Meléndez Álvarez, la investigadora forense Gabrieli Dedós Santiago y la patóloga forense Rosa Rodríguez.