El juez federal Daniel R. Domínguez opinó estes lunes que el juicio contra los acusados por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang no debe ser certificado para la pena de muerte.

"Creo que si el Gobierno (de Estados Unidos) insiste en pedir la pena capital en este caso, podrían perder la extradición... La corte no lo vería con buenos ojos. El mundo no lo vería con buenos ojos", advirtió Domínguez.

La acusada Áurea Vázquez Rijos enfrenta tres cargos por conspirar para asesinar por encargo a su entonces esposo el 22 de septiembre de 2005 en el Viejo San Juan. La mujer fue acusada en junio de 2008, pero poco antes se mudó a Italia, donde no permiten la extradición de acusados elegibles a la pena de muerte. Fue arrestada el 30 de junio pasado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, y enfrenta un proceso de extradición que podría tomar entre seis y nueve meses.

"Eso (solicitar la pena de muerte) le restaría credibilidad a Estados Unidos. (En España) podrían no permitir la extradición. Y, de hecho, yo podría no concederla", recalcó Domínguez en una conferencia de estatus del caso en su sala en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan, en la que recordó que la fiscalía federal aún no ha solicitado la pena capital en este caso.

"Estos casos cuestan millones de dólares. Además, es un caso que no tiene las especificaciones de pena de muerte (mitigantes y agravantes)", agregó.

En la vista de los coacusados y hermanos Marcia Iris y Charbel Francisco Vázquez Rijos, y de José Rafael Ferrer Sosa -pareja de Marcia-, Domínguez le pidió al fiscal federal José A. Ruiz que emita el caso de forma expedita al Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia en Washington D.C. para que en 30 días notifique la contestación del Secretario de Justicia Federal en relación a Marcia Iris y Ferrer Sosa.

Dicha orden fue hecha a raíz de que la defensa solicitara que se nombrara un abogado especialista en casos de pena de muerte y se le entregara el descubrimiento de prueba.

La fiscalía debe informar el 18 de octubre la decisión del Secretario de Justicia y habrá otra conferencia de estatus el 21 del mismo mes.

Esto no aplica a Charbel, quien no está acusado en la conspiración, sino por perjurio por supuestamente mentir a un gran jurado federal al negar que conociera a Alex "El Loco" Pabón Colón, quien confesó que ejecutó a Anhang tras ser contratado por los coacusados para cometer el acto a cambio de $3 millones, lo que que alega no le pagaron.

Según la pesquisa, Áurea, Marcia y Ferrer Sosa se reunieron con Pabón Colón para que asesinara a Anhang porque se quería divorciar de Áurea. El acto se llevó a cabo en el Viejo San Juan, luego que la acusada cenara con su entonces esposo.

Controversia con el descubrimiento de prueba

El abogado de Marcia, Héctor Guzmán Silva, jefe de la Oficina del Defensor Público Federal, recalcó que no desea que la fiscalía federal le provea el descubrimiento de prueba en este caso para no verse obligado a hacer lo propio.

No obstante, el juez le indicó que como es un caso de conspiración, los coacusados sí pueden solicitarla y compartir la información con él, por lo que manifestó que evaluará más a fondo el asunto. De hecho, el fiscal Ruiz señaló que por eso no se le ha entregado la evidencia a los abogados de los coacusados, Ovidio Zayas Pérez y Manny Suárez, hijo. Domínguez emitirá su determinación al respecto una vez se sepa si los casos son de pena de muerte o no.

Suárez aclaró que no desea aún el descubrimiento de prueba de su representado, Charbel, porque lo está representando pro bono en espera de ser certificado como abogado del panel federal para ser abogado de oficio nombrado por el tribunal. De no ser incluido en el panel, se le asignaría otro abogado.