Un juez decidió hoy realizar una audiencia para el 15 de mayo y así examinar una demanda entablada por un grupo de madres de familia y organizaciones sin fines de lucro que acusan al gobierno de Puerto Rico de evadir su responsabilidad de alimentar a los niños de escuelas públicas en medio del confinamiento por el coronavirus.

La negativa del juez a desestimar la demanda, como el gobierno le había solicitado, ocurre luego de que surgieron nuevos problemas desde que el Departamento de Educación cambiara abruptamente la semana pasada su posición y anunciara que reabriría las cafeterías de las escuelas con ciertas restricciones.

Anteriormente, se había negado a hacerlo, argumentando que le preocupaba la posibilidad de contagios entre estudiantes y trabajadores de los comedores, de los cuales el 64% son adultos mayores.

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Desde la reapertura de algunas cafeterías escolares, el gobierno informó que más de 30 trabajadores han dado positivo al Covid-19, mientras que los activistas dijeron que muchos estudiantes no están recibiendo alimento, e hicieron notar también que sólo se está distribuyendo una y no las dos comidas habituales por día.

“No podemos estar satisfechos hasta que no quede una persona sin alimentar”, comentó el abogado Osvaldo Burgos en una entrevista telefónica.

Mientras tanto, Burgos teme que los problemas actuales sólo empeoren en lo que llega la fecha de la audiencia.

Casi el 70% de los alumnos de las escuelas públicas en Puerto Rico son pobres, y muchas personas en la isla se indignaron porque los comedores habían estado cerradas más de un mes desde que se impuso el confinamiento a mediados de marzo.

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El Departamento de Educación había enviado su comida a organizaciones sin fines de lucro y a un banco de alimentos, pero los profesores y otras personas advirtieron que no era suficiente y que no estaba llegando a los más necesitados.

Funcionarios de Educación dijeron el jueves que se distribuyeron más de 46,000 comidas en el segundo día desde que reabrieron algunas cafeterías y que otras 35 volverán a operar la próxima semana en lo que el secretario Eligio Hernández dijo era una logística complicada.

“Cada día iremos haciendo ajustes en la operación”, señaló en un comunicado.

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El portavoz Aniel Bigio no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios sobre el fallo del tribunal.

El juez dijo que la próxima semana decidirá si la demanda, que fue entablada antes de que reabrieran las cafeterías escolares, se ha tornado irrelevante. Si no es el caso, señaló que resolvería las inquietudes planteadas en ella.