La magistrado federal Camille Vélez Rivé informó esta tarde al suspendido juez superior Manuel Acevedo Hernández que se le acusa por conspirar con el contable Lutgardo Acevedo para solicitar y aceptar sobornos, a cambio de que el segundo saliera favorecido en un caso criminal referido a la sala que presidió en el Tribunal de Aguadilla.

Vélez Rivé destacó que por uno de los cargos en contra de Acevedo Hernández la pena máxima es de cinco años de cárcel y un año de libertad supervisada, mientras que en el otro cargo que se le formuló la pena es de hasta 10 años de prisión y no más de tres años de libertad supervisada.

Acevedo Hernández fue arrestado a las 5:30 a.m. en su residencia, en Aguadilla, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), justo casi siete semanas después que las autoridades estadounidenses en la Isla allanaron su morada y le ocuparon armas de fuego.

Horas después, al ser llevado ante la magistrado Vélez Rivé hizo alegación de no culpabilidad y se le concedió una fianza de $50,000 que podría prestar en un plazo de 10 días, por lo que se esperaba que quedara liberado hoy mismo.

Sin esposas, y con la ayuda de intérpretes para entender los procedimientos en inglés en el Tribunal Federal en Hato Rey, el acusado contestó: "Lo juro, así me ayude Dios", cuando se le tomó juramento ante Vélez Rive.

Durante la vista inicial, la magistrada le informó sobre los dos cargos que enfrenta del pliego acusatorio. Durante la lectura de acusación, Acevedo Hernández indicó que tiene 62 años y que cursó estudios universitarios hasta completar la escuela de derecho. Fue entonces que, a través de su abogado, Rafael Castro Lang, hizo alegación de no culpabilidad.

En cuanto a la fianza, el fiscal federal José Capó recomendó que se le impusiera una de $50,000 asegurados -que debe prestar en efectivo o con propiedad bajo garantía- y cumplir un horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. en su residencia.

Castro Lang, mientras, indicó que su representado fue suspendido como juez, que no tiene los medios para pagar dicha fianza y cuestionó si podía ser no asegurada. Destacó que su cliente no representa peligro a la comunidad, ni riesgo de fuga, basado en que desde que allanaron su hogar, el pasado 14 de abril, sabía que lo estaban investigando y no huyó.

Capó respondió que no entiende que el individuo represente riesgo de fuga, pero sí peligro a la comunidad porque el día del allanamiento ocuparon cuatro armas de fuego en su residencia, una de las cuales no estaba registrada bajo su nombre.

El fiscal agregó que cuando los agentes del FBI lo arrestaron temprano, "dijo en tono amenazante en varias ocasiones 'ya verán cómo termina este caso'".

Contra Acevedo Hernández, conocido por los apodos de Papi y Napo, un Gran Jurado Federal emitió este miércoles un pliego acusatorio con tres cargos por conspiración y soborno. Mientras, otras personas alegadamente implicadas en el esquema ilegal son investigados y podrían ser arrestados en cualquier momento, según las autoridades federales.

Es la primera vez que un juez, que fue suspendido de la rama judicial estatal el mismo día que agentes del FBI allanaron su casa, resulta acusado por actos criminales a nivel federal.

 "El juez Acevedo Hernández no solo violentó, sino masacró la base de los Cánones de Ética Judicial, y con esto manchó y laceró, injustamente, la institución que precisamente existe para hacer valer los derechos de los ciudadanos", expresó en rueda de prensa el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, quien catalogó el suspendido juez del Tribunal de Aguadilla como "corrupto".

Piden reabrir pesquisa de homicidio 

Después del arresto de Acevedo Hernández, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez instó al Departamento de Justicia a reabrir el caso del homicidio negligente del guardia de seguridad Félix Babilonia, quien murió trágicamente en un choque causado por Lutgardo Acevedo.

Rodríguez, informó que Acevedo Hernández solicitó y acordó recibir dinero, objetos de valor y otros beneficios a cambio de favorecer a Lutgardo Acevedo en el caso que pesaba en su contra por impactar con su vehículo otro automóvil, provocando la muerte de Babilonia, mientras el conocido contador público autorizado conducía en estado de embriaguez. Esos hechos ocurrieron el 30 de junio de 2012 y eventualmente Lutgardo Acevedo fue acusado por homicidio negligente.

"El 25 de marzo de 2013 comenzó el caso criminal en el Tribunal de Aguadilla presidido por el juez Acevedo Hernández. Dos días después, el juez absolvió al contable de todos los cargos", recordó Rodríguez.

Según la acusación, Acevedo Hernández y el contable conspiraron para que el juez se enriqueciera al solicitar, acordar y aceptar pagos y cosas de valor a través de una tercera persona, identificado como "Comerciante B". Rodríguez detalló que el esquema duró de noviembre de 2012 a enero de 2014.

Explicó que para llevar a cabo el esquema, el juez, el Comerciante B y la "Persona A", que era un familiar del Acevedo Hernández, se reunieron en un restaurante en Aguadilla para discutir el caso criminal en contra de Lutgardo Acevedo. El juez acordó favorecerlo durante el proceso criminal a cambio de la ayuda por parte del acusado para que lo nombraran como juez del Tribunal de Apelaciones y le consiguiera empleo a la "Persona A y a un segundo implicado, identificado como “Persona B", y quien se cree también es miembro de la familia del juez.

Reveladora pesquisa 

La pesquisa reveló que en diciembre de 2012, la defensa de Lutgardo -integrada por los abogados Mayra López Mulero y Harry Padilla- sometieron una moción para que le devolvieran al acusado su vehículo BMW, el que estuvo involucrado en el accidente, esto para que no pudieran examinarlo. El juez lo concedió. El magistrado también dio paso a una moción en la que pedía que la fiscalía no presentara testigos de reputación.

En enero de 2013, el Comerciante B pagó $2,200 a nombre del juez para saldar una deuda que tenía con el Departamento de Hacienda, y pagó $1,000 el 15 de febrero de 2013 para los mismos fines, según las autoridades federales.

El 21 de enero, e juez se reunió con "Persona D", identificado como un comerciante, y discutieron cómo podría ayudarlo para lograr su objetivo de ser juez del Apelativo. Ya tenían los resumés de las personas A y B para que les dieran empleo, agrega el pliego acusatorio.

Entre enero y marzo de 2013, el Comerciante B y la Persona C le entregaban al juez los borradores de las mociones que la defensa del caso de Lutgardo Acevedo para que las revisara y asegurarse que decidiría a favor del acusado.

"Los abogados de defensa y otras personas llevaron documentos al juez ida y vuelta. No que los llevaran ellos personalmente, pero estas personas estaban involucradas y hago la aclaración de 'otras personas'... Lo que no estamos haciendo es tapando el cielo con la mano porque todos sabemos quiénes eran los abogados", sostuvo la fiscal Rodríguez.

Entre enero y mayo de 2013, Comerciante B y Lutgardo Acevedo acordaron pagarle al juez la remodelación del garaje de su casa para guardar sus vehículos clásicos. El mismo comerciante le regaló una motora al juez valorada en $1,200, trascendió este jueves.

Poco después de ser absuelto, el 1 de abril de 2013, Lutgardo Acevedo le facilitó $25 mil al Comerciante B para cubrir todos los gastos de las cosas de valor que le estaban regalando al juez, como ropa y accesorios, relojes y gemelos. Incluía almuerzos y cenas en restaurantes del área de Aguadilla.

El día que le entregó todos esos regalos, el 5 de abril de 2013, el Comerciante B fue detenido por la Policía de Puerto Rico por guiar en estado de embriaguez y el juez, que estaba con él, intervino para que no lo acusaran.

El 17 de abril de 2014, Lutgardo Acevedo y el Comerciante B crearon un contrato con fecha retroactiva para justificar los pagos y regalos que le hizo a través del Comerciante B.

"En este caso la evidencia es sólida y contundente y enfatizo que la investigación continúa. También quiero recalcar que el juez Acevedo Hernández no es representativo de los jueces de la Rama Judicial de Puerto Rico. La mayoría de los jueces y demás empleados de la Rama Judicial son servidores públicos honestos y trabajadores y no deben ser juzgados por las acciones repugnantes y detestables cometidas por el corrupto juez Acevedo Hernández", señaló Cases, quien en agosto de 2013 anunció que en octubre comenzaría a operar una escuadra para investigar la Rama Judicial y sus componentes.

"Lo que más me llena de satisfacción en este caso es darle la esperanza a la familia de Babilonia que se va a hacer justicia por la muerte de su querido Félix", agregó Cases.

Rodríguez, mientras, aclaró que el entonces fiscal de distrito de Aguadilla, Joseph Esparra, no tiene que ver con este caso, pero que la investigación continúa, en específico contra las personas no identificadas que participaron del esquema para absolver a Lutgardo Acevedo y sobornar al juez. Aseguró que acusarán al resto de los participantes cuando el caso esté preparado.

Los fiscales del caso son el jefe de la unidad de cuello blanco, Timothy Henwood, el jefe de la unidad de crímenes violentos, José Capó, y Peter Mason, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington D.C.

Reacciona la Judicatura 

Al darse a conocer el arresto de Acevedo Hernández, la juez presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, recalcó que la Rama Judicial tiene una política pública de "cero tolerancia" contra la corrupción judicial y recordó que Acevedo Hernández fue relevado de sus funciones tan pronto ocurrió el allanamiento en su residencia en abril pasado.

Indicó que solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que amplíe la investigación que ya está en curso en contra del juez suspendido por violaciones a los Cánones de Ética Judicial.

“Mi primera expresión pública tras ser designada jueza presidenta, en referencia a hechos relacionados a los que hoy nos ocupan, fue establecer que la Rama Judicial de Puerto Rico tiene una política pública firme de cero tolerancia a cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia. Dije en esa ocasión, y hoy lo reafirmo con mayor vehemencia, que para nosotros esa confianza no es negociable”, señaló la juez en un comunicado de prensa.

Añadió que “reconozco que el juez Manuel Acevedo Hernández tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia, pero también es cierto que sobre la función judicial no puede caer ni la más mínima sombra de duda. Por eso, cuando suspendí al juez Acevedo Hernández ordené, simultáneamente, una investigación de su conducta a la luz de los Cánones de Ética Judicial. Esa investigación está próxima a concluir, pero le he requerido a la Oficina de Administración de los Tribunales que la amplíe para atender la conducta imputada que surja de la acusación federal”.

Fiol Matta indicó que la Rama Judicial cooperará con las autoridades locales y federales para lograr procesar a aquellos que violenten las leyes dentro del sistema.

“Al pueblo de Puerto Rico le aseguro que en nuestros tribunales laboran jueces y juezas que son personas íntegras y amantes de la justicia. Les exhorto a mantener la confianza en su sistema de justicia que le ha servido bien a Puerto Rico por tantos años y les reitero nuestro compromiso firme e inquebrantable de continuar trabajando para garantizar una judicatura íntegra, dedicada e imparcial”, aseguró.