Contrario a los procesos del caso de Pablo José Casellas Toro en el tribunal estatal, donde la ciudadanía podía saber minuto a minuto del caso, en el Tribunal Federal no podrán enterarse de lo que ocurra hasta que termine la vista.

Esta mañana se informó que el juez visitante de Virginia asignado a atender el caso, Joseph R. Goodwin, dio instrucciones para que los periodistas dejen sus teléfonos celulares bajo la custodia de alguaciles en el área del vestíbulo del tribunal.

De hecho, la norma rompe las reglas establecidas ya en el Tribunal Federal de Puerto Rico donde ya se utilizaban los teléfonos celulares para alimentar las redes sociales desde las salas judiciales, como ha ocurrido en los casos de pena de muerte.

Se había adelantado que los periodistas no podrían entrar sus celulares a sala para poder reportar lo que ocurre a través de las redes sociales y con adelantos directos a los medios de comunicación, pero el colmo es que tampoco se permitirán dentro de la oficina designada para la prensa.

La lamentable situación ha creado malestar entre los periodistas que se aprestaban a informar a la audiencia todo lo que suceda, pero que ahora tendrán que esperar a que termine la vista para solicitar los teléfonos celulares a los alguaciles para entonces poder dictar lo ocurrido.

A las 10:30 a.m. está pautado el inicio de la vista inicial, de fianza y lectura de acusación contra el hijo del juez federal Salvador Casellas, quien ayer se informó que estará representado por el abogado Franscisco Rebollo Casalduc. El fiscal del caso es Michael E. Gilfarb, traído desde Florida, luego que en Puerto Rico se inhibieran de ver el caso todos los jueces y fiscales de esta jurisdicción.

El pliego acusatorio emitido por un gran jurado el 10 de abril de 2013, detalla que Casellas "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que el 17 de junio de 2012 fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon el cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo para robarle su carro. Sin embargo, según la acusación, el convicto pretendía "crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen" para alegar que le robaron dos armas, que luego fueron recuperadas, una de ellas en su hogar y la otra fue el arma homicidia del asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Por el asesinato de Paredes, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III en Guaynabo, Casellas Toro fue sentenciado ayer a 109 años de prisión.