El juez federal Pedro Delgado concedió hoy una orden protectora que abarcará toda la prueba disponible en el caso de corrupción gubernamental que alegadamente se gestó desde el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

La fiscalía federal pidió la orden en una moción y se discutió el asunto durante una vista de conferencia de status que solo duró ocho minutos, citada a tan solo dos semanas de que se emitieran las acusaciones contra siete personas incluyendo el ex secretario de Recreación y Deportes Ramón Orta.

La orden restringe el acceso a la prensa y el público en general a parte de los detalles de la prueba de este proceso judicial porque coloca como sellada la información relacionada a esos documentos. Solamente los acusados, sus representantes legales y el juez tendrían detalles sobre el contenido de las piezas de evidencia en el caso al menos en esta etapa de los procedimientos.

“El descubrimiento en este caso incluye récords financieros, y otra información que como fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones e información de cuentas de banco”, establece la moción sometida por el fiscal Seth Erbe

Francisco Rebollo Casalduc, abogado de Orta, dijo que se trata de un procedimiento normal.

“Como en el descubrimiento de prueba hay información personal y confidencial de los acusados, para proteger a todo el mundo, se pide esa orden, que es de rutina. Una vez se firme, se entregará el descubrimiento. O sea, que no hemos empezado no hemos recibido todavía algo del descubrimiento de prueba. Estamos empezando”, indicó a medos de prensa.

Rebollo Casalduc se reafirmó en que las acusaciones contra su cliente son falsas.

Además de Orta el resto de los acusados son: Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez, Miguel Sosa Suárez Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves.

Al grupo se le acusa de malversar fondos públicos provenientes de propuestas federales que se suponía debían ir a dar servicios a personas de escasos recursos. A través de facturas con precios inflados el grupo habría robado unos $10 millones.

La próxima vista de status del caso se citó para el 20 de octubre.

Mientras, el magistrado Bruce McGiverin vio en un proceso separado una vista para discutir un posible conflicto de interés entre los abogados de dos coacusados, los esposos Cecilia Amador e Irving Riquel Torres.

Sus representantes, Joseph Laws y Malanie Matos respectivamente, informaron al magistrado que comparten gastos de oficina aunque no son socios.

McGiverin le explicó a los coacusados tres ejemplos de posible conflicto de interés cuando abogados de una misma firma representan a dos personas, como cuando uno de los coacusados quiere declararse culpable y el otro no, o hay un testigo que ayuda a uno, pero hunde al otro, lo que pone a los abogados en una posición difícil.

Aunque ambos entendían que estaban dispuestos a mantenerse con los abogados, el posible conflicto quedó fuera del panorama porque Amador declaró que no podía seguir pagando los honorarios de Laws, quien la representó desde diciembre del año pasado la durante la pesquisa federal y el proceso previo a la acusación formal.

Por lo tanto, hoy mismo la Oficina de Defensor Público federal le asignó el abogado Miguel San Juan De Martino.