El juez Aldo González Quesada, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, exoneró en la tarde de hoy, martes, al expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker Ramos y al exrector de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, de toda imputación de delito relacionado a la otorgamiento de las becas presidenciales en 2015.

González Quesada comparó la presunción de inocencia con “una estatua de bronce”. “El llamado a destruir esa estatua es el Ministerio Público. Tiene que ser con golpes suficientemente fuertes. Si no se destruye o queda a medio destruir, pues el veredicto tiene que ser de no culpabilidad”, expuso el juez ante los acusados puestos de pie delante de él.

Entonces, el juez agregó en torno a la prueba presentada: “En este caso, el Ministerio Público ha dado golpes a la estatua, pero no ha sido lo suficientemente convicente para tumbar esa estatua”.

Los fiscales especiales independientes (FEI) sometieron ayer, lunes, su caso penal por el supuesto mal manejo de $65,000 en la otorgación de dos becas presidenciales en el recinto de Río Piedras. Estas becas se crearon con el próposito de reclutar a catedráticas de áreas que fuesen críticas o prioritarias para la Universidad.

En 2015 salió a relucir que Walker Ramos le había otorgado becas presidenciales, entre otras personas, a Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez; a Carlos Pagán Cueva, exasistente de Antonio García Padilla, expresidente de la institución universitaria del país; y a Arturo Ríos Escribano, exasesor en asuntos públicos del exgobernador Alejandro García Padilla.

El juicio inició el 8 de septiembre y el Ministerio Público citó como testigos a la decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian I. Neptune Rivera; la decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras para el 2015, Palmira Ríos; Carlos Díaz Olivo e Hiram Meléndez Juarbe, profesores de la Escuela de Derecho; a la exvicepresidenta de Asuntos Académicos de la UPR, Delia Mercedes Camacho Feliciano; y a Ana Álvarez Castro, secretaria ejecutiva en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

Walker Ramos enfrentaba dos cargos por infracción al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe que un servidor público utilice las facultades de su cargo para beneficiarse a él o a terceros, por las becas otorgadas a Carlos Pagán Cuevas y Mónica Sánchez Sepúlveda. Además, está acusado de dos cargos por malversación de fondos y uno por incumplimiento del deber, ambos bajo el Código Penal.

Mientras, Severino enfrentaba dos cargos por infracción al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por las becas de Pagán Cuevas y Sánchez Sepúlveda, así como dos cargos por intervención indebida en las operaciones gubernamentales y uno por incumplimiento del deber, ambos del Código Penal.