Ponce. El juez Rubén Serrano Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad Señorial, no le dio paso este martes a la petición que realizaron los abogados del suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, para que el proceso criminal en su contra fuese trasladado a un tribunal de otra región.

Ponce. El juez Rubén Serrano Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad Señorial, no le dio paso ayer a la petición que realizaron los abogados del suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, para que el proceso criminal en su contra fuese trasladado a otra región.

La controversia, sin embargo, logró que la vista preliminar quedara suspendida y sin una fecha exacta de cuándo se realizaría.

A su salida de la sala del tribunal ponceño, Irizarry Pabón se limitó a decir que “Dios tiene el control” y que no haría comentarios sobre el caso judicial que enfrenta.

“No tengo comentarios. Vamos a seguir enfrentando el proceso”, argumentó suspendido alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

La paralización del caso judicial se debió a que su abogado, José Andreu Fuentes, reclamó que el juez estipulara por escrito sus argumentos para declarar “no ha lugar” la moción del traslado del caso a un tribunal de otra jurisdicción. Luego, la defensa, que también incluye a los abogados Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco, procederían a determinar si solicitan una reconsideración o si recurre al Tribunal de Apelaciones. Así se estipuló durante la vista judicial en la que se intentó comenzar el desfile de prueba contra el suspendido alcalde por un presunto enriquecimiento ilícito.

Debido a la posible apelación, Serrano Santiago citó a una vista del estado de los procedimientos para el 1 de febrero a la 1:30 p.m. a través de videoconferencia.

Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

Se suponía que este martes iniciara la vista preliminar. La fiscal especial independiente (FEI), Zulma Fúster, informó en corte abierta que presentaría ocho testigos en contra del alcalde. Todos estuvieron presentes en el tribunal. Sin embargo, la vista se centró en la pugna para trasladar el caso a otro tribunal. Tanto Andreu Fuentes como Fúster argumentaron sus posiciones.

El abogado de Irizarry explicó al juez que su petición no está ligada a una petición de inhibición del magistrado. Señaló que estaba relacionada a que mantener el caso en el Tribunal de Ponce, jurisdicción donde Irrizary Pabón tenía un cargo político, “pone en juego la pureza de los procedimientos”.

Dijo que mantener el proceso en el Tribunal de Ponce “puede poner en juego la imparcialidad del caso y de una región judicial. Aquí se trata del alcalde de Ponce. Es el funcionario gubernamental de mayor importancia. Aquí muchos funcionarios y aun jueces reciben servicios en el municipio de Ponce. De alguna manera han solicitado los servicios y lo que fuera con el municipio de Ponce. El alcalde conoce funcionarios de este tribunal. Es natural que un alcalde del pueblo, de Ponce, en esta jurisdicción de Ponce, es natural que tenga interacción con funcionarios”.

Como segundo punto, Andreu Fuentes trajo a relucir que el candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y contrincante de Irizarry Pabón, Pablo Colón, es un abogado que ha litigado por 35 años en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y ha recomendado nominaciones o renominaciones a jueces para la región.

“No se trata de afectar a nadie. Nosotros lo que queremos con este planteamiento, a lo que va dirigido es a fortalecer el sistema judicial. El que tiene que protegerse aquí no es el acusado, es el sistema judicial para evitar una apariencia indebida. No se están haciendo imputaciones a nadie”, afirmó el abogado.

La fiscal, por su parte, indicó que “nos sorprende en gran manera los argumentos que esbozan para solicitar un traslado”.

Fúster alegó que los puntos traídos por los abogados de defensa no cumplen con los criterios específicos que exponen las reglas del tribunal ni la jurisprudencia para cambiar de tribunal un proceso judicial. Enumeró que para cambiar un proceso judicial de una región debe haber un pleito con un juez o empleado de la región, indicio de que habría un juicio imparcial, desorden público o amenaza de muerte al acusado.

“Aquí no se está cerca de cumplir esos criterios. Se está dando totalmente en el vacío”, sostuvo.

Fúster también estableció que se hicieron “conjeturas” sobre una tercera persona que no es parte del caso, como lo es el licenciado Colón.

La fiscal no sólo se opuso al traslado del proceso judicial, sino que también reclamó que la vista preliminar no fuese suspendida.

A su salida de la sala, comentó que estos retrasos en el caso no afectan la prueba que presentarían en contra del suspendido alcalde.

“Nosotros, obviamente, estamos interesado en ver nuestro caso lo antes posible, porque entendemos que ya estamos listos. Pero, tampoco estos retrasos van a provocar ningún tipo de situación que vaya a afectar nuestro caso. Nuestros testigos están bien comprometidos y estamos listos”, manifestó.

Por otro lado, Andreu Fuentes rechazó que la intención de traer esta controversia del traslado de tribunal sea para retrasar el caso, debido a que el alcalde llegó a un acuerdo con el PPD de que si le encuentran causa para juicio renunciaría a su cargo político.

Había trascendido, además, que el PPD fijó una fecha para que la decisión judicial se realizara. Aunque se alegó que esa fecha era el 16 de febrero, el representante Ángel “Tito” Fourquet rechazó que ese fuese el día.

“Nosotros tenemos que entender que aquí hay un proceso judicial que tiene que tener prioridad sobre procesos políticos”, dijo.

Se alega que el acuerdo incluye que Fourquet sustituiría a Irizarry Pabón como candidato a alcalde en las próximas elecciones. El legislador no quiso hablar sobre el tema, al alegar que “no es prudente”.

Ha trascendido que hay otra persona interesada en aspirar a alcaldesa si Irizarry Pabón se retira. Se trata de la vicealcaldesa Marlen Sifre.

¿Fideicomiso para pagar la defensa?

Por otro lado, Primera Hora intentó confirmar si es cierto que Irizarry Pabón creó o auspició la creación del Fideicomiso Defensa y Verdad LMIP para recaudar fondos para costear los abogados de defensa.

Irizarry Pabón no respondió preguntas de la prensa. Mientras, este diario se acercó a una de sus hijas para ver si podía confirmar o rechazar la creación del Fideicomiso, pero aludió a que no responde preguntas de la prensa.

Asimismo, Fourquet estableció que “no me consta nada de eso”.

También se le cuestionó al senador Ramoncito Ruiz, quien estuvo presente al Tribunal. Alegó que no cree que el alcalde haya apoyado a tal fideicomiso.

El abogado Andreu Fuentes, por su parte, señaló que “no tengo contestación para eso” cuando se le preguntó por el fideicomiso.

Este diario tuvo acceso a un mensaje por Whatsapp que, supuestamente, se ha regado en la zona de Ponce, que recaba la ayuda económica para costear los abogados de defensa el suspendido alcalde. El mensaje dice que las personas pueden donar hasta $8,000 y que deben depositarlo a una cuenta en el Banco Popular.