El cantante Daddy Yankee solicitó esta noche al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, a conceder tiempo adicional a su esposa, Mireddys González, y su cuñada, Ayeicha González, para entregar los accesos a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangri Inc.

El equipo legal del exponente urbano informó a Primera Hora, en declaraciones escritas, a que pidieron “en acto de buena fe que le de a las demandadas hasta mañana a las 4:00 p.m. para cumplir”.

El juez superior, en una moción aparte, aprobó la solicitud, a la vez que informó que la orden de arresto e ingreso por desacato civil contra las codemandadas “queda en suspenso”.

Dicha solicitud de término, emitida por los abogados Carlos Díaz Olivo, Heileen Colberg Birriel y Anabelle Torres Colberg, se realizó a minutos de que se le declarara incursa en desacato civil a la futura expareja del artista, lo que hubiera conllevado a una orden de arresto en su contra.

En el documento, la parte demandante respondió a un señalamiento realizado por algunos de los abogados de la futura expareja del artista, David Carrión Baralt y Pilar Pérez Rojas, donde indicaron que estos intentaron comunicarse mediante llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos para acordar la entrega de un “pen drive” con la información requerida para acceder a las diversas cuentas de las empresas musicales, pero que las gestiones fueron “infructuosas”.

“Henos (sic.) cotejado nuestro teléfono celular y nuestro correo electrónico y no hemos identificado ningún tipo de comunicación del Lcdo. Carrión ni de los otros abogados de la parte demandante. En cuanto a la Lcda. Colberg, esta respondió por escrito a la representación de los demandados”, resaltó el experto en derecho corporativo.

La moción, sin embargo, aseguran que realizó una conferencia telefónica, donde los letrados que representan a González Castellanos “insistían en entregar un dispositivo el cual no satisface lo que se discutió ante el Honorable Tribunal y que este ordenó expresamente”.

“Lo que se ofreció no permite acceder de inmediato a la administración de los distintos portales electrónicos y sus respectivas contraseñas, pues para ello es necesario la participación del administrador saliente y del nuevo administrador autorizado”, lee el documento legal, resaltando que propusieron otra conferencia a las 7:30 de la noche, pero “como acto de buena fe”, decidieron efectuar la solicitud para aplazar la entrega de los accesos.

Por otro lado, la representante legal de González Castellanos, Pilar Pérez Rojas, radicó una solicitud de orden donde pidió que el dispositivo electrónico en controversia “se puede consignar en la sala de investigaciones del Centro Judicial de San Juan o en cualquier otra localización que el Tribunal considere segura y que permita el cumplimiento con la Orden por parte de las aquí comparecientes”, destacó.

Pero ante esta solicitud el mismo magistrado lo declaró “no ha lugar”, asegurando que tanto la orden que se emitió el 20 de diciembre, así como el del día de ayer y la tarde de hoy, sábado, “fueron lo suficientemente claras para entender, sin vacilación, lo que la demandada debía entregar relacionado al cambio de contraseñás, de manera que pueda asumirse de inmediato la administración de los diferentes portales por el demandante”.

“Conforme a lo informado por el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, abogado de las corporaciones demandadas, nuestra orden no ha sido cumplida. Aténgase a las consecuencuas”, resaltó Cuevas Rojas, haciendo referencia a la moción informativa del licenciado, donde aseguró que recibió ayer, viernes, un “pen drive”, pero que el mismo no contaba con los datos requeridos en la orden judicial.

Dicha resolución se produjo luego de que alegara que se le entregó toda la información que le daría acceso al cantante de todas las cuentas bancarias, redes sociales, sistemas de regalías y otros trámites electrónicos de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc.

En una moción de cumplimiento de orden, la licenciada Pérez Rojas, manifestó que se sorprende con la reciente orden que solicitaba a su clienta que tenía “hasta las 8:00 pm del día de hoy para entregar los accesos que se le requirió entregar durante la vista de ayer”, o si no, se ordenaría su arresto por desacato civil.

En el recurso, la abogada aseguró que “no se nos concedió término para contestar la moción del demandante antes de emitir la orden”. Igualmente, el documento judicial lee que esta entregó la certificación de renuncia de las codemandadas y se reunió con el actual abogado de las empresas, a quien alegó que les entregó los accesos solicitados, al tiempo que resaltó que González Castellanos habló directamente con este “para coordinar la redacción de unas cartas necesarias para los accesos a las contraseñas de los distintos portales electrónicos relacionados a la operación de las corporaciones”.

“El licenciado Vissepó se fue de nuestras oficinas cerca de las 6:45 de la tarde de ayer sin expresar inconformidad con la información provista”, adujo, a la vez que indicó que sigue trabajando para proveer la información “específica” solicitada en la vista mediante un listado que se presentó el 30 de noviembre a las codemandadas, así como las peticiones que realizó el experto en derecho corporativo en la última vista para mostrar causa.

Cabe destacar que la moción de desacato radicado por la parte demandante se presentó a las 7:28 de la noche, asegurando que “no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal”.

“Los suscribientes todos cancelaron sus compromisos y confiaron en las múltiples expresiones de la licenciada (Pilar) Pérez de que más tarde se estaría efectuando la reunión para proveer los accesos. Luego de tiempo de espera, y que en más de una ocasión esperando en línea se enganchara el teléfono, la licenciada Pérez indicó que hoy, (ayer, viernes) no habría de entregar los accesos. Por lo que una vez más, las codemandadas incumplen con lo ordenado y abiertamente optan por desacatar al propio Tribunal. Una vez más, la parte demandante fue burlada en su buena fe. Por tanto, se solicita se encuentre en desacato a las codemandadas hermanas González, según apercibidas. Así también emita orden urgente en protección del demandante y las entidades corporativas”, establece dicho recurso.

La moción emitida se produjo a horas de que pudiera ser declarada incursa de desacato civil por no cumplir con la orden que se emitió ayer, viernes, donde le solicitó a la demandada que entregara la información requerida para que el artista pueda tener control total de las empresas que fundó para manejar su carrera.