Los exjueces del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García, Francisco Rebollo López, Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez demandaron el pasado martes al director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo Rodríguez, y a la propia Junta para exigir que les ajusten las pensiones a los nuevos salarios que reciben los jueces del Supremo y que les paguen el retroactivo correspondiente.

La demanda la presentaron los abogados José Andreu Fuentes, Francisco Rebollo Casalduc, Frank Torres Viada y el exjuez Alfonso Martínez Piovanetti.

Según surge del expediente judicial, ayer, miércoles, Collazo Rodríguez y la Junta fueron emplazados por un empleado del tribunal. Mientras, el caso fue asignado al juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Primera Hora solicitó una reacción de Collazo Rodríguez y se espera por la respuesta.

En la demanda, específicamente, se solicita que “el honorable tribunal declare ha lugar la petición de epígrafe y, en su consecuencia, dicte sentencia de mandamus a favor de la parte peticionaria, ordenando a la parte peticionada que realice inmediatamente los ajustes correspondientes en la pensión de los jueces retirados del Tribunal Supremo y pague el incremento retroactivo de todas las sumas adeudadas a los jueces retirados comparecientes”.

El aumento salarial a los jueces del Supremo se aprobó al cierre de la última sesión ordinaria de la Legislatura, a finales de junio de este año. Fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el 15 de julio pasado, convirtiéndose en la Ley 101-2024.

El salario de los jueces del Supremo, sin embargo, entró en vigor el 1 de julio de 2024, dice la demanda.

Según la nueva ley, al juez presidente del Tribunal Supremo se le aumentó el salario de $125,000 a $164,265 anuales.

Fiol Matta y Hernández Denton se retiraron como presidentes del Tribunal Supremo. Pero, no se detalla en la demanda si les correspondería el mencionado salario.

Mientras, la ley aumentó el salario de los jueces asociados de $120,000 a $153,519.

Según el recurso legal, las pensiones de los jueces retirados debe ser la totalidad del salario de los cargos ocupados.

“A pesar de que la Ley Núm. 101-2024 supuso un incremento en los sueldos correspondientes a los cargos de juez presidente y juez asociado, los jueces retirados del Tribunal Supremo aún no han visto reflejado ajuste alguno en sus pensiones ni tampoco han recibido el incremento salarial retroactivo dispuesto en la referida ley, según lo requiere el derecho aplicable”, indica la demanda.

Se establece que ya ocurrió una demanda en el pasado (Dávila versus ELA), que ganaron jueces retirados del Supremo, en la que se “ordenó al estado pagar a todos los jueces retirados y a los jueces activos (cuando llegara el momento de su retiro) una pensión computada a base del sueldo del cargo, incluyendo incrementos futuros”.

Por ello, la demanda expone que, “consecuentemente, la parte peticionada tiene la obligación de acatar los principios constitucionales y normativos expuestos en el mencionado dictamen y realizar el ajuste correspondiente a las pensiones de los jueces retirados de epígrafe, así como a pagar el incremento retroactivo, lo cual constituye un deber ministerial en virtud de la Ley Núm. 101-2024 y el Artículo 9 de la Ley de Retiro de la Judicatura. Hasta el presente, la parte peticionada no ha cumplido con el referido deber ministerial de ajustar las pensiones de los jueces retirados y de pagar retroactivamente las sumas adeudadas al presente, el cual dimana claramente de la Ley de Retiro de la Judicatura y de la normativa aplicable tras la aprobación de un aumento salarial para todos los jueces en virtud de la Ley Núm. 101-2024″.