Caguas. La juez Ana P. Cruz Vélez, del Tribunal de Primera Instancia en Caguas, resolvió varias controversias durante una vista de seguimiento en el caso contra el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López por siete cargos por violación a la Ley para la Prevención e Intervención de Violencia Doméstica.

López es acusado por, presuntamente agredir física y emocionalmente a su expareja, Andrea Castro Ojeda, conocida como La Peki. Los incidentes se remontan al pasado septiembre cuando la perjudicada lo acusó a través de las redes sociales donde mostró varias imágenes con moretones en el rostro.

Cruz Vélez atendió la solicitud que López presentó a través del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) para que se le permita trabajar mientras el caso continua su curso. La juez escuchó el informe de un funcionario de PSAJ que confirmó que los servicios de López como entrenador personal han sido contratados por varias personas en la zona metropolitana.

“No tenemos quejas sobre el comportamiento del acusado y tampoco hemos recibido llamadas de la perjudicada. Hasta la fecha, las actuaciones de López han sido satisfactorias según los requisitos establecidos por el tribunal”, dijo el funcionario en sala.

El fiscal Jaime Perea levantó objeciones en cuanto a que los clientes de López residen en San Juan y Guaynabo por lo que tendrá que salir de las limitaciones geográficas dado que el expúgil reside en San Lorenzo. Sin embargo, Cruz Vélez accedió a la petición de López bajo unas estrictas condiciones para salvaguardar la orden de protección vigente a favor de Ojeda Cruz.

“Nos parece que lo más justo es conceder el permiso para trabajar. Ahora, tengo que garantizar los derechos tanto del acusado como de la víctima”, dijo Cruz Vélez, quien presidirá el juicio de López programado para comenzar en marzo de 2022. “En la eventualidad de que aumente la cantidad de clientes, tiene que será en coordinación con el personal de PSAJ. Lo más importante es que no se puede comunicar con la alegada perjudicada. No puede aceptar ni hacer llamadas de ninguna forma, ni con el pensamiento”, advirtió.

Por otro lado, el ministerio público adelantó que solicitará que el testimonio de Ojeda sea por circuito cerrado.

“En su momento se presentará una moción con las razones para que el Tribunal tenga la discreción de ordenarla”, argumentó Perea en sala.

La juez determinó que la mencionada controversia será resuelta el próximo 12 de enero cuando iniciará el proceso para escoger a los integrantes del jurado. Los fiscales presentarán a un trabajador social para que declare para abonar a la petición.

Tensión en sala

El fiscal Perea y Jaime Barceló, abogado de López, tuvieron un careo sobre la evidencia que fue sometida por parte de la defensa. Perea reclamó que los contenidos de unos intercambios de mensajes de textos entre Lope y Ojeda están incompletos.

Barceló argumentó la defensa no los posee debido a que, presuntamente, fueron borrados por Ojeda Cruz.

“Entendemos que la evidencia esta incomplete. Tanto los mensajes enviados por la perjudicada como los enviados por el acusado son pertinentes como parte del descubrimiento de prueba”, sostuvo Perea.

Barceló, por su parte, respondió que su cliente no posee los mensajes.

“Esa evidencia es específicamente es un chat entre las alegadas perjudicada y el acusado. Hay evidencia que López no tiene en su poder la totalidad de los mensajes. Están en el celular de la alegada víctima. Los mensajes enviados por ella no están en el celular del acusado. Solo tenemos los que Juanma pudo recuperar y están sometidos”, indicó.

Cruz Vélez determinó que dicha controversia será discutida a fondo en enero y, a su vez, anticipó que surgirán otras disputas a medida que se presentes las pruebas del caso.

“Les adelantó que tendrán que venir preparados para argumentar y luego decidiré porque iniciará el proceso para la selección del jurado y no deseo que estemos toda una tarde discutiendo las controversias por evidencias”, afirmó.