La fiscalía federal concluyó hoy la presentación de su prueba en el caso contra Héctor Martínez y Juan Bravo.

En total testificaron 13 personas acerca transacciones bancarias, proyectos de ley y procesos políticos.

El juez Francisco Besosa informó que mañana concederá una vista en que la defensa pedirá la absolución perentoria de los cargos.

Los abogados de Martínez y Bravo intentan establecer que el viaje a Las Vegas que el empresario y dueño de Ranger American le pagó al entonces senador no se trató de un soborno.

Según trascendió esta tarde, para mayo de 2005 Juan Bravo le pagó al menos una noche en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas al entonces senador Héctor Martínez según reflejan los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito y los pagos registrados en la hospedería.

La fiscalía mostró en sala los estados de cuenta y las facturas de hotel para demostrar cómo las fechas y las cantidades coincidían con los cargos de estadía del exlegislador.

Sin embargo, el pago de la segunda noche en el hotel para Héctor Martínez salió de la tarjeta de crédito del también senador para aquella época, Jorge de Castro Font, según constató Daniel Barber director de servicios de la recepción del hotel, testigo en el segundo juicio contra Bravo y Martínez.

Según el ejecutivo, tanto Bravo, como Martínez y De Castro Font recibieron la designación de “very important person” o VIP, que solo se le otorga al 1% de los huéspedes en las 4,000 habitaciones del Mandalay Bay. Una de las formas de lograr esa distinción es si se invierte una gran cantidad de dinero en el casino. Luego Barber aclaró que también hay tarjetas de puntos que influyen en la designación.

El ejecutivo no pudo decir si el trío estuvo en el casino y si gastaron mucho dinero allí. Tampoco pudo establecer si usaron las muchas atracciones del hotel como el acuario o la playa artificial.

Mientras Tanya Pérez, ejecutiva del área de tarjetas de crédito del Banco Popular, consignó a través de los estados de cuenta de Héctor Martínez, que el exfuncionario no hizo ninguna transacción desde su cuenta de banco los días 14, 15, 16 y 17 en los que estuvo en Las Vegas y en South Beach antes de regresar a Puerto Rico.

El abogado de Martínez, Abbe Lowell, le mostró a Pérez documentos que prueban que el exsenador tenía una cuenta en el desaparecido Western Bank y otra en RG Premier.

De la de Western Bank hubo un retiro de $1,000 el 27 de abril de 2005 apenas unos días antes del viaje.

De la otra hubo dos retiros, uno por $500 y otro por $200 el 4 de mayo de 2005. Aunque Pérez no puede establecer quien hizo los retiros ni para qué, la defensa buscaba sembrar la duda de que Martínez pudo haberle reembolsado a Bravo los costos de pasaje y una noche de hotel en la ciudad.

Nebuleo con licencia de detective privado

En horas de la mañana Néstor Medina, exgerente general de la empresa Loomis Fargo, el mayor cargo en la Isla, admitió que no tuvo la licencia de detective privado como se lo exigía la ley por casi 10 años.

Medina afirmó a preguntas del abogado de Bravo, Jason Weinstein, que entre 1998 y 2003 en los papeles oficiales ante la Policía, quien aparecía como “senior executive officer” de la empresa Loomis era Otilio Martínez. Este era un conductor de camiones blindados a quien se le pagaban $200 mensuales por el alquiler de su licencia de detective privado para cumplir con el requisito.

Luego un vicepresidente de seguridad identificado como Richard Emmanuelli fue quien se designó como la persona con la licencia requerida.

De esta manera, la defensa buscaba impugnar la credibilidad del testigo.

Medina dijo que estaba al tanto de que la ley exigía que fuera él como el de mayor rango en la empresa en la Isla, quien tuviese la licencia de detective privado, pero aseguró que no fue su decisión sino de la “corporación”.

No fue hasta después del 2007, luego de que el empresario Juan Bravo demandó a Loomis Fargo, precisamente por incumplir la ley, que entonces Medina hizo las gestiones correspondientes para tener su licencia y fue en el 2008 cuando finalmente la obtuvo.

“¿Era la primera vez en 10 años que la solicitud de Loomis tenía su nombre y era la primera vez que Loomis solicitaba correctamente la licencia de detective con usted como principal oficial ejecutivo?”, le cuestionó Weinstein, a lo que Medina respondió en la afirmativa.

Medina admitió además que detrás del proyecto 471 que enmendaba la ley de detectives privados y cobijaba a empresas de seguridad y de acarreo de valores, podía haber la intención de que empresas como Loomis “cumplieran con la ley”.

Luego de arreglar sus asuntos operacionales, las labores de Loomis nunca se interrumpieron, esa compañía no dejó de ganarse ni un dólar y Ranger American no se quedó con el monopolio de la industria de seguridad privada, reconoció Medina.

Bravo y Martínez resultaron convictos en el 2011 y cumplieron cerca de un año de cárcel, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto. La fiscalía decidió volverlos a enjuiciar. Ahora Martínez y Bravo enfrentan cada uno un cargo de soborno en este segundo juicio. La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó a Martínez los gastos para ir a ver la pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright a cambio de que el legislador aprobara dos proyectos de ley que ayudaban a su negocio de seguridad privada.