El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, solicitó auxilio del Tribunal, bajo el amparo de la ley y “so pena de desacato”, para que tanto el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como el Departamento de Justicia entreguen en tres días una copia del Informe Investigativo del Grupo Interagencial sobre el almacén de suministros del Negociado de Manejo de Emergencia (Nmead) en Ponce, ante el hallazgo y la denuncia ciudadana del pasado 18 de enero.

El local fue encontrado a principios de año, en medio de la emergencia por los terremotos, y contenía suministros no entregados que databan de la recuperación del huracán María.

“No abandonaremos las facultades investigativas y legislativas que la Constitución, las leyes, el reglamento del Cuerpo y la jurisprudencia le reconocen a la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, sostuvo el líder del Partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas.

Y es que, la postura legal de la cámara baja se reafirma en que el “Informe de las 48 horas” no es parte del sumario fiscal y aún si lo fuera, este no puede ser ocultado a quienes establecieron la política pública sobre dicho procedimiento: los legisladores.

El pasado 22 de enero, la Resolución de la Cámara 1696 fue creada para crear la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que preside el representante y portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Cabe señalar que, ante la negativa en vistas públicas tanto del comisionado del NIE, Héctor López, como de la titular de Justicia, Dennise Longo, de suministrar dicha información pertinente a la “Comisión Especial”, luego de la actividad símica de la madrugada del 7 de enero, Rodríguez Aguiló les advirtió a los deponentes que acudirían al Tribunal para hacer valer las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tal cual establece el Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, según enmendado.

El trámite fue realizado por los licenciados Carlos Rivera Justiniano, Víctor Calderón Cestero (ambos asesores de la Comisión Especial) y Verónica Ferraiouli Hornedo, quien, también, es abogada de la Cámara para este tipo de procedimientos.