Un esquema de extorsión y lavado de dinero que se llevó a cabo desde el 2005 en el Puerto de San Juan presuntamente ha afectado significativamente el comercio interestatal y extranjero en Puerto Rico, aseguró el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Es por esto que agentes arrestaron esta madrugada a seis hombres y una fémina, quienes aparentemente protagonizaron el esquema criminal y se beneficiaron de $1,184,525, una residencia, un vehículo y un bote.

“En el día de hoy han sido arrestados individuos oportunistas que hicieron todas estas cosas para su beneficio personal. El que sufre es el consumidor que tiene que pagar los productos más caros”, manifestó el agente a cargo de la oficina local del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), Joseph González, en conferencia de prensa.

“Violar la ley no puede ser la manera de hacer negocios en Puerto Rico. La empresa criminal no puede ser el legado que dejemos a nuestros hijos”, añadió.

Los imputados, acusados el pasado jueves por un gran jurado federal, son: Pedro Pastrana González, dueño y gerente de la compañía JCPY Inc.; Iara Clemente Rivera, exesposa de Pastrana; Carlos Sánchez Ortiz, el presidente de la unión de trabajadores de mulles ILA local 1740; y Jorge Batista Maldonado, empleado de la Autoridad de Puertos. También se arrestaron a tres empleados de JCPY: Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.

“El esquema afectó el comercio interestatal y extranjero y el comercio entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes británicas y americanas”, aseguró el fiscal federal, W. Stephen Muldrow.

¿Cómo era el esquema?

Acorde a la acusación, este grupo sobornaba a empresas navieras que operan en los mulles 9, 10 y 11 del Puerto de San Juan, donde se transporta e importa productos mediante empresas privadas, alegando que tenían que pagar una tarifa si utilizaban su propia tripulación en el trabajo portuario. De no acceder al pago, amenazaban a las compañías navieras con obstaculizar el acceso de sus barcos mediante piquetes de los miembros de la unión. Muldrow aclaró que el esquema no tenía relación con la huelga en los puertos del 2021 por conflictos obreros patronales. Los pagos exigidos variaban según el peso, por lo que oscilaban entre $10,000 y $20,000 al mes.

“Desde aproximadamente el 2005, las pequeñas empresas navieras que operan en el Puerto de San Juan- uno de los principales puertos de entrada en Puerto Rico- han sido objeto de amenazas y mentiras diseñadas para obtener dinero ilegalmente de ellas”, explicó Muldrow.

“Los miembros de la empresa declararon falsamente que las compañías navieras de los muelles tenían que pagar una tarifa para utilizar su propia tripulación para el trabajo portuario. Para que las compañías navieras utilizaran su propia tripulación, la cual generalmente consistía de ciudadanos residentes de los Estados Unidos, las compañías solo tenían que solicitar permiso del Departamento de Trabajo federal”, agregó.

Muldrow resaltó que, aunque JCPY se incorporó como una empresa estibadora involucrada en el manejo de carga, no tenía empleados que ejecutaban estas labores y no brindaba servicios a ninguna de las compañías navieras que operaban en las muelles. Por lo tanto, al recibir el dinero, los empleados no prestaban el servicio que decían que prestarían

Esos fondos eran depositados directamente a la cuenta bancaria de JCPY o eran ocultados mediante el Plan de Bienestar UTM-PRSSA, que se supone facilite a los trabajadores portuarios acceso a servicios de salud. Específicamente, a Torres Barroso, Fernández Cruz y Hernández Laguer se les acusó de participar de un acuerdo de tomar fondos ilegalmente y falsificar registros del plan.

“Las navieras que pagaban a JCPY no recibían ningún tipo de servicio por parte de la compañía”, comentó Muldrow. “El dinero recolectado lo utilizaban para enriquecimiento ilegítimo y no como un medio legítimo para obtener salarios y beneficios para miembros de la unión ILA 1740″, añadió.

Asimismo, Pastrana González y Clemente Rivera reportaban las horas trabajadas para cumplir con el requisito de elegibilidad del plan de bienestar de empleados participantes de 210 horas de trabajo sin haber cumplido con ese horario. Por lo contrario, hicieron que otras personas utilizaran sus nombres para así beneficiarse del plan.

“Las personas que realizaban los trabajos presentaban las tarjetas de membresía sindical, emitida por la unión a nombre de un miembro del sindicato para acreditar falsamente a miembros del sindicato por las horas trabajadas”, describió.

“El que viola la ley para ayudarte no está ayudando. El que extorsiona a comerciantes y te dice que la única manera de hacer negocios en Puerto Rico es pagando sobornos no está ayudando en nada a Puerto Rico. El que usa una unión obrera para su beneficio personal o para esconder actividad legal no está ayudando a la clase obrera”, reiteró González.

Total de siete cargos

Los cargos incluyen:

  • Cargo #1: conspiración bajo el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley RICO) – hasta 20 años de prisión
  • Cargo #2: conspiración por extorsión de ley Hobbs - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #3: conspiración para cometer fraude postal y electrónico - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #4: conspiración para violar la ley Taft-Hartley – hasta 5 años de prisión
  • Cargo #5: conspiración de lavado de dinero - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #6: conspiración para convertir fondos deliberadamente y falsificar registros del plan de bienestar - hasta 5 años de prisión
  • Cargo #7: fraude a planes médicos - hasta 10 años de prisión

Pastrana González y Clemente Rivera enfrentan los siete cargos, mientras que Sánchez Ortiz los primeros cinco. Batista Maldonado enfrenta los cargos 1 al 3 y Torres Barroso, Fernández Cruz y Hernández Laguer enfrentan los cargos 6 y 7.

Además del FBI, en el operativo participó la Policía Estatal, la Policía Municipal de San Juan y Carolina y el Departamento de Justicia.