La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre la violación a los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos por parte de la Policía de Puerto Rico, ahora llama la atención pero al Gobierno de la Isla y al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, por un patrón de violaciones interno.

Así lo denunció hoy el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, que dijo a Primera Hora que el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, lo llamó para anunciarle la celebración en febrero de una cumbre de violación de derechos civiles por parte de la alta gerencia de la Policía.

Figueroa dijo que a la crisis que ya enfrenta el cuerpo policíaco se suma la violación de los derechos civiles a los uniformados, lo que ha provocado la alerta roja en la ACLU.

Aseguró que la tortilla se viró porque ahora investigarán violaciones dentro de la propia agencia.

“Líderes de organizaciones que han levantado la voz para denunciar cómo se encuentra el policía, (se han convertido) en víctimas por levantar esa voz y enfrentan investigaciones administrativas que conllevan expulsión hasta de la Fuerza”, denunció Figueroa.

Precisamente ayer se realizó una conferencia donde agentes se colocaron cinta adhesiva en la boca para denunciar que “el estado los quiere callar”.

“A muchos otros agentes que están siendo investigados se les violenta el debido proceso de ley, de notificación… de ponerlos nuevamente en sus puestos cuando han probado su inocencia… Eso está ocurriendo dentro de la agencia… y los casos se están viendo en tres o cinco años”, sostuvo.

“Hace tiempo el licenciado Ramírez había expresado que se habían violentado los derechos civiles a los policías pero ahora él ha llamado a una cumbre viendo la gravedad que hay de violaciones de derechos civiles en la Policía y de las denuncias en las investigaciones administrativas, en los traslados, en los castigos, en proteger a individuos que han sido señalados por violencia sexual contra mujeres policías y que después han desaparecido los expedientes…”, mencionó el líder de la FUPO al enumerar el alegado patrón en esa agencia.

Insistió en que estas prácticas afectan directamente a la ciudadanía porque cada día son más los oficiales que abandonan el país “porque no aguanta más persecución”.

También mencionó que aunque algunos uniformados están recibiendo unos dineros por ajustes salariales, la realidad es que el que cobra $30,000 le debían $50,000.

“Entonces, al policía ver todos estos abusos se está enfermando, se está marchando, y los criminales están haciendo de las anchas en las calles”.

Figueroa resumió que ante esa realidad, “Ramírez, como persona responsable que en un momento utilizó todas las instrumentalidades (federales, estatales, como de su oficina) para que la Policía estuviera en una reforma, se ha percatado ahora que aquí a los que había que reformar era a los administradores de la Policía; a los gobiernos que administraron la policía… y no a los policías, porque esos eran los verdaderos violadores de derechos civiles, y se los violaban a los policías y a través de los policías a los ciudadanos”.

Confía en que con el encuentro de febrero se haga “una investigación justa de dónde están los verdaderos violadores de derechos civiles”.

Dijo que Ramirez “está mirando el otro lado de la moneda y nosotros recibimos con beneplácito su invitación. Vamos a estar allí, vamos a apoyar las investigaciones, a presentarle las evidencias que tengamos que presentar y vamos a esperar que de la misma forma que la policía fue puesta dentro de una reforma, ver cómo se reforma la administración de la policía y que los políticos puedan entonces legislar y tomar acción sobre quiénes y bajo qué consideraciones se administra a la Policía de Puerto Rico”.