Las autoridades investigan como una muerte sin causa determinada el caso de una septuagenaria que falleció durante la tarde del 13 de marzo, en el hogar Cabecitas Blancas Eldery Home en Caguas, tras surgir una nueva versión sobre las causas del deceso.

El teniente coronel Roberto Rivera Miranda, superintendente auxiliar en Investigaciones Criminales, explicó que la División de Homicidios de Caguas inició la pesquisa y se encuentra realizando las entrevistas de rigor mientras un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) establece la causa y manera de muerte de Nelly Muñoz Ríos, de 71 años.

Betsy Rivera, portavoz de prensa del ICF, reveló que la autopsia ya fue realizada y que “el reporte del patólogo está pendiente de determinación de causa y manera de muerte”.

En estos casos en los que la persona tiene su salud comprometida, la policía y si es necesario el fiscal se presentan a la escena para firmar una boleta que autoriza el levantamiento del cadáver.

“Se da como una muerte natural porque la persona tenía varias condiciones de salud”, comentó Rivera Miranda.

El 20 de marzo, la propietaria de la égida acudió ante las autoridades para dar a conocer la presunta confesión que le hizo un cuidador y enfermero del hogar, en el sentido de que presuntamente pudo haberla asfixiado.

El profesional de la salud, que ya no trabaja en el centro, fue entrevistado por los investigadores y les narró lo mismo, y ahora resta que la autopsia confirme o descarte esa versión.

Según la querella, que fue clasificada como un caso médico, el doctor Francisco Rosado certificó la causa de muerte como un paro cardiorrespiratorio.

“Estamos entrevistando a otras personas, pero no vamos a revelar lo que declaró, hasta que nos sentemos con el patólogo y nos certifique que lo que él está diciendo es la verdad, para que nos saque de dudas”, sostuvo Rivera Miranda.

Por su parte, Glenda Gerena, administradora de la Administración de Familias y Niños, expresó que se le retiró la licencia para operar al hogar y se estableció un plan de visitas diarias para asegurarse de que la transición de los adultos mayores a otro centro se lleve a cabo de manera ordenada y sensible.

“Los asuntos de posibles crímenes, independientemente del lugar, son investigados por la Policía y Fiscalía. Todos los residentes son privados no había matricula subvencionada por el DF. No obstante, es nuestro deber garantizar la seguridad, protección y bienestar de todos los adultos mayores ubicados en el hogar. A raíz de este sospechoso caso, el Departamento de la Familia se movilizó al hogar y retiró su licencia, activando un plan para el cierre de esta facilidad que incluyó llamadas a los familiares los adultos mayores que residen en esta facilidad para informarle sobre la cancelación de licencia y exhortarles a reubicar a su familiar”, señaló ayer la funcionaria en declaraciones escritas.