La noticia del allanamiento esta mañana por la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia en la residencia de un individuo solamente identificado por su seudónimo cibernético: Medea Bot estremeció el círculo cada vez más amplio de usuarios de la red social en Twitter en Puerto Rico, que celebraron al aparente fin de las andanzas de lo que ha sido descrito como un “bully” cibernético

¿Pero quién es Medea Bot? Según el fiscal, Rafael Sosa Arvelo, quien estuvo a cargo de la investigación por espacio de un año como director de la UICC, este individuo de 27 años se ha dedicado, utilizando sobre 300 cuentas anónimas, a robarle la paz y acosar a sus víctimas. Tampoco es el único realizando esta práctica y otros son investigados por conductas similares, confirmó el funcionario.

“Este personaje básicamente se dedica a acosar a un sinnúmero de personas a través de la Internet en diferentes modalidades: amenazas de muerte, amenazar con violar a hijos, apropiación ilegal de identidad, acecho y difamación. Una serie de conductas dirigidas a quitarle la tranquilidad a las personas, muchas veces exponerlas en Twitter, que es una plataforma pública”, dijo en entrevista telefónica. 

Según explicó Sosa Arvelo, Medea Bot utilizaba múltiples cuentas para continuar con su acecho aun cuando sus víctimas se querellaban en la red social Twitter. Entre sus víctimas se encuentran figuras públicas –la artista Johanna Rosaly reconoció públicamente hoy que es una de ellas- y ciudadanos privados, algunos utilizando cuentas con sus nombres reales y otros con cuentas anónimas, una práctica muy común en las redes sociales. Sosa Arvelo aclaró que usuarios de cuentas anónimas pueden probar daño sufrido en la manera en que sus datos reales son divulgados.

“Estas personas disfrutan del anonimato y participan en conversaciones en que se discuten todo tipo de opiniones. Hay casos en que el personaje (Medea Bot) obtiene datos personales del manejador (de la cuenta) para exponer su identidad real. Aunque se usa un seudónimo hay un ser humano real y la identidad real está protegida”, dijo.

Personal de la UICC, del Negociado de Investigaciones Especiales y de la División de Evidencia Digital y Multimedia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) llegó temprano esta mañana a la residencia del individuo investigado en una finca de Comerío. Allí el hombre, quien vive solo, no emitió comentarios mientras las autoridades confiscaron mediante orden de registro y allanamiento una computadora portátil, varios discos duros y teléfonos celulares, según informó Justicia en un comunicado en que se precisó que la empresa Twitter colaboró en la pesquisa.

Sosa Arvelo no ofreció una cifra específica de querellantes, pero dijo que muchos acudieron a cuarteles de la Policía o a la propia UICC. El fiscal declinó ofrecer información adicional sobre el individuo como oficio y preparación académica, aunque se confirmó que se valió en ocasiones de conocimiento técnico para obtener información de sus víctimas y será citado en una fecha no precisada. Una revisión de sus publicaciones demuestra que utilizaba lenguaje soez, amenazas e imágenes explícitas.

Estas cesaron tan pronto comenzó el registro, informó Justicia.

Sosa Arvelo, graduado de bachillerato de la Universidad de Massachusets y con un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico, indicó que ya se conocía sobre la dirección de la residencia cuando el viernes se logró que el juez Edgar S. Figueroa Vázquez, en lo que ha sido descrito como un evento novel en la Isla, dio la autorización para que dentro de un periodo de 24 horas se pudiera interceptar la red inalámbrica que salía de la propiedad. 

El fiscal a cargo del caso indicó que no existe una ley especial que atienda la conducta que se le podría imputar en su momento al sospechoso, pero aclaró que la conducta supuestamente cometida por el sospechoso es castigable por leyes estatales. No obstante, se ha observado conducta como impostura (art. 208), intrusión en la tranquilidad personal (art. 178), amenazas (art. 177), extorsión (art. 191), apropiación ilegal de identidad (art. 209), incitación al suicidio (art. 97) y Ley contra el Acecho.

Sosa Arvelo no indicó cuándo se radicarían acusaciones contra esta persona.