La Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional inició ayer una investigación administrativa en torno a la difusión de un vídeo de contenido pornográfico que se hizo público a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y que supuestamente involucra a dos miembros de la Uniformada.

La portavoz de comunicaciones de la Policía, Elsa Fernández Miralles, confirmó que la pesquisa está en curso tras la difusión del vídeo, pero manifestó que el superintendente, James Tuller Cintrón, no va a hacer expresiones debido a la seriedad del asunto.

“Se está haciendo una investigación, el asunto es muy serio por eso el superintendente no podrá hacer comentarios, no es que guarde silencio, es que hay una investigación en curso”, declaró Fernández Miralles a este medio.

En el vídeo que ha causado furor entre los agentes, se observa a una mujer vestida con el uniforme de la Policía Estatal practicándole sexo oral a un hombre, cuyo rostro no se puede apreciar. En el vídeo, que parece tomado con un teléfono inteligente, el hombre le advierte a la mujer en voz baja "estoy grabando".

Según información circulada en los pasillos del Cuartel General, el vídeo se tomó hace un año aproximadamente en la Comandancia de Área de San Juan e involucra a una mujer policía y a un teniente II.

También se comentó que hace una semana la mujer policía, que supuestamente aparece en el vídeo, se ausentó por enfermedad y luego entregó su placa y arma de reglamento.

Fernández Miralles, por su parte, dijo que desconocía si la agente presentó la renuncia.

Entre las faltas al Reglamento de la Policía que pudieron haber incurrido los oficiales, una vez sean identificados oficialmente e investigados, figuran los incisos de conducta inmoral, el uso de su uniforme para cometer dichos actos, hacerlo en horas laborables en una instalación pública y el abandono de servicio, entre otras.

 En caso de que algún supervisor adviniera en conocimiento de lo sucedido y no ordenó una investigación a fondo, también pudo haber incurrido en faltas al reglamento por no cumplir con su deber ministerial.

 Los involucrados podrían enfrentar desde una amonestación hasta su expulsión en caso de que prueben que incurrieron en faltas a al reglamento.

 Por el uso de una instalación pública para cometer actos de depravación moral podría también ser penalizados mediante la Ley de Ética Gubernamental.