Inicia hoy la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce
OPFEI radicó cargos contra Luis Irizarry Pabón por corrupción gubernamental.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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El suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, enfrentará hoy el inicio de la vista preliminar en su contra por violación a la Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado.
La vista está pautada para las 9:00 de la mañana en la Sala 405 del Centro Judicial de Ponce y será atendida por el juez Daniel López González, de la región de Caguas, que fue designado para atender el caso.
El mes pasado, el juez Rubén Serrano Santiago se inhibió por pedido de la defensa del alcalde, ya que se le establecieron vínculos con el contrincante político de Irizarry Pabón, el abogado Pablo Colón, así como el hecho que un tío de su esposa era socio de este en una corporación médica. Mientras, la juez Lizandra Avilés Mendoza se inhibió porque es esposa de un asesor legal del municipio de Ponce, el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán.
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Según adelantó Primera Hora hace una semana, la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, figura en la larga lista de testigos que presentarán las fiscales especiales independiente (FEI), Zulma Fúster, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria.
Sifre Rodríguez también fue incluida por los abogados de defensa del alcalde, José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco, en el listado de cinco testigos que pondrían a testificar en el proceso judicial que se extendería hasta este viernes.
Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.
El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.