El Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) determinó no radicar cargos contra el juez de la llamada Masacre de Pájaros, Juan José Delgado Delgado, pero en su informe destacó varios incidentes que podrían considerarse antiéticos por parte del ex magistrado, algo que dejó en las manos del Tribunal Supremo.

En el informe de 26 páginas emitido por el FEI Guillermo Garau Díaz y el fiscal Manuel Núñez Corrada, se resaltan “situaciones inusuales” atribuidas a Delgado Delgado durante el controvertible caso, como realizar inspecciones oculares sin la presencia de las partes, hacer saber de antemano que absolvería a los seis acusados e, incluso, que su esposa lo presionó para eso. También que dijo se convertiría en juez instructor al radicar cargos y que hallaría culpables a los testigos principales del caso.

Aunque el informe del Panel del FEI, con fecha del 28 de abril, determinó que el ex juez Delgado Delgado no incurrió en conducta constitutiva de delito que justifique la radicación de cargos criminales, sí deja abierto el espacio para que el Tribunal Supremo decida si violó algún canon de ética y si aplica alguna acción disciplinaria.

“Esta determinación en nada afecta o priva al Tribunal Supremo de su jurisdicción disciplinaria para pasar juicio sobre las actuaciones del ex juez”, se recalcó recordando que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) realiza su propia pesquisa al respecto.

Delgado Delgado ya no es juez porque no fue renominado y regresó a la práctica privada.

El documento detalla los pormenores del caso, con un incidente entre el juez y la fiscalía antes del 21 de diciembre de 2009, día en que inició el juicio en el Tribunal de Bayamón.

Antes de comenzar, se cumplió el término de hábeas corpus por parte de algunos de los seis acusados, y la fiscal de distrito Wanda Vázquez y los fiscales Alberto Varcárcel y Enrique Rivera Mendoza se opusieron porque alegaron que, a nivel de vista preliminar, se habían opuesto a las suspensiones solicitadas por la defensa.

Delgado Delgado escuchó las grabaciones de la vista preliminar sin estar presentes las partes y así lo informó.

Les imputó a los fiscales que faltaron a la ética profesional e indujeron a error al tribunal, por lo que liberó a los acusados y se querelló contra la entonces fiscal y ahora procuradora de las Mujeres ante el Tribunal Supremo. La querella fue archivada por el Tribunal Supremo por “inmeritoria”.

Debió inhibirse

Tras este incidente, el Ministerio Público solicitó la inhibición de Delgado Delgado en el juicio por entender que su conducta era “acreditativa de un prejuicio, parcialidad o apariencia de parcialidad y minaba la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia”. El 15 de diciembre de 2009, el juez Mario Morales la declaró no ha lugar.

“Es nuestra humilde opinión que de haberse declarado con lugar esta inhibición, que era lo que procedía como cuestión de derecho, o el ex juez licenciado Juan José Delgado Delgado haberse inhibido motu proprio, no se hubiese afectado la imagen de nuestra judicatura ante el pueblo...”, dice el informe en una nota al calce.

Durante el proceso, el juez solicitó a la fiscalía la lista de entradas y salidas del testigo principal, Billy Vargas, de la Cárcel Federal y ordenó que sólo fuera transportado por alguaciles del tribunal. Hasta citó a Vargas para hacerle preguntas “que no tenían nada que ver con el juicio” y le preguntó sobre los traslados.

No obstante, los fiscales no objetaron, se allanaron a que esa prueba formara parte de los procedimientos.

Durante el juicio, el 7 de abril de 2010, el juez y las partes realizaron una vista ocular en la Farmacia Plaza, en el barrio Pájaros de Toa Baja, donde asesinaron a Alexis Olivo Marrero, a su hija Adrielyz, de dos años, y a Ángel Iván Vargas. También resultaron heridos la mamá de la bebé, Claribel Ortiz, y su hijo Adriel, de tres.

Al finalizar la vista, el juez se trasladó en un vehículo oficial con dos alguaciles con evidencia admitida en el juicio a los sitios donde supuestamente se reunieron para planificar los hechos, en el sector Capitán y en el establo Las Cuadras.

Según el documento, los fiscales lo siguieron hasta Capitán, pero el juez les ordenó que se fueran del lugar porque no estaban las partes presentes.

Nuevamente, fiscalía no lo objetó.

El 29 de abril, el día antes de que Delgado Delgado emitiera su fallo, Vázquez testificó que la fiscal Lornna Colón fue a su oficina y le dijo que tenía que “prepararse para lo peor en el caso” porque el juez “los va a absolver a todos”. Dijo que le anticipó que se convertiría en juez instructor e iba a encontrar causa contra los testigos principales. Colón lo niega.

Vázquez alegó que Colón dijo que la esposa del juez, Sandra Valentín, la “odia y odia al Departamento de Justicia” y lo presionó para que los absolviera.

Valentín fue nombrada por la actual administración para dirigir los registros de la propiedad adscritos al Departamento de Justicia, pero fue despedida en marzo de 2009 luego que propusiera aumentar las tarifas de inscripción para poder reclutar más personal, algo en lo que no están de acuerdo las instituciones bancarias porque aumenta los costos de otorgamiento de hipotecas.

De hecho, ella y su suegra estuvieron sentadas cerca del estrado cuando el juez emitió su decisión.

Esa tarde antes del fallo, Vázquez se reunió con fiscales federales y les detallaron la prueba de los hechos ocurridos el 5 de mayo de 2009.

jueces y abogados lo sabían

Como parte de la “voluminosa evidencia” investigada por el FEI, se entrevistó a jueces de las áreas de Bayamón y Carolina. Algunos manifestaron que conocían cuál sería la determinación, pues el ex juez mencionó lo que iba a hacer.

En Carolina, se le tomó declaración jurada a la jueza Inés Rivera Aquino, quien dijo que llamó a Delgado Delgado en una ocasión tras escuchar a abogados del caso de Pájaros decir “que ya pronto vamos a terminar el caso de Pájaros y estamos celebrando porque nos los van a absolver, lo vamos a celebrar y vamos a Río Grande”.

Cuando llamó a Delgado Delgado para comunicarle lo sucedido, éste le dijo que “ésa es mi conciencia. ¿Qué usted quiere que yo haga? Ésa es mi conciencia, si no hay caso”.

El 30 de abril los absolvió. También encontró causa para arresto contra los testigos principales, acción que fue denegada por el Tribunal de Apelaciones porque el juez “se excedió en el ejercicio de sus facultades ministeriales”.

Fue el fiscal federal Guillermo Gil el que llamó a la entonces fiscal general Ivelisse Domínguez para indicarle que le llegó una información de que supuestamente el ex juez fue a celebrar con los abogados en una panadería de Bayamón, lo que resultó ser falso.