Un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico sobre la investigación de los sucesos ocurridos en Hormigueros el 23 de septiembre de 2005, destaca hechos que evidencian la falta de intención de las autoridades federales de arrestar al líder machetero Filiberto Ojeda Ríos y concluye que se cometió una muerte ilegal.

Así lo reveló hoy la Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico al dar a conocer el informe de la Comisión, que según notificó, no revelarán por ser en año electoral dado que la  veda electoral se lo prohibe.

El abogado Luis Abreu Elías, el presidente de la coordinadora, Norberto Cintrón Fiallo y Lilliana Laboy de la Coordinadora Caribeña indicaron hoy en una rueda de prensa que del informe de la CDC se desprende “que Filiberto Ojeda Ríos fue asesinado”. Además de concluir que se cometió una muerte ilegal, el informe recomienda que se reabra la investigación y que se contraten expertos en forense y balística para dilucidar contradicciones encontradas en los informes realizados por el Inspector General Federal y el del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Señalaron que el informe recomienda también que los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico reabran la investigación de los sus sucesos y su trágico desenlace.

Abreu Elías, mencionó que entre las contradicciones está que en el informe de la Oficina del Inspector General (OIG), no se concluye que hubo asesinato y señalan que Filiberto disparó primero y que no fue la intención de un agente federal de apellido Bryan el disparar. No obstante, en el informe de la CDC según, Abreu Elías, colocan Filiberto cerca de la nevera y que era imposible que desde ahí lo vieran.

“Fueron explícitos en que Filiberto Ojeda Ríos no estaba disparando”, dijo el abogado. 

Por su parte, Lilliana Laboy señaló que aunque la Comisión de Derechos Civiles recomienda que Justicia y la OIG reabran la investigación sobre esta muerte, la Coordinadora no le da credibilidad a estas agencias por lo que, considerarían recurrir a instituciones internacionales para investigar estos hechos.

Planteó también la posibilidad de establecer un Tribunal del Pueblo, para que sea el pueblo que juzgue lo sucedido.