El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) confirmó que, en el mes de diciembre del 2021 se eliminó del expediente de Anthony Salvá Rivera, de 26 años, los delitos menos graves por los que fue encontrado culpable, conforme a la Ley 314-2004 que autoriza a la Uniformada a expedir Certificados de Antecedentes Penales, con el motivo de propiciar la rehabilitación moral y social de la población correccional por medio del trabajo lícito.

Anteriormente, para septiembre del año pasado, su defensa había solicitado lo mismo, pero le fue denegado porque en uno de los delitos menos graves por lo que había sido encontrado culpable, no se había cumplido la totalidad de la sentencia, agregó la Oficina de Prensa del NPPR.

Tras concluir ese período, mediante una declaración jurada emitida por el licenciado Benjamín García González, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., en diciembre del 2020 se hizo una nueva petición y para enero del 2021 se le pudo expedir un Certificado Negativo de Antecedentes Penales.

Salvá Rivera, apodado Pinpollo, no solicitó la eliminación de su foto del sistema y ni de sus huellas, lo cual tiene que hacer conforme con la Ley 45-1983, para la devolución de huellas dactilares y fotografías, por tal razón su ficha fue distribuida a los medios de comunicación por el NPPR tras presuntamente confesar que asesinó a su compañera de trabajo, Jeniffer Michelle Maldonado Padua, de 33 años, cuyo cadáver fue encontrado en un risco a orillas de un río en Utuado.

Ambos eran empleados de la compañía Bridge Security Services. El imputado solo llevaba tres semanas en el empleo en la Planta Central Hidroeléctrica en el lago Dos Bocas, en Arecibo. Este fue contratado, de acuerdo a declaraciones de Roque Rosario, presidente y dueño de la compañía, porque tenía su certificado de antecedentes penales expedido por el NPPR, otro documento que establecía que no aparecía en el Registro de Ofensores Sexuales y los resultados de la entrevista que le realizaron fueron satisfactorios.

La Ley 314 faculta al Comisionado del NPPR de turno a eliminar los delitos menos graves siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: que hayan transcurrido seis meses a partir de la sentencia, que no haya sido convicto de delito alguno durante ese período y que goza de buena reputación en la comunidad, junto con la documentación pertinente.

“Cumpliendo con todos estos requisitos, se procedió a notificar al señor Salvá Rivera con la eliminación de los delitos menos graves de su récord”, indicó por escrito el NPPR.

El 21 de junio del 2019, Salvá Rivera fue acusado por los delitos de agresión sexual contra una adolescente, escalamiento agravado y daños y a finales de ese año -en un juicio por jurado- se emitió un veredicto de no culpabilidad, aclaró la teniente Carmen Pagán, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.

Antes de estos eventos judiciales, Salvá Rivera enfrentó otro procedimiento criminal por hechos ocurridos en las fechas del 24 de mayo y el 7 de junio de 2019, con otra víctima, en el estacionamiento de un comercio.

Por esos hechos, fue acusado por dos infracciones al Artículo 136 del Código Penal por exposiciones obscenas y fue sentenciado a cumplir seis meses de prisión por cada delito de forma consecutiva.

“Se supone que esté (en el Registro de Ofensores Sexuales), pero estamos indagando si (la Administración de) Corrección lo orientó a que él llegara a nuestra jurisdicción para registrarse, porque él nunca llegó a registrarse. Estamos en proceso de investigar cuál fue la orientación de Corrección y la sentencia del tribunal, lo que estipuló el juez para, entonces, someterle una denuncia”, agregó la teniente Pagán, al ser cuestionada si por ser un delito menos grave era mandatorio hacer la notificación.

Este medio hizo gestiones con la Oficina de Prensa de la Administración de Corrección y Rehabilitación sobre el período en que estuvo en prisión, y si se le orientó, pero al cierre de esta edición todavía estaban en trámites de verificar los datos.

De otro lado, la División de Expedición de Licencia de Seguridad también lleva a cabo una investigación sobre la contratación del individuo y la Procuraduría de las Mujeres anunció que lleva a cabo una pesquisa para determinar si hubo negligencia en su contratación.

Ayer, la jueza Welda Rivera, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto contra el exguardia de seguridad por cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas señalándole una fianza de $2 millones, la cual no prestó por lo que fue encarcelado hasta la vista preliminar el 18 de julio.