El imputado de asesinar a su pareja y a su hijastro adolescente en medio de un caso de violencia de género ocurrido en junio en el sector Salchichón del barrio San Antonio, en Caguas, podría buscar un preacuerdo y negociaciones en el caso, según trascendió en el comienzo de la vista preliminar contra el hombre.

Así trascendió este lunes luego que el juez Fernando Chalas González explicara en la sala 202 del Centro Judicial de Caguas, que había “unas conversaciones corriendo entre las partes” que llevan el caso contra Billy Rosario Trinidad, de 45 años, por cargos de feminicidio, asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas, relacionados con las muertes de Yomara Torres Garay y de su hijo de 17 años, Pedro García Torres.

El juez explicó que “las conversaciones” que se están dando entre la representante del Ministerio Público Inés Escobales, de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Caguas y la abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Sylvia Sepúlveda Lozada, deben ser discutidas entre los perjudicados en el caso y los supervisores del Ministerio Público y SAL, por lo que reseñaló el caso para el jueves 11 de agosto, a las 10:00 de la mañana.

Las declaraciones del magistrado surgieron luego que la abogada de defensa interrumpiera el proceso de interrogatorio del primer testigo de fiscalía, Rafael Torres Garay. El hombre explicaba en sala su parentesco de hermano adoptivo con la víctima de feminicidio, quien a la vez era su sobrina, y algunos datos del lugar donde reside. El testigo, quien también era vecino de la mujer y el adolescente asesinados, explicó que desde su residencia tenía visibilidad hacia la casa de las víctimas.

Posterior a este momento la licenciada Sepúlveda Lozada solicitó detener el procedimiento pues tras conversar con su cliente, este le manifestó interés de que haya alguna conversación de negociación.

“La vista preliminar comenzó (con la declaración del primer testigo), pero ahora mismo el Ministerio Público tiene que hablar con sus testigos y con las familias de los occisos y yo tengo que hablar con mi cliente también”, expresó fuera de sala la abogada.

¿Hay una posibilidad de un preacuerdo?, se le inquirió a Sepúlveda Lozada sobre su cliente a quien se le impuso una fianza de $2.5 millones que el imputado no prestó por lo que permanece sumariado en cárcel.

“Es que siempre esa posbilidad existe... según nos explico el Ministerio Público no cierra esas puertas y nosotros tampoco. Pero el derecho de este señor es que se celebre su vista. ¿Qué ocurrirá el jueves? Pues depende de la situación una vez el Ministerio Público hable con sus testigos”, puntualizó.

Los hechos de este caso se remontan al pasado 22 de junio cuando llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertaron a las autoridades, cerca de las 10:30 de la noche sobre unas detonaciones en una residencia del barrio San Antonio, en Caguas. Al llegar la policía, los agentes encontraron los cuerpos baleados de Torres Garay y de García Torres.

Rosario Trinidad tenía licencia de portación de armas y, para el 2008, enfrentó un caso por Ley 54 (Violencia Doméstica) con otra víctima. Según el perfil del ciudadano registrado en la Policía, el arrestado poseía cuatro armas de fuego “legalmente en poder”; tres pistolas y un rifle.

Posterior a los asesinatos, Rosario Trinidad coordinó con la Uniformada entregarse en un punto cerca de un cuartel y el Centro de Gobierno de Guaynabo. Al momento de su entrega, el hombre estaba armado, por lo que los agentes ocuparon una pistola semiautomática. esta era la única que restaba por ocupar, pues anteriormente habían encontrado dos pistolas y un rifle.