Fajardo.- La jueza Ada López Santiago, del Tribunal de Fajardo, emitió hoy, viernes, una orden de mordaza que impide a los abogados del trío imputado por la muerte de la fiscal Francelis Ortiz Pagán y al Ministerio Público comentar el caso en los medios de comunicación.

Cada acusado, Daniel Vázquez Cubilete, de 20 años; Abraham Rodríguez Cruz, de 21 años, y Rafael Aponte Peña, de 21 años, enfrenta seis cargos: robo de auto, asesinato, posesión de un vehículo hurtado y tres violaciones a la Ley de Armas.

El trío se encuentra en la cárcel de Bayamón por no poder prestar la fianza de $5.5 millones impuesta a cada uno.

La “orden protectora” que la jueza emitió a petición de la defensa y con la anuencia del Ministerio Público se extiende al secretario de Justicia, César Miranda; al fiscal general José Capó, y a los agentes de la Policía involucrados en la pesquisa del asesinato ocurrido la madruga del 19 de enero pasado en Río Grande.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos celebrada esta mañana también quedó demostrado que los regentes del Departamento de Justicia mantienen control sobre el caso cuando la fiscal Banessa Marcano Camis expresó en corte abierta que, por tratarte de un “caso de interés público” tenía que “informar los pasos” a sus superiores. Reveló, además, que Capó estuvo presente cuando un testigo cooperador ofreció su declaración a las autoridades.

Fiscal establece que no hay acuerdo con testigo cooperador

La audiencia inició con una solicitud de la licenciada Nélida Negrón Cruz, de la Sociedad para la Asistencia Legal, quien, junto al licenciado Humberto Mercado Gotay, representa a Rodríguez Cruz.

Negrón Cruz reiteró una petición para que el Ministerio Público, representado por Marcano Camis, Leilani Vargas de la Paz y Víctor Carbonell Ramírez, le entregue la prueba beneficiosa para la defensa o la evidencia exculpatoria e impugnatoria que tiene en su poder.

Específicamente, la letrada pidió copia o confirmación de los acuerdos de inmunidad escritos o verbales alcanzados con los testigos, particularmente alguna transacción beneficiosa para un testigo cooperador que supuestamente participó del crimen.

Según Negrón Cruz, ese testigo, que no identificó por nombre, ofreció una declaración en la que señaló que su representado solo iba como un mero pasajero y sin arma en la parte posterior del vehículo en el que viajaban los asaltantes, que de acuerdo al Ministerio Público, segaron la vida de la fiscal, de 42 años.

La fiscal Marcano Camis replicó que no existía ningún acuerdo de inmunidad escrito o verbal con los testigos y negó que la declaración del testigo cooperador constituyera prueba beneficiosa para la defensa, que tuviera que entregar antes del inicio de la vista preliminar.

“La verdad es que no hay acuerdo de ningún tipo con ese testigo”, afirmó.

Precisó que la única concesión que se haría con este testigo sería ofrecerle protección para garantizar su seguridad.

“El Ministerio Público le informó (a este testigo) que no iba a presentar cargos en su contra en este momento, pero eso no significa que no se le vayan a presentar cargos. Esta persona ha aceptado declarar sin un acuerdo aunque parezca increíble”, indicó la fiscal.

Fiscalía entregará a la defensa “confesiones” de los imputados

Los abogados por designación de oficio Gustavo Quiñones Pinto, quien representa a Aponte Peña, y Edmundo Ayala Oquendo, quien representa a Vázquez Cubilete, también pidieron las admisiones realizadas por sus representados.

Marcano Camis indicó que ambos imputados habían ofrecido “confesiones”, pero que entregaría los documentos en unos días porque tenía que informar el asunto a sus superiores por tratarse de un “caso de interés público”.

Por disposición constitucional y de las Reglas de Procedimiento Criminal, el Ministerio Público tiene que entregar esas confesiones a los abogados para que puedan prepararse y confrontar la prueba adecuadamente.

Ante el planteamiento de la fiscal, la jueza López Santiago ordenó la entrega de las confesiones en o antes del 24 de febrero.

Pero la fiscal Marcano Camis cambió de posición e informó que entregaría las confesiones hoy, viernes.

Si la fiscal no entrega los documentos hoy, el inicio de la vista preliminar, que está pautado para el próximo viernes 26 de febrero, podría atrasarse porque la jurisprudencia concede a la defensa cinco días para prepararse cuando surge prueba nueva.

En torno a la orden de mordaza, la jueza informó que emitiría una resolución escrita para que quedara claro el alcance de su directriz.

“Estaría prohibido hacer expresiones a través de los medios de comunicación mientras el caso está ante la consideración del tribunal”, resaltó López Santiago.

De acuerdo con la investigación, luego de cumplir con su turno de trabajo en la fiscalía de San Juan, Ortiz Pagán se dirigía hacia su hogar en el barrio Guzmán Arriba de Río Grande cuando cuatro asaltantes -que transitaban en otro vehículo- la divisaron y decidieron seguirla para despojarla del vehículo Mini Cooper que manejaba.

Al detenerse a abrir el portón de entrada a su casa, la fiscal recibió varios disparos mortales.