La exgobernadora Wanda Vázquez tendrá que prestar una fianza de $50,000, no asegurada, y someter su pasaporte a las autoridades federales luego de que fuera acusada esta mañana por soborno a cambio de beneficios para su campaña primarista en el 2020.

En la vista inicial, que se llevó a cabo de manera virtual, la magistrada federal Camille Vélez-Rivé especificó que la exmandataria enfrenta tres cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

De ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hsata 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, también podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Vazquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en ese mismo año, fue arrestada esta madrugada en su residencia por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

Las riendas del País recayeron sobre la exmandataria aquel año dado a que, al quedar vacantes los puestos de gobernador y secretario de Estado, el secretario de Justicia es quien debe asumir el cargo de Primer Ejecutivo, según la línea de sucesión establecida en la Constitución de Puerto Rico. Para ese entonces, Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia, puesto que comenzó en enero de 2017.

La exmandataria también fue Procuradora de las Mujeres desde el 2010 al 2016, nombrada por el exgobernador Luis Fortuño.

Anterior a esos cargos, se desempeñó por unos 20 años como fiscal y litigó casos de relevancia mediática como el de la Masacre de Pájaros y el de una embarazada asesinada cuyo principal sospechoso era su pareja, un miembro de la Policía. Sin abandonar el oficio de litigar, dirigió la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en la Región Judicial de Bayamón, donde luego ejerció como fiscal del distrito.

Su trayectoria en el servicio público comenzó en la década de los 80 cuando trabajó en el Departamento de la Vivienda.

En mayo pasado, la defensa legal de Vázquez Garced aseguró que la exmandataria podría ser arrestada y enfrentar cargos criminales por presuntamente aceptar una donación del banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini. A nivel federal se prohíbe que candidatos acepten donaciones para campañas políticas por parte de personas o entes extranjeros.

Luego, a finales de mayo, el abogado Luis Plaza Mariota desmintió que la exgobernadora estuviera negociando para entregarse a las autoridades. “Nosotros no hemos negociado nada. Para nada. Las instrucciones de nuestra cliente es prepararnos para juicio”, sostuvo. “Seguimos viendo la evidencia. Seguimos viendo la evidencia. De hecho, nos ha venido bien el ‘break’ este de que no la hayan arrestado”.

Anteriormente, la también exsecretaria de Justicia reconoció haber aceptado una reunión con el banquero, pero reiteró que no le prometió nada. Igualmente, su director de campaña primarista, Jorge Dávila, rechazó tener algún vínculo con dicho banquero.