El superintendente de la Policía, José Caldero López, refirió hoy, jueves, a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia el informe con los hallazgos de la investigación realizada para determinar si hubo alguna ilegalidad durante una actividad realizada el pasado 16 de mayo en el Polígono de Tiro de la Policía, en Isla de Cabras, durante la cual los alcaldes de Cataño, Toa Alta y Corozal hicieron uso de armas de fuego.

La investigación, realizada por el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, establece que puede haberse incurrido en violaciones a las leyes de Armas, de Ética Gubernamental y al Reglamento 7890. 

El Reglamento 7890 rige la otorgación de Licencias de Armas a funcionarios públicos, para lo cual se requiere la aprobación del Superintendente de la Policía.

El funcionario que procure una licencia, debe completar cinco horas mínimas de adiestramiento en tiro al blanco. Sin embargo, el alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, ni el de Corozal, Sergio L. Torres, solicitaron ese permiso a Caldero López, trascendió este jueves. Agosto y Torres no poseen licencia de tiro al blanco.

La pesquisa incluyó también al alcalde de Cataño, José Rosario, identificado como el anfitrión de la actividad y quien tiene licencia de armas vigente.

Los tres alcaldes alegaron que participaron el 16 de mayo de prácticas de tiro en las citadas instalaciones de la Policía, en Isla de Cabras, cuando en realidad se llevaba a cabo la Copa Alcalde, que es una competencia de tiro convocada por el Municipio de Cataño, posiblemente financiada con fondos públicos. 

Durante la competencia se obtuvo evidencia de que se hizo uso de bebidas alcohólicas, confirmó Caldero López, lo que podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental. 

También fueron blanco de la investigación dos instructores de tiro certificados por la Policía y el comisionado de la Guardia Municipal de Cataño. Uno de los instructores de tiro, quien es un teniente de la policía municipal, explicó que fue quien solicitó los permisos para separar la cancha de tiro de la Policía en Isla de Cabras y se adquirieron los seguros requeridos por el reglamento. 

“Nosotros hicimos la investigación responsablemente, entendemos que cubrimos todos los ángulos ahora le toca al Departamento de Justicia que es el que tiene que ver si hay violaciones a la Ley”, dijo Caldero López.

Explicó que bajo la Ley de Armas sería un delito grave disparar un arma de fuego sin licencia, sin embargo, como los alcaldes dispararon en un polígono de tiro, acompañados de un instructor cualificado, el Departamento de Justicia tendría que analizar si incurrieron o no alguna violación.

Las armas utilizadas por los alcaldes sin licencia para su manejo pertenecían a policías municipales de Cataño, otro aspecto que también tendría que evaluar el DJ, reconoció Caldero López. 

“Cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros asumimos la de nosotros, que era investigar. Nadie está por encima de la ley”, sentenció Caldero López al reaccionar en torno a dudas sobre la pureza de la pesquisa por tratarse de alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático. 

Aclaró que el día del torneo, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. estuvo presente en otra de las canchas de tiro, junto a los 13 comandantes de área y superintendentes auxiliares, recibiendo en adiestramiento anual de tiro, pero en ningún momento hizo contacto con los alcaldes o pasó por la actividad.

“Yo sabía que había gente tirando porque se escuchan los disparos, pero no sabía quiénes eran los que estaban tirando”, apuntó Caldero López. 

El fiscal Alberto Valcárcel Ruiz, director de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, recibió este jueves el voluminoso informe, que contiene grabaciones, entrevistas, videos y documentos. 

Caldero López agregó que a raíz de este caso se van a revisar los controles que establece la Policía al momento de separar estas canchas para uso de policías municipales y personal de agencias federales.

La División de Integridad Pública debe analizar la investigación realizada por la Policía para rendirle un informe al Secretario de Justicia, César Miranda.

En caso de que la mencionada división determine que hubo alguna conducta constitutiva de delito, Miranda tendrá en sus manos recomendar o no la asignación de un Fiscal Especial Independiente para que continúe con el caso.