La Fiscalía federal acusó al hijo del senador y expolicía Gregorio Matías, Gregory Lee Matías Gutiérrez, de presuntamente asesinar a dos personas en el 2015 durante “un delito de narcotráfico”.

Entre las víctimas que aparentemente asesinó, figura el policía Miguel J. Pérez Ríos, quien fue acribillado el 7 de septiembre de 2015 en una gasolinera ubicada en el Camino Alejandrino, en San Juan. En este homicidio, también estuvieron involucrados Orlando Carmona Serrano (”Barber, “Bar”, “Capi” u “Orlan”), Víctor Rafael Molina Santos (“Father”, “Cano”, “Alka”, “El Cano” o “Arka”), Marlon Laguna Santos (“Fuji”) y Joseph Manuel Molina Santos (“Bloke” o “Bloque”).

Según el pliego acusatorio, firmada el 8 de junio, los imputados “a sabiendas portaron y usaron una(s) arma(s) de fuego... durante y en relación con un delito de narcotráfico” cuando mataron al agente. Más allá de la acusación, el fiscal federal W. Stephen Muldrow se rehusó a divulgar detalles de la investigación y de las circunstancias que rodearon la muerte de Pérez Ríos.

“Los acusados, con premeditación, mataron ilegalmente a M.J.P.R. disparándole con el arma de fuego intencionalmente, deliberadamente, maliciosamente y con premeditación”, lee el documento.

Además, la Fiscalía federal acusó a Matías Gutiérrez (quien es apodado “Pinky” o “Pinki” y, al momento, está encarcelado) de asesinar a una segunda persona, identificada como W.L.A., el 9 de enero de 2015 “al dispararlo con un arma de fuego intencionalmente, deliberadamente, maliciosamente y con premeditación”. En este caso, están señalados también Carmona Serrano, Laguna Santos y Lloyd David Guzmán Ortiz (“Pumo”).

Por otro lado, Molina Santos y Laguna Santos aparentemente cometieron un tercer asesinato el 22 de abril de 2015. En este caso, la víctima fue identificada por las siglas W.X.M.G.

“La organización criminal que se impactó hoy estaba dedicada al narcotráfico y, como ocurre en estos casos, usaban violencia para mantener el control. Nuestra inteligencia indica que esta ganga se vincula con más de 10 asesinatos”, comentó Joseph González, agente especial a cargo especial de la oficina del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en San Juan.

Matías Gutiérrez y otras 39 personas formaban parte de una ganga dedicada al narcotráfico que, para mostrar su lealtad, se identificaban como “Los Mil Quinientos”, por lo que se tatuaban con el número “1500″. Los líderes, por su parte, se tatuaban la frase “STARS INC” para destacarlos entre los otros miembros de la organización.

El rol de Matías Gutiérrez en la pandilla era de gatillero, especificó Muldrow.

Primera Hora llamó y envió mensaje de texto al senador Matías para una reacción a la noticia, pero no recibió respuesta.

Posibles condenas

El grupo enfrenta una acusación de decomiso de narcóticos de $38,000,000 y de una propiedad en la urbanización Campo Rico, en el barro Sabana Llana, en San Juan, que operaba como “La casa roja”, una estadía de corto plazo de la plataforma Airbnb.

Todos los acusados, salvo Jiménez Estrada, Miranda Santiago, Sarit Valle, González Ayala, Valdez Mari, Ortiz Reyes, Martínez Montañez, Rosario Brito, Rosario Cotto, Sánchez Rivera y Díaz Motta, enfrentan cargos por cargar un arma de fuego para llevar a cabo negocios de narcotráfico.

De ser hallados culpables por los cargos de narcotráfico, los imputados podrían enfrentar una sentencia mínima de 10 años a un término de por vida en la cárcel. Si son convictos de los cargos de narcotráfico y de la posesión de armas de fuego, podrían enfrentar entre 15 años a una condena de por vida tras las rejas.

Empero, los acusados de asesinato se exponen a la pena de muerte.

“Es un proceso formal dentro del Departamento de Justicia sobre la posible pena de muerte. Eso es una decisión que toma el juez”, acotó Muldrow.

En la investigación, acuñada Operation Gangster’s Paradise, participó el Grupo de Trabajo de Calles Seguras de Pandillas Violentas del FBI- compuesto por agentes especiales y oficiales del FBI, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), la Policía Municipal de San Juan y Carolina, el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés), los departamentos de Hacienda y Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos - Oficina del Inspector General (HUD-OIG).

Mientras, el fiscal federal auxiliar (AUSA) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; la subjefe de la Sección de Pandillas, Teresa Zapata-Valladares; los fiscales federales Damaré Theriot y Pedro Casablanca; y el fiscal federal auxiliar especial del Departamento de Justicia, Carlos Romo Aledo, están a cargo de la acusación del caso.

Este enjuiciamiento es parte de una investigación de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), que desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de los organismos federales, organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley contra las redes criminales.

“Vamos a continuar detrás de estas organizaciones criminales que piensan o pensaban que nadie los iba a intervenir. En este trabajo en equipo, el resultado es el esclarecimiento del caso de Miguel Pérez Ríos, policía de Puerto Rico, que fue asesinado el 7 de septiembre del 2015 en una gasolinera en Caimito, y otros casos adicionales que hoy la Fiscalía federal reseñó como parte del trabajo en equipo de las agencias federales para llevar tranquilidad a Puerto Rico”, sostuvo el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

¿Cómo operaban?

Las 40 personas son imputadas de distribuir y poseer “a sabiendas e intencionalmente”, al menos, un kilogramo o más de heroína; cinco kilogramos de “crack”; cinco kilogramos de cocaína; 100 kilogramos de marihuana; y “cantidades detectables” de fentanilo, oxicodona (o percocet) y de alprazolam (xanax o pali, término que utilizaban los miembros de la ganga en referencia de esta droga). En ocasiones, los acusados mezclaban fentanilo y heroína, indicó la fiscalía federal.

“Hoy es el turno de esta organización criminal que enfrentará la justicia”, dijo Wilmer Ocasio Ibarra, el alguacil federal para el Distrito de Puerto Rico.

La ganga operaba desde los residenciales públicos Manuel A. Pérez, el Alejandrino y Los Laureles, al igual que de una propiedad en el barrio San Isidro, en Canóvanas, donde empacaban las sustancias controladas para venderlas y obtener “ganancias financieras significativas”.

Para llevar a cabo sus actividades ilegales, los imputados se comunicaban vía teléfonos celulares y cargaban carteras de la marca “TUMI” para cargar armas, municiones, máscaras y guantes. Estas bolsas llevaban las siglas “MAP” o “ALJ”, en referencia a los residenciales Manuel A. Pérez y Alejandrino, respectivamente.

Asimismo, hurtaban vehículos o compraban vehículos robados para transportar las drogas, transacciones que, muchas veces, se hacían en presencia de menores. Recurrían, además, a la intimidación, el uso de fuerza y violencia para mantener sus puntos de droga y para amedrentar a sus rivales.

Era costumbre que los miembros de la ganga cargaran, usaran y blandearan armas de fuego, pero para evitar ser detectado por las autoridades, solían esconderlas, así como las municiones, en apartamentos o casas abandonadas. Entretanto, aquellos que ocupaban la posición de ser facilitadores dentro de la organización criminal se comunicaban por “walkie-talkies” para alertar sobre la presencia de policías o de traficantes rivales.

Los demás acusados

Entre los acusados, está imputado Miguel Ángel Santiago Laiz (“Miguelito” o “Enano”), suegro del exboxeador Félix Verdejo, quien enfrentará un juicio la semana que viene por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021.

“Queremos que quede claro que los casos no están relacionados. La acusación que mencionamos hoy no tiene nada que ver con el caso que se está procesando contra Félix Verdejo”, se limitó a decir Muldrow.

Entre “Los Mil Quinientos” también estaba: Carmelo Estarella Carmona (“Melo”); Israel García Ojeda (“Dientes”); Gilberto Jiménez Estrada (“Pichu”); Michael X. Miranda Santiago (“Boqui” o “Boki”); Jonathan Franqui Robles (“El Malcri” o “Gatito”); John Anthony Cruz Ramírez (“Cerebro”); Francisco Javier Carrillo Hernaiz (“Polvo”, “Polvorón”, “Pelotero” o “Tito”); Stephenn Dwight Nazario Santiago (“Curry”); Nelson Omar Díaz Zambrana (“Sopa”); Luis Rafael Colón Feliciano (“Bichotito”); Miguel Ángel Forteza Ramos (“Migue”); Gregori Gil Colón Colón (“Yoyo”); José M. Cotto Velázquez (“Cándido” o “Negro”); Ángel Manuel Peña Méndez (“Peña El Armero”); Julio Cesar Sarit Valle (“Bebito”); Juan Manuel González Ayala (“Goza” o “Gozando”); Guillermo Jesús Valdez Mari (“Chicha”); Kevin Anthony Ortiz Reyes (“Teta”, “Terembloko” o “Terrembloko”); Nelson Martínez Montañez (“El Viejo” o “Karen”); Steven Cancel Carmona (“Doble”); Jean Carlos Rosario Brito (“Yomo”); Johnuel Rosario Cotto (“Picua” o “Karen”); Héctor Manuel Sánchez Rivera (“El Ñeco”, “Bemba” o “Boca”); y Jefferson Díaz Mota (“Barbie” o “Barbie Mota”).

Actualmente, 11 miembros de la organización están prófugos: Víctor Rafael Molina Santos, Lloyd David Guzmán Ortiz, Joseph Manuel Molina Santos, así como Félix Benjamín Sánchez Valles (“Goldi”, Gordi”, “Goldy”, “Tuco” y “El Manco”); Luis Ángel Crespo Rivera “Luisin”, “Chiwi”, o “Chegui”); Luis Yerier Jorge Pabón (“Lento”); Luis Jaffet Díaz Santana (“Piki”); Jamisael Jiménez Pérez (“Misa”); Malik Jordan Walrond León (“King”); Juan Ramón Martínez Casanova (“Mota”); Jesús Manuel Crespo Rivera (“Maco”); Ricardo José Rivera Ortiz (“Chiringa” o “Chiri”).

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Mensaje a los jóvenes

A raíz de esta acusación, el agente especial González instó a los jóvenes puertorriqueños a que “no echen a perder su vida” y a que eviten caer en prácticas ilegales del bajo mundo.

“El narcotráfico solo termina en uno de dos caminos: en la cárcel o muerto en la calle. Nadie quiere terminar así y todos nosotros estamos para ayudarlos”, resaltó al exhortar a aquellos que están envueltos “en esta actividad criminal” o que tenga conocimiento de que un familiar o amigo criminal lo está a confesarse.

“No queremos seguir perdiendo jóvenes ante el narcotráfico”, agregó.