El testimonio de la hija de 17 años de Hilda Romero Padilla, la empresaria asesinada en la avenida Los Filtros en Guaynabo, luego de un alegado complot orquestado entre su hijastra Keishla Pérez Biggio y sus cómplices William Avilés González y Luis Enrique González Martínez, se realizará bajo circuito cerrado durante la continuidad del proceso judicial el próximo 21 y 28 de febrero en el Centro Judicial de Bayamón.

La determinación se dio a conocer esta tarde en la sala 404 por el juez Pedro Saldaña Rosado al salir de una vista de necesidad entre los abogados de defensa y fiscalía que se extendió por unas tres horas. Esta es la segunda ocasión que se pospone la declaración de la hija mayor de Romero Padilla, quien viajaba con ella, el pasado 30 de septiembre cuando los sicarios la atacaron a tiros en la carretera PR-177, frente al Hogar Crea de Los Filtros, alcanzándola en 17 ocasiones, tres de ellos en la cabeza.

Al regresar a sala, donde se esperaba que la vista preliminar fuera transmitida en directo por los medios de comunicación, el juez aclaró que la vista de necesidad se realizó a tenor con la regla 131.1 de procesamiento criminal donde se atendió el testimonio de José Padilla Romero, hermano de la víctima, y la del agente Julio Guerrero Santiago, del Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC), y una trabajadora social, para discutir la posposición de la declaración de la joven.

La fiscal Lisette Sánchez Vázquez, en tanto, objetó la determinación del tribunal, aduciendo que se trata de una menor de edad y el retraso de la declaración “le causa ansiedad”.

De igual manera, durante la vista, entre ambas partes se presentaron dos estipulaciones acogidas por el juez como evidencia del caso que se sigue en contra de Pérez Biggio y Avilés González. Entre las evidencias, Saldaña Rosado dio paso a que se presente en sala un CD con unas grabaciones de vídeos recuperadas por el agente Guerrero Santiago.

Durante el proceso judicial se espera que desfilen en sala unos seis vídeos, uno del sistema de seguridad del condominio Falls, cuatro de la empresa JACP en Bayamón y uno del Centro Crucero, frente al JACP.

El fiscal Héctor Rivera Sánchez indicó que “los vídeos serán una copia fiel y exacta de los tres lugares, grabados en tiempo real”. Explicó que las secuencias tienen unas discrepancias de tiempo en cada una de las máquinas de los lugares. Estableció que el vídeo del condominio es la hora correcta del día de los hechos, mientras que el de JACP está adelantado por unos siete minutos y el de Centro Crucero un atraso de 10 minutos.

Se estipuló también hoy en sala que el ministerio público se reunirá con la defensa el lunes para presentarles los vídeos en la fiscalía de Bayamón. Quedó estipulado, además, el testimonio del hermano de la víctima, quien identificó el cadáver en el Negociado de Ciencias Forenses.

En tanto, al salir de sala, el licenciado Marcelino Ruiz Corujo dijo sentirse satifecho con la determinación del juez.

“Sí, porque se tomó una determinación de derecho por el juez y nosotros vamos a estudiar la posibilidad de recurrir al tribunal apelativo, sino seguimos con el caso sin ningún problema… Es una cuestión estricta de derecho que tiene que ver con el testimonio de una persona que, por instrucción del juez, no lo podemos comentar y si nos resuelve el circuito en contra seguimos con el caso sin ningún problema. Pero estamos satisfechos con la forma en que el juez está dirigiendo los procedimientos”, sostuvo Ruiz Corujo.

Familiares piden que se haga justicia

Familiares de Romero Padilla, por su parte, se mostraron descontentos con el proceso porque entienden que la defensa utiliza una estrategia para dilatarlo.

“Queremos que se haga justicia y que actúen rápido. Es una estrategia ya de la defensa de posponer las cosas y queremos que se haga ya pronto la justicia”, indicó el hermano de la Romero Padilla.

Su hermana, Sandra, por su parte, dijo que espera que a todos los responsables del crimen les caiga el peso de la ley. “Allá arriba hay un Dios y que a todos les caiga el peso de la ley. Eso es lo que queremos nosotros como familia y que se le haga justicia a mi hermana”, dijo.

El proceso judicial había sido suspendido el pasado 22 de enero, luego que la joven de 17 años no compareciera al tribunal a testificar sobre lo sucedido el día de los hechos.

A Pérez Biggio le impusieron una fianza de $6.4 millones por ocho cargos criminales: asesinato en primer grado, dos tentativas de asesinato, cuatro por apuntar un arma de fuego y uno por disparar de vehículo a vehículo en una vía pública. Sin embargo, salió en libertad bajo fianza el pasado 2 de enero, luego de que la fianza le fuese rebajada a $480,000.

Las razones por las que Pérez Biggio supuestamente ordenó matar a su madrastra todavía no se han dado a conocer. Se alega que existían diferencias familiares.

Mientras, a Avilés González se le impuso una fianza de $5.8 millones por los mismos cargos mencionados anteriormente y otro por posesión de arma de fuego sin licencia. Este se encuentra sumariado.

González Martínez, en tanto, llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Pérez Biggio y Avilés González. Aún se desconoce los términos del pacto, pero la fiscal Lissette Sánchez Vázquez, había adelantado que la acción no lo libraría de ir a prisión. Este enfrenta 11 cargos por asesinato en primer grado, dos tentativas de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y violaciones a la protección de la propiedad vehicular.

Los fiscales del caso son Jessika Correa González, Lizette Sánchez Vázquez y Juan Rivera Labrador. Mientras, Pérez Biggio es representada por los abogados Carlos Ramos Pantoja, Carlos Beltrán, Marcelino Ruiz Corujo y Nelson Miranda, y Avilés González tiene como defensa al abogado Edwin Castro.

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