Hermes Ávila dispuesto a testificar contra personal de Corrección que sabía que caminaba
También solicitó hablar con el Departamento de Justicia o el Negociado de Investigaciones Especiales
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El convicto Hermes Ávila Vázquez presuntamente envió una carta al exsenador y aspirante al Senado por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Díaz Sánchez en la que admite que los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sabían que caminaba y no estaba parapléjico.
Al mismo tiempo, en la supuesta misiva con fecha del 1 de mayo, solicitó una reunión urgente con el Departamento de Justicia o el Negociado de Investigaciones Especiales para delatar a todos sus presuntos cómplices.
La misiva escrita a mano va dirigida a la Superintendente, Capitán y Comandante de la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón con carácter de urgencia. En ella, solicita una reunión para revelar los nombres de todos los que sabían que él fingía su paraplejia.
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“Hermes Ávila, ahora quiere decir quiénes sabían y fueron cómplices de su paraplejia fingida, entre los que menciona a doctores, supervisor[es] de enfermería, guardias, sargentos, civiles y altos funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, alegando que existe un acuerdo entre todas las partes mencionadas por él en su carta”, detalló Díaz Sánchez, en un comunicado de prensa.
El exlegislador añadió que es importante que la secretaria de Corrección, Ana I. Escobar Pabón, sepa que el confinado, al igual que el pueblo de Puerto Rico, no confía en la investigación administrativa que lleva a cabo.
“Es importante que esta carta sea parte de la investigación legislativa que lleva el Senado de Puerto Rico y que incluyan el testimonio del convicto Hermes Ávila Vázquez”, concluyó Díaz Sánchez, quien compartió el documento de forma electrónica.
Ávila Vázquez, de 52 años, fue sentenciado el 14 de febrero de 2005, a cumplir una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas. El Departamento de Corrección y Rehabilitación lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.
“Le escribe Hermes Ávila Vázquez. El motivo de esta carta es para solicitar una reunión urgente ya que voy a testificar quienes fueron los que sabían que yo caminaba y me soltaron por un acuerdo y una negligencia”, lee un fragmento de la carta.
El pasado lunes, 22 de abril, Ávila Vázquez fue acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y cargos de destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y vehículo hurtado. La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de $4 millones, por lo que fue encarcelado nuevamente en el Complejo Correccional de Bayamón.
El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Estaba semidesnuda, fue degollada y presentaba heridas en la cabeza.
Tras cometer los hechos, el convicto, presuntamente, se llevó el vehículo de la mujer marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado contra un poste a orillas de la carretera. Se presume que el atacante huyó a pie.
Las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, llevan a cabo vistas públicas para intentar esclarecer lo que ocurrió con el trámite realizado para que Ávila Vázquez quedara en libertad.
La secretaria de Corrección se sometió a un proceso de interpelación sobre el asunto y el Departamento de Justicia, por su parte, encabeza otra pesquisa el inicio de una investigación por parte de la agencia para examinar si se configuró algún delito en el proceso de excarcelación del convicto.