Tres personas, incluyendo a dos hermanos del representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro Suárez, son acusadas de presuntamente obtener sobre $2.3 millones de ayudas por alivio a los efectos del COVID-19 de manera fraudulenta, dinero que usaron para uso personal, como la adquisición de una casa en Palmas del Mar.

La información fue confirmada por el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, en conferencia de prensa, quien identificó a los imputados como los empresarios Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del político, y el contador público Román Valentín Montalvo.

“Nadie está encima de la ley y nosotros acusamos la gente que está cometiendo delitos”, puntualizó el fiscal federal.

“Solo quiero dejar una cosa muy clara: no toleraremos ninguna forma de fraude, despilfarro o abuso de cualquier programa federal”, advirtió, por su parte, Emmanuel Gómez, agente especial a cargo de la oficina de campo de Miami de la División de Investigaciones Criminales del Servicio Interno de Impuestos (IRSCI, en inglés).

“Cualquiera que intente robarles a los contribuyentes será responsabilizado sin importar sus conexiones o dónde se encuentra”, agregó.

Aunque la investigación contra fraude de ayudas del coronavirus data desde abril de 2023, fue el 27 de marzo del año en curso que un gran jurado federal presentó 12 cargos contra el trío y las cuatro empresas de los hermanos por “un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

Las cuatro empresas son: JCA Development Inc., JCA Packaging Group Inc. y JCA Industrial Supply Corp, compañías de ambos hermanos, y RVIP Group Corp, de Ricardo.

Según el pliego acusatorio, los 12 cargos corresponden a conspiración para cometer fraude electrónico (1), soborno y por sobornar al empleado del banco por ayudar a los acusados a llevar a cabo el esquema (2 al 7), lavado de dinero de fondos federales (8 al 10) y lavado de dinero (11 al 12).

Además de los arrestos, los federales confiscaron tres propiedades de los hermanos Navarro Suárez en Palmas del Mar, en Humacao, y otra de Edgardo, en Caguas.

Los tres acusados, arrestados esta mañana en Guaynabo, comparecerán hoy ante la jueza magistral Giselle López Soler.

Tras su juicio, y de ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 por lavado de dinero de fondos federales y hasta 10 por lavado de dinero.

El esquema

Desde mayo del 2020 hasta noviembre de 2021, los acusados sometieron, al menos, 26 solicitudes de Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL) para recibir más de $2.3 millones en desembolsos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés).

De los 16 préstamos PPP, obtuvieron cerca de $905,000, mientras que de los 10 de EIDL aproximadamente $1.3 millones, estimó Muldrow.

“Idearon, a sabiendas, un plan para defraudar y obtener dinero a propiedades y propiedades de la SBA y del banco 1 mediante falsas y fraudulentas representaciones y promesas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP”, dictó Muldrow.

“Mintieron en las aplicaciones que sometieron para conseguir los préstamos. También, como parte del proceso como está reflejado, solamente se puede usar el dinero para uso particular, para pagar salario, pagar diferentes deudas de las empresas y si usaron el dinero, para comprar casa en Palmas del Mar, para hacer otras cosas, eso es ilegal y no está usando correctamente el dinero que está dado de esos programas que el propósito es ayudar el negocio, los empleados, no poner el dinero en sus bolsillos”, manifestó.

El esquema se ejecutó gracias a un co-conspirador que trabajaba en una institución financiera, únicamente identificada en el pliego acusatorio como “banco 1”. Esta persona fue sobornada con pagos de, al menos, $69,500, pues los acusados y sus cómplices “entregaron, ofrecieron y prometieron” el dinero “de forma corrupta” para así “influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL”.

Además, los acusados y sus cómplices también reclutaron a otros como parte de su esquema para así continuar recibiendo desembolsos de los préstamos. El fiscal federal no quiso especificar de cuántas personas reclutadas se trataba.

Muldrow advirtió que vendrán más arrestos relacionados a cargos similares. Esto, también, fue avalado por el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Joseph González.

“Hace tiempo que no paro detrás de este podio y hoy, por primera vez como comisionado de la Policía de Puerto Rico, les puedo garantizar que no sería la última. Right, Steven?”, adelantó González con una sonrisa.

“Siempre siguen estas investigaciones”, reitero Muldrow al especificar que los agentes tienen hasta 10 años desde los últimos hechos del crimen para procesar casos de esta índole.

Varias agencias federales colaboran en este caso, incluidas el Servicio Secreto, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas y el Servicio de Impuestos Internos, entre otras.

La acusación es la sexta relacionada a esquemas de fraude, dijo Muldrow.

El CARES Act fue una ley federal activada luego del comienzo de la pandemia en marzo de 2020 que facilitaba fondos federales para subsanar los efectos que provocó el coronavirus en todos los sectores económicos.

Entre los programas de la ley y a través de SBA, estaba el PPP era otro préstamo para pequeñas empresas para la conservación del empleo y ciertos otros gastos. Para cualificar, se le requería al negocio proveer sus gastos mensuales promedios de nómina y la cantidad de nómina, entre otros requerimientos.

Mientras, el programa EIDL que proveía préstamos para empresas específicamente afectadas por el COVID-19 y que estuvieran en operación previo a febrero de 2020. Estos préstamos se emitían con el propósito de pagar deudas fijas, nóminas, cuentas y otras facturas que podrían haberse pagado si no hubiera ocurrido el COVID-19.