El 29 de abril de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló nombró a Pesquera como secretario del DSP con la encomienda de fusionar en una sola sombrilla la agencias del Negociado de la Policía, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Ciencias Forenses, el Sistema de emergencias 9-1-1, el Cuerpo de Emergencias Médicas y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Para el cargo, se le asignó un sueldo de $248,500 anuales, uno de los salarios más altos en el gobierno.

Polémicas

Varios de los comisionados han renunciado a sus puestos, algunos citando diferencias con Pesquera como la superintendente Michelle Hernández.  

El saliente funcionario ha sido objeto de pedidos de renuncias por políticos, tanto de la oposición política como del propio Partido Nuevo Progresista como el presidente senatorial de la Comisión de Seguridad Pública (CSP), Henry Neumann. También de líderes de la sociedad civil como el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.

Pesquera ha rebatido estas críticas alegando: “yo no leo periódicos. Yo sigo haciendo mi trabajo”.

Algunas respuestas a veces han generado alguna controversia, cuando tras la revelación de los estudios sobre el número de muertes por María, incluyendo uno de la universidad de Harvard que hablaba de hasta 4,645 muertes, el exfuncionario pareció burlarse de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz: “yo creía que, ¿qué número tiene la gorra, perdón? ¿46 que? ¿4645?, yo creía que el 45 era una referencia a que se había cambiado al presidente Trump, pero aparentemente no, era el número de muertes que el estudio de Harvard dice”. La alcaldesa ha sido muy crítica a nivel internacional de Trump.

Tras al azote del huracán María el 20 de septiembre de 2017, Pesquera dirigió parte de las iniciativas de seguridad, incluyendo el manejo de las cifras oficiales de muertes. El número que respaldó Pesquera por mucho tiempo fue de 64 muertes asociadas al huracán, esto hasta que un estudio de la Universidad George Washington -que fue encargado por el propio gobierno de Puerto Rico- elevó la cifra de fatalidades a 2,975.

Bajo la supervisión de Pesquera, el NCF –que ha tenido unos 5 comisionados- ha sido objeto de críticas por la acumulación de cadáveres, que llevó a que se usaran vagones refrigerados para almacenar cuerpos, lo que generó críticas de vecinos y legisladores por alegaciones de mal olor y de insensibilidad por parte de los familiares de las víctimas.

En términos administrativos, Pesquera confirmó en octubre pasado la compra de una guagua Chevrolet Tahoe LT por $52,620 para el DSP. En julio de ese año se informó que otro vehículo Chevrolet Suburban blindado, valorado en $245,000, había sido transferido a  esta dependencia. El vehículo se adquirió en primera instancia porque el DSP notificó que se necesitaban vehículos de seguridad para el gobernador, aunque la compra finalmente fue decisión de la  Administración de la Fortaleza.

También se le atribuye a Pesquera haber dicho en diciembre pasado que si él fuera policía, se iría de la Uniformada ante los cambios que ha sufrido su sistema de retiro.

Extensa carrera

De esta manera, el funcionario -de 72 años- pone pausa a una extensa carrera en el servicio público a nivel estatal y federal. 

En la esfera federal, Pesquera laboró por 27 años en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hasta su retiro obligatorio a los 57 años en el 2003. El funcionario dirigió la oficina de Puerto Rico en los 90, luego fue trasladado como jefe a Florida, donde supervisó casos de ataques terroristas con químicos, el arresto de espías cubanos, y tuvo conocimiento del rol de esta agencia en la captura del exjefe de inteligencia peruano Vladimir Montesinos. 

Tras salir del FBI, Pesquera laboró en Florida en diversas posiciones, incluyendo la Oficina del Alguacil en Miami, ser jefe de seguridad en el Puerto de Miami, hasta que en el 2012 regresó a Puerto Rico como superintendente de la Policía bajo los gobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla por un periodo de menos de 18 meses entre ambos gobernantes. Una vez culminó este trabajo, volvió a Florida hasta su regreso en marzo de 2017 por petición del gobernador Rosselló.