El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) está a la expectativa de que, al igual que ocurrió el año pasado, los delitos que se cometen con armas legales sigan en aumento en los próximos meses.

Las estadísticas preliminares del NPPR hasta el 16 de marzo reflejaban un leve aumento en las querellas referidas a los Cuerpo de Investigaciones Criminales por asesinatos, feminicidios, agresiones agravadas y suicidios, cometidos por personas con licencia de armas en el 2024.

Empero, en esta etapa preliminar, las autoridades indicaron no poder establecer que exista una tendencia a que en este 2025 se sobrepase las cifras de años anteriores.

La cantidad de casos de asesinatos con armas legales en el 2020 fue de tres; en el 2021 hubo la misma cantidad; ocho en el año 2022; 14 en el 2023 y el 2024 alcanzó los 18. Esto compara con los siete casos en los primeros meses de 2025, cuando han ocurrido un total de 103 crímenes para la fecha de ayer, lunes.

En el renglón de las agresiones agravadas, para el 2020 hubo 8 y en el 2021 la cifra permaneció igual; en el 2022 fueron seis; en el 2023 ascendió a 28 y en el 2024 llegó al menos a 38. En el 2025, se adjudicaron 12 agresiones de un total de 855 reportadas, y 10 suicidios.

¿Qué cambió?

Desde la creación de la nueva “Ley de Armas de Puerto Rico”, en el 2020, con el fin de atemperar el derecho constitucional de una persona a poseer y portar armas y el derecho del estado a regularlo, se redujeron los costos, los requisitos se flexibilizaron y aumentaron las solicitudes iniciándose el escrutinio de su impacto.

El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, no ofreció su opinión en torno a si sería necesario o no que se enmiende la Ley de Armas de Puerto Rico, para agregar más requisitos.

“Yo no soy de dar opiniones. Nuestro trabajo es cumplir con las leyes y, cuando hablamos del tema de licencia de armas, nosotros vamos a hacer el trabajo de la manera en la que corresponde a la ley y, si cambia, con gusto vamos a hacerlo de igual manera”, expresó González Falcón.

Al preguntarle si favorecería que se restablecieran las entrevistas a familiares y allegados al solicitante, antes de conceder una licencia de armas, dijo que no estaba seguro de la manera en la que se realiza el proceso actualmente.

Entre los casos que han polarizado el tema, figura el del médico generalista Wilfredo Rodríguez Rivera, de 49 años, contra quien se determinó causa para arresto por, presuntamente, disparar al conductor Yariel F. González Rivera, de 25 años, en un altercado de tránsito, el pasado 19 de febrero en el kilómetro 18 de la carretera PR-167, en Bayamón.

El 9 de marzo, Héctor Vargas Montalvo, de 28 años, hirió de bala con su arma legal a tres hermanos en el negocio Chicos Burger, en el barrio Maginas, en Sabana Grande, por desavenencias anteriores.

También se discutió ampliamente el incidente por el que fueron acusados Daniel Alsina Hernández, de 33 años, y Dayanara Morales Santiago, de 31, ya que el 14 de noviembre de 2024, se alega que dispararon contra un vehículo donde viajaban una madre y sus dos hijos, frente a la escuela Agustín Stahl, en Bayamón, por un supuesto “corte de pastelillo”. No se reportaron heridos.

Además, en cuatro de los cinco feminicidios íntimos reportados en lo que va de año, los autores tenían licencia vigente de portación de armas de fuego. En el 2024, el 33% (7 de un total de 29) de los feminicidios se cometió con armas legales.

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Imposible predecir

“Todo redunda en que es un derecho constitucional, que la persona tiene derecho a portar un arma, a defender su vida y propiedad, no podemos prever que esa persona vaya a hacer un mal uso siempre y cuando cumpla con los requisitos, pero si surge algún motivo para investigar, se investiga. Hay veces que se rechazan la licencia”, reaccionó el coronel Manuel De Jesús Treskow, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales en entrevista con Primera Hora.

De las cifras provistas, tampoco se puede concluir que las personas solicitaron el permiso con la única intención de cometer cierto delito, observó el coronel.

Mientras que, el capitán Johnny Acevedo, director de la Oficina de Registro de Armas, sostuvo que hasta el mes de febrero había cancelado 258 licencias, en su mayoría por incidentes de violencia doméstica.

En el 2024, se anularon 1,461 licencias, una diferencia de 335 más que en el 2023, alza que la atribuye al incremento en las solicitudes para obtener este permiso.

“Casi todas las cancelaciones son por órdenes de protección por violencia doméstica y por Ley de Acecho por problemas entre vecinos”, subrayó Acevedo, al tiempo que insistió en que en su oficina son “bien rigurosos” con este proceso, cumpliendo con el reglamento establecido que se limita a investigaciones para establecer que la persona no tenga récord criminal ni estatal ni federal.

La licencia se otorga por un período de cinco años y no se le da seguimiento a la persona, a menos que incurra en algún delito. En ese caso, automáticamente se le cancela, respondió.

Señalan al Gobierno

Asimismo, Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola, quien considera que parte de esta impresión es una consecuencia de la falta de educación y de la incapacidad de las autoridades por décadas en frenar el tráfico ilegal de armas, recientemente ofreció a sus socios y a los interesados en general, una charla sobre el manejo de emociones en portadores de armas de fuego, ante la crisis de salud mental que afecta a la isla.

Este observó que “cada vez que ocurre un incidente con armas de fuego, algunos entran en pánico y sólo proponen mayores restricciones en contra de los portadores de armas con licencia, en vez de exigirle al estado mayor protección de las costas, puertos y aeropuertos para evitar la entrada de armas ilegales”.

Torres Meléndez también subrayó que ningún profesional de la salud mental puede prever cuándo ocurrirá un incidente violento, pero sí puede brindar herramientas para manejar las emociones ante los problemas de pareja, la pérdida de un empleo y en situaciones donde algunos pierden el control y el raciocinio.

“Esas personas que entienden que, utilizando su derecho lo están haciendo incorrectamente, tienen que ir presos. Aquella persona que es cobarde, ¿qué hace?, se suicida, como lo hemos visto en casos aquí en Puerto Rico”, cuestionó Torres Meléndez.

El inspector Víctor Castro, director del Negociado de Armas, por su parte, aclaró que “la ley nos da unos parámetros y la ley lo que dice es que después que no haya sido convicto y culpable por ningún delito tiene derecho constitucional a otorgarle la licencia”.

Actualmente, no se le hace alguna evaluación psiquiátrica a quien la solicita.

Hasta el momento, se han solicitado 223,144 licencias de las cuales 218,507 están activas. De ese número, 32,000 pertenecen a mujeres. En los pasados cuatro años, se ha incrementado la cantidad de solicitudes en más del doble que la ley anterior.

“Hay muchas mujeres armadas, pero no tanto como los hombres”, agregó.

En los casos de víctimas de violencia doméstica a quienes se les otorga una licencia provisional, se han expedido unas 300 a 400. Observó que en la mayoría de los casos reúnen los documentos requeridos para tenerla en propiedad.

Dijo que se han dado alrededor de 10 casos en los pasados años de personas con antecedentes penales u órdenes de arresto en Estados Unidos, que acuden a su oficina a solicitar la licencia y son arrestados, siendo detenidos por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones.

El líder de Codepola insistió en que tomó la iniciativa de comenzar a orientar a la ciudadanía con un psicólogo sobre el manejo de emociones, promover el autocontrol en adultos y mantener relaciones interpersonales sanas, entre otros tópicos, ante la inacción del gobierno que es el llamado a hacerlo.

A su vez aclaró que, durante la discusión de la nueva Ley de Armas de Fuego, se invitaron a los psicólogos y a otros profesionales para escuchar su punto de vista y no acudieron, a pesar de que cuando ocurren estos casos advierten sobre la crisis de salud mental por la que atraviesa Puerto Rico.

Alertó que cualquier intento de cambio para incluir una evaluación psicológica como requisito para obtener la licencia “es inconstitucional”.

Es mes pasado, la gobernadora Jenniffer González descartó revisar la Ley de Armas tras el alza en feminicidios, cuyos agresores tenían portación de armas.

“Aquí tú tienes cuchillos en tu casa y no necesariamente eso vaya a hacer que todos tengamos que cambiar la portación de cuchillos. Yo creo que lo más importante aquí es cómo trabajamos con esa persona que está en un ciclo de violencia, cómo canaliza ese coraje, cómo canaliza ese enojo y que eso no conlleve a dañar a una persona, física o emocionalmente porque tú tienes el lenguaje verbal”, argumentó al anunciar la creación de un currículo escolar especializado en el manejo de las emociones.

Sobre ese aspecto, De Jesús Treskow, argumentó que “nosotros no podemos prever qué uso le van a dar a un arma de fuego. El carácter de la persona que solicita el arma o si padece de algún trastorno mental no son contemplados con la ley. Solo si tiene antecedentes penales estatales o federales. No se puede generalizar, ante el universo de licencias que se han otorgado los casos son un por ciento muy bajo… no podemos concluir que todo el que tiene un arma legal está cometiendo delitos con el arma”.

Torres Meléndez tiene la encomienda de defender a las personas que legítimamente se protegen utilizando su arma de fuego o cualquier artículo que entienda que es su mecanismo de defensa, si se cumplen tres elementos. Primero: que el posible agresor verbalice su intención de hacer grave daño o la muerte o que actúe hacia ello. Segundo: que tenga el medio o las fuerzas para causar grave daño corporal o la muerte. Y tercero: que nada le impida que lo haga.

“El problema de las armas de fuego ha existido siempre. Ah, que ahora hemos visto un movimiento con personas con licencia de armas, eso yo lo acepto, pero ¿qué vamos a hacer con el movimiento de personas que tienen armas ilegales? Estamos dando una prioridad a las personas con licencia de armas, que puede pasar, pero entonces nos estamos olvidando de todas las armas ilegales que entran a este país y de todos los delincuentes que están por ahí con armas ilegales, con armas automáticas”, planteó Torres Meléndez.

En los casos de personas con armas legales, si comete un delito será acusado y cumplirá la sentencia que se le imponga, ya que el NPPR posee sus datos, el seguro social, dirección, las armas registradas y sus huelas dactilares, lo que facilita su captura. Lo anterior no ocurre con el delincuente habitual, que proporcionalmente viola en más ocasiones el Código Penal.