Durante una vista sobre el estado de los procedimientos ante el juez federal Pedro A. Delgado,  Capó explicó que copia de la evidencia ya fue entregada a los abogados de defensa, e incluye récords financieros,  copia de estados bancarios y de las órdenes de allanamiento para cada acusado.

"El descubrimiento de prueba se ha entregado. Estamos listos para cumplir con el itinerario", dijo Capó al juez.

Como está pautado el caso en este momento, el 6 de diciembre a las 9 a.m. habrá otra vista de estado de los procedimientos, la vista de pretrial en abril y el juicio sería el 4 de mayo de 2020.

Ya hoy uno de los abogados, Juan Matos de Juan, quien representa a la coacusada Glenda Ponce, anunció que podría pedir una posposición al juicio, porque podría confligirle con un juicio que tiene programado para cerca de esa fecha. El juez Delgado dijo que atendería ese posible cambio de fecha si se concreta el conflicto de calendario.

Asimismo, una de las abogadas de Keleher, la exsubjefa de la fiscalía federal María Domínguez, anticipó que estaría sometiendo diversas mociones y que "podían cambiar la composición del pliego acusatorio".

No precisó a que se refería con este lenguaje, como si se trata de una moción de desestimación o para pedir juicios separados para los acusados.

La fiscalía federal presentó en abril una acusación de 44 páginas contra exfuncionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló y contratistas del gobierno, que incluye a Keleher, Dávila, los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer Caillet, así como las hermanas Glenda E. Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza.

Loscargos incluyen conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno.

La acusación detalla tres esquemas que involucraba a la compañía BDO, el DE y ASES, usando fondos federales para enriquecerse ilícitamente. La acusación incluye copias de documentos y hasta intercambios de mensajes entre los acusados.