Nueve de los 10 oficiales de la Policía de Puerto Rico que fueron arrestados esta semana pasada por las autoridades federales por cargos de corrupción y violación de derechos civiles hicieron este viernes alegación de no culpabilidad.

El único que pidió que la lectura de acusación en su contra se viera otro día fue Xavier "Negro" Jiménez Martínez, quien tampoco vio la vista de fianza porque va a cambiar de abogado.

De inmediato, el magistrado federal Marcos E. López ordenó que todos los oficiales, que comparecieron esta mañana esposados de pies y manos y con mamelucos de sumariados, permanezcan detenidos.

Específicamente, López estableció que cinco de ellos no tendrán derecho a fianza por entender que representan un riesgo de peligro a la comunidad, pero no de riesgo de fuga. Los demás tendrán sus vistas de fianza el 13 de octubre.

Los agentes Luis "Piquito" Flores Ortiz, Shylene "Plinia" López García, Ángel "Doble" Hernández Nieves, Xavier "El Negro" Jiménez Martínez, Alvin "Vinillo" Montes Cintrón, Ramón "Marmota" Muñiz Robledo, Guillermo "Caco Bistec" Santos Castro, José Neris Serrano, Manuel "Grego" Grego López y David "David Bisbal" Centeno Faría fueron detenidos el pasado martes en el operativo dirigido por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al que llamaron "Los suricatos". Enfrentan 11 cargos por violación a la Ley RICO (de crimen organizado), violaciones de derechos civiles, extorsión so color de autoridad, conspiración para distribuir sustancias controladas y mentir a las autoridades federales.

Durante la vista de este viernes, el magistrado confesó que era "inquietante" que oficiales del orden público usaran sus placas para cometer los actos por los que se les acusa, lo que es "un factor agravante, porque no era cualquier individuo". Por ello, determinó que los cinco agentes que tuvieron su vista de fianza debían permanecer detenidos.

Las fiscales del caso, Mariana Bauzá y Teresa Zapata, presentaron los incidentes en los que participó cada uno de los acusados previo a la determinación del magistrado.

Se estima que los agentes acusados se apropiaron de $175,000 y que distribuyeron más de cinco kilos de droga entre 2009 y 2015.

Se alega, además, que los acusados realizaron detenciones ilegales de vehículos de motor para robar sustancias controladas y dinero, pedían dinero a cambio de liberación de arrestados, plantaban evidencia para detener a personas falsamente, mentían en casos criminales para recibir pagos de soborno, no comparecían a los tribunales para que se cayeran los casos, e intervenían ilegalmente en propiedades para robar drogas y dinero, además de vender narcóticos.

De ser encontrados culpables, se exponen a una sentencia máxima de vida en prisión.

Caso a caso

Como parte del proceso de fianza fue que la fiscalía dio a conocer con más detalles los supuestos delitos imputados a cinco de los 10 agentes arrestados.

Con 19 años en la Uniformada, Ángel Hernández Nieves, de 40 años, supuestamente extorsionó a un fugitivo federal para que le entregara dos rifles a cambio de dejarlo libre, según alegó la fiscal Bauzá.

Indicó que hay grabaciones que confirman que obtuvieron las armas del sujeto, que eventualmente fue arrestado. También se le atribuye participar en el robo de dos kilogramos de cocaína, en hechos ocurridos en 2014.

El 30 de enero de 2011 se alega que Hernández Nieves participó en un incidente en el que le dispararon a un fugitivo y le plantaron un arma a la que le detonaron varios balazos para hacer creer que les había disparado. El perjudicado es testigo en este caso, se adelantó.

El abogado del imputado, José Aguayo, indicó que la esposa de Hernández Nieves también trabaja en la Policía de Puerto Rico.

Mientras, Joseph Laws, abogado del policía Muñiz Robledo, solicitó la fianza al destacar que su representado no fue acusado por cargos de violencia, que solamente fue por "asociación" por trabajar con otros policías.

La fiscal indicó, sin embargo, que Muñiz Robledo, de 34 años, participó del incidente en el que extorsionaron al fugitivo para quedarse con dos armas de fuego y que emitió un informe falso diciendo que se encontró uno de los rifles. También formó parte de un robo de un kilogramo de cocaína que luego le dio a otra persona, quien la vendió a un agente encubierto del FBI.

La defensa de Montes Cintrón, por su parte, destacó que este representado no fue acusado por armas y que no tiene récord criminal. Además, el abogado Ovidio Zayas Pérez afirmó que el agente cuida de su esposa, luego de sufrir un percance de salud serio.

Empero, la fiscal Zapata achacó a Montes Cintrón acudir a una residencia en Caimito, donde supieron que guardaban drogas, y que supuestamente participó en el robo de dos kilogramos de cocaína. Alegó que se quedó con uno de los kilogramos, que fue vendido luego y recibió remuneración por dicha venta. El otro kilogramo fue vendido a un agente encubierto del FBI.

También alegó que Montes Cintrón robó paquetes de marihuana en una residencia, a la que entraron con la excusa de que querían hablar con el dueño porque estaba vendiendo un automóvil. Supuestamente, recibieron una confidencia de que allí se recibiría un paquete postal con la sustancia controlada y encontraron 10 paquetes de marihuana en una caja, que fueron robados por los acusados.

En cuanto a la oficial López García, de 40 años, su abogado, Raúl Mariani, señaló que la acusada tiene una hija de 19 años y que tampoco fue acusada por conducta violenta. Agregó que por ser policía "no se le debía negar la fianza" y que es un caso "complicado", por lo que necesitaba que estuviese accesible.

Según la fiscalía, López García fue quien recibió la confidencia de que en la residencia de Caimito había droga escondida y se lo dijo al coacusado Montes Cintrón, que tenía conexiones para vender los narcóticos. La droga se vendió, y ella le pagó a su confidente con cocaína.

Sobre el agente David "David Bisbal" Centeno Faria, de 32 años, su abogada, Melanie Carrillo, destacó que tiene un bebé de un año y ofreció propiedades para asegurar la fianza. No obstante, le fue denegada.

La fiscal lo involucró en un incidente ocurrido en el residencial Los Lirios, cuando se alega que Hernández Nieves encontró un kilogramo de cocaína y lo escondió en un apartamento en el mismo complejo y le pidió a Centeno Faria que lo recogiera. Ambos se llevaron dos kilogramos de cocaína que nunca entregaron a las autoridades, según la acusación.

También se le achaca participar de una transacción en la que vendió un octavo de kilogramo de cocaína a un agente encubierto del FBI. La Fiscalía alegó tener un vídeo.

Solo cuentan con un testigo

Como parte de la vista, el magistrado López le preguntó a las fiscales sobre el peso de la evidencia en el caso de Los Lirios, a lo que Zapata dijo que solamente tenían a un testigo que alega escuchó la conversación entre ellos. Aceptó que no tienen prueba relacionada a si en efecto fue a buscar la droga o no.

En cuanto a la transacción con el agente del FBI, el fiscal aclaró que no estaba uniformado y se desconocía si estaba armado.

Aunque López entendió que la evidencia en el caso de Los Lirios es "débil" y que el imputado no estaba con su uniforme policiaco durante la transacción, "sí es un policía y eso es preocupante", además de que fue grabado en vídeo. Por lo tanto, no le concedió fianza.

Las vistas de fianza contra Jiménez Martínez, Santos Castro (de 32 años), Flores Ortiz (de 38 años) y Grego López (de 30 años) serán el 13 de octubre.

En el caso de Neris Serrano, su abogado Alex Omar Rosa indicó que no tenía nada que ofrecer al momento para refutar el informe del oficial con antelación al juicio, que recomienda permanezca detenido por riesgo de fuga y peligro a la comunidad. Sin embargo, adelantó que podría solicitar la vista más adelante.

Todos permanecerán detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, donde pernoctan desde que fueron arrestados el martes pasado por agentes del FBI como parte del Operativo de los Suricatos, en referencia al nombre que usaban para identificarse como grupo, y el cual se refiere a un animal pariente de la mangosta que siempre están juntos y pendientes a sus alrededores.

Este operativo provocó que el superintendente de la Policía, José Caldero López, anticipara que realizará una reestructuración "completa" de las 16 divisiones de drogas en la agencia estatal. Además, anunció que se adoptará como política pruebas regulares de polígrafo a más de 300 agentes adscritos a las mismas.

El agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, informó el miércoles que este caso surgió como un "spin off" de los operativos "Guard Shack" y "Cantazo azul", que fueron en 2010 y 2014, respectivamente.

En 2010, el operativo "Guard Shack" llevó a que se emitieran 133 acusaciones, de las cuales 89 eran contra policías imputados de afectar investigaciones y ayudar en transacciones del narcotráfico, entre otros delitos.

En mayo de 2014, un grupo de 16 miembros de la Policía fueron acusados en el operativo "Cantazo azul", que cometían actos de robo, extorsión, venta de sustancias controladas y manipulación de expedientes a cambio de sobornos.